Los alcaldes de la comarca minera de Riotinto, en Huelva, han mostrado su apoyo unánime a su colega de la localidad de Nerva, el socialista José Antonio Ayala, tras confirmarse que dos barcos de carga de grandes dimensiones llegan esta semana al puerto de Sevilla con unas 12.000 toneladas de residuos tóxicos y muy peligrosos procedentes del desmantelamiento de un astillero en Montenegro, amás de 3.000 kilómetros de distancia del vertedero de residuos tóxicos de Nerva, después de que la nociva carga fuera rechazada por ilegal en otros vertederos de las mismas características, como uno ubicado en Ucrania, a mucha menor distancia desde el país balcánico que el de Nerva. Tanto Gobierno central como Junta de Andalucía han dado su visto bueno al polémico traslado.
El desmantelamiento de un antiguo astillero para construir un puerto deportivo de lujo ha servido para que unas 120.000 toneladas en total de residuos tóxicos y muy peligrosos estén llegando en sucesivos envíos a Nerva desde 2019 procedentes de Montenegro. Estos desechos están siendo sepultados en el recinto onubense pese a estar colmatado un 300% desde hace años, según Ecologistas en Acción, y pendiente de un proyecto de ampliación en manos de la Junta desde el inicio de la pandemia, pese a que el Gobierno andaluz ha reiterado en diversas comparecencias parlamentarias que está a favor del cierre “ordenado” de este polémico centro de tratamiento de residuos, que ha protagonizado incontables incidentes medioambientales desde su puesta en marcha en 1998.
El alcalde de la cercana localidad de El Campillo, Juan Carlos Jiménez, entre otros, se ha unido a las protestas por este nuevo traslado de residuos desde Montenegro a Nerva y asegura que la corporación municipal que preside se suma “al rechazo de nuestros compañeros y compañeras de pueblos vecinos a la llegada de una gran cantidad de residuos extracomunitarios al vertedero de Nerva, con los efectos nocivos y tóxicos que ello conlleva. Nos posicionamos totalmente en contra de actuaciones como esta, condenándolas y exigiendo responsabilidad y una pronta actuación a la Delegación Territorial correspondiente”.
También la regidora de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, muestra su rechazo total al traslado. “No podemos seguir callados e impunes a estas acciones que no hacen otra cosa que maltratar nuestro territorio. Nuestro territorio es próspero en la industria extractiva y además somos punteros en el sector turístico industrial, por eso, y por mucho más, queremos transmitir al pueblo de Minas de Riotinto nuestra posición ante tales acciones”, asegura la alcaldesa.
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Concentración en el puerto de Sevilla
Mientras, este lunes un grupo de vecinos y representantes de organizaciones sociales y políticas han mostrado, a las puertas del puerto de Sevilla, su completo rechazo a la llegada de esta basura desde un país extracomunitario ubicado a más de 3.000 kilómetros de distancia del vertedero de Nerva, al tiempo que exigen a la Junta el cierre inmediato de sus instalaciones y no apruebe el proyecto de ampliación presentado por la empresa.
En el acto de protesta han participado varios colectivos sociales y políticos como Izquierda Unida, PSOE, Independientes X Nerva, diversos grupos Antivertedero de Nerva, Ecologistas en Acción, Nerva Salud y Dignidad, Riotinto Salud y Dignidad, y Sentido Natural de Berrocal. A través de un comunicado público dirigido a los vecinos afectados, recuerdan que las personas que forman parte de estas asociaciones y colectivos comparten “las mismas inquietudes y preocupaciones”, y entienden que “25 años de injusticias ya son demasiados”, por lo que denuncian lo que consideran un “nuevo ataque a la dignidad de una tierra que históricamente ha aportado tanto a Andalucía y que a cambio sólo recibe el desprecio de sus gobernantes, escenificando tanta rabia contenida”.
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Cloaca continental
Los convocantes aseguran a los vecinos: “Probablemente entenderás esta nueva humillación como una nueva falta de respeto a una población que clama por el cierre de la instalación y entenderás como indigna la falta de sensibilidad mostrada por los Gobiernos central y autonómico, con un Ministerio para la Transición Ecológica y una Consejería de Desarrollo Sostenible que legislan y actúan desde la cercanía a la empresa gestora y pisoteando las legítimas aspiraciones de los 18.000 habitantes de una comarca a los que se quiere obligar a vivir eternamente en un entorno al que se pretende convertir en la cloaca de Europa”.