El titular del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado por concluida la instrucción del caso Arbistar. Es la primera vez que se cierra un sumario judicial de las llamadas criptoestafas, unas estafas piramidales donde se prometen a los inversores en criptomonedas inexistentes hasta el 15% de rentabilidad mensual. Por esta causa ya hay un acusado en la cárcel, el propietario de la sociedad que lleva el nombre del sumario, el bróker Santiago Fuentes Jover, por “evidente riesgo de fuga”, según el auto de prisión dictado por el juez. Fuentes Jover tiene en su poder 92 millones de euros, el producto de las operaciones fraudulentas en las que se estiman más de 32.000 víctimas. Además, hay otros siete acusados más de estafa y pertenencia a organización criminal.
Los fraudes piramidales que se cometieron en los años noventa del siglo pasado y principios del actual, como las estafas de Forum, Afinsa y similares, han quedado desfasados. Han sido sustituidos por otros tipos de activos. Ya no se utilizan falsas acciones y participaciones, o inversiones en sellos. Ahora el “valor” estrella es la criptomoneda y no sólo el bitcoin, la más conocida, sino también todos los activos digitales que utilizan el cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos con una foto. Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital. Pero, así como hay plataformas que se dedican a la actividad de inversión en este tipo de activos que se encuentran perfectamente reguladas y controladas, existen otras muchas que, ofreciendo altas rentabilidades, acaban por llamar la atención de los inversores más ambiciosos y arriesgados. En la Audiencia Nacional, además del Caso Arbistar, se han abierto otras tres causas: Nimbus, Kuailan y Algorthimics. Las cantidades defraudadas ascienden a unos 700 millones de euros y las víctimas se cuentan por decenas de miles según estimaciones de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas cuyos abogados intentan agrupar el mayor número posible de víctimas de estas estafas para hacer mas fuerza en la Audiencia Nacional, la instancia judicial a la que dirigieron sus demandas por estimar que es la que cuenta con mejores recursos y son mas ágiles a la hora de instruir. De hecho, las diligencias del Caso Arbistar sólo han tardado en tramitarse dos años. Los otros tres sumarios van más lentos porque están demorándose los informes policiales correspondientes debido a que las investigaciones se encaminan a sociedades radicadas en el extranjero. En Kualian se indaga la actividad de una plataforma radicada en Estonia, cuyos movimientos fraudulentos detectados ascienden a 550 millones que afectarían más de 50.000 personas. En Nimbus se investiga una sociedad radicada en Malta que habría defraudado más de 150 millones. En esta sociedad es más fácil detectar sus movimientos porque no es una “plataforma al uso” de las que se dedican a la inversión en criptomonedas y utilizan los llamados “wallets”, los monederos digitales donde se encuentran esas divisas, y que son difíciles de embargar a pesar de que en la Unión Europea ya se han tomado medidas para controlarlas mediante la llamada Quinta Directiva que ya está en vigor en España y que consiste en la creación de un registro de proveedores de servicios de criptomonedas que tienen la obligación de facilitar información sobre todo tipo de operaciones sospechosas. También la banca convencional está colaborando sobre todo porque saben que el Sepblac, el servicio de blanqueo de capitales, extrema su vigilancia sobre ellos en lo que se refiere a este tipo de asuntos.
El problema está en que muchas plataformas de proveedores de criptomonedas no se establecen en países de la UE. Rusia y China son los preferidos para radicar sus domicilios fiscales. También en Chipre, un país de la Unión Europea que ya ha sido advertido de la necesidad de controlar estos fondos si no quiere ser fuertemente sancionado por la CE. En los países del Este también se han detectado la presencia de estas plataformas que escapan a los controles administrativo y judicial de los Estados. Aun así, en España ya se han conseguido abrir las investigaciones mencionadas y una más, la estafa piramidal cometida por Javier Biosca que asciende a 250 millones de euros. Biosca fue encarcelado y, tres semanas después de quedar en libertad, se suicidó. Las sospechas empezaron por el alto nivel de vida que llevaba este bróker. Ahora su viuda, hijos y colaboradores se enfrentan a las acciones legales que se están llevando a cabo.
Aunque los abogados de los afectados, que se han asociado para hacer frente a los gastos judiciales, se quejan de la lentitud de algunos de estos procedimientos y de la poca atención que las fuerzas policiales de este país prestan a este tipo de delitos, lo cierto es que se está actuando con diligencia. Lo que ocurre es que una criptoestafa es difícil de detectar inicialmente y que en este tipo de actividad están presentes inversores que quieren mantener el anonimato, muchas veces porque su actividad no es todo lo legal que debiera de ser.