La inflación anda desbocada en Europa, donde se ha alcanzado un máximo histórico que roza ya el 9 por ciento. Los gurús del manual neoliberal atribuyen esta distorsión a la subida de los salarios sin reparar que la mayor parte de la inflación proviene de los beneficios obtenidos por las grandes empresas y multinacionales.
Las energéticas y la banca disparan sus beneficios en medio de la mayor crisis inflacionista en décadas. También las principales compañías petroleras ingresan más dinero que nunca, confirmando ese viejo axioma de que en tiempo de crisis es cuando se amasan las grandes fortunas. Solo un dato, Santander obtiene unos beneficios de casi 5.000 millones de euros, una tendencia al alza que se repite en otras entidades financieras. A día de hoy, cualquier economista sabe que el 83% de la inflación procede de los beneficios empresariales y solo el 13,7% de los salarios de los trabajadores.
Según el informe que CCOO ha publicado en julio de este año bajo el título Análisis de la inflación. Los beneficios empresariales impulsan la escalada de los precios, habría que establecer precios máximos sobre bienes y servicios básicos con el fin de corregir que algunas empresas estén aprovechando la coyuntura de incertidumbre para elevar sus márgenes de beneficios por unidad producida. Estos márgenes deberían incluso recortarse por debajo del nivel previo a la pandemia, ante la elevada diferencia que mantienen en algunos sectores en comparación con la eurozona para amortiguar la inflación.
Con este fin, se podría establecer un precio máximo revisable cuatrimestralmente para estos productos constituido por un precio de referencia para los costes variables y un margen de beneficio fijo por unidad física producida o servicio unitario prestado. El precio de referencia se revisaría al alza o a la baja en cada revisión cuatrimestral para compensar las desviaciones.
La fijación de precios es una potestad y competencia del Estado reconocida en el artículo 149.13 de la Constitución, donde se recoge su competencia exclusiva sobre bases y coordinación general de la actividad económica; que se emplea, entre otros fines, para corregir el funcionamiento no competitivo de algunos mercados y proteger así a los consumidores del poder de los monopolios y oligopolios. El aumento de los márgenes empresariales por unidad producida que se observa en algunas ramas de actividad junto a los beneficios récord de algunas empresas, son pruebas del mal funcionamiento competitivo de esos mercados y exigen la intervención estatal para evitar una espiral de precios mayor.
Los sindicatos van a utilizar este argumento de cara a la negociación sobre el pacto de rentas que se retomará a partir del mes de septiembre una vez reiniciado el curso político. Así, el secretario confederal de Juventud en CCOO, Adrià Junyent, señala que “la inflación ya no es solo por la energía o los combustibles, sino que también es generada por los márgenes empresariales”. La subida de los precios escala hasta el 10,8% interanual en julio, el dato más alto desde septiembre de 1984. La inflación subyacente, sin energía ni alimentos frescos alcanza el 6,1% interanual (su máximo desde enero de 1993) al subir precios las empresas para repercutir las subidas energéticas y mantener -o incrementar- sus márgenes de beneficios.
Si el Gobierno no actúa sobre las subidas de precios empresariales y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, sin impulsar un pacto de rentas que limite los beneficios empresariales, se seguirá lastrando el consumo y la actividad económica. Existe el riesgo de que se asiente una espiral de inflación, cebada por el aumento de los beneficios. La fuerte subida de bienes y suministros básicos unida a la creciente carestía de la vivienda ha empeorado el poder adquisitivo de la población, especialmente de los hogares más vulnerables. “Las familias ven cómo los salarios no suben y pierden mes a mes poder adquisitivo. Es necesario un pacto de rentas”, señala Adrià Junyent.
Es urgente actuar sobre las causas de los altos precios eléctricos y energéticos, más allá de “parches” para tratar de limitar el impacto de las subidas. Algunas de estas causas responden a prácticas de oligopolio de las grandes empresas eléctricas y petroleras en España, y a los mecanismos de conformación de los precios de la electricidad que se sitúan muy por encima de sus costes, generando unos beneficios extraordinarios a costa de los hogares y las empresas. “Los trabajadores y trabajadores de este país no nos podemos permitir ni la luz, ni la gasolina, ni la cesta de la compra. Pero sobre todo lo que no nos podemos permitir es volver a pagar una crisis” apuntó Adrià.
CCOO recuerda que una sociedad democrática tiene el compromiso de no dejar a nadie atrás en esta crisis y para ello es imprescindible mejorar la implementación y gestión de las medidas de protección social aprobadas y que no están llegando a la población que las necesita. Los Presupuestos Generales del Estado y la ejecución de los fondos europeos destinados a la recuperación deben ser los instrumentos clave para consolidar políticas expansivas de protección social e inversión, que consoliden la transformación del modelo productivo y den respuesta a las necesidades de la población. “O nos movilizamos y ganamos empresa a empresa mejores salarios o veremos como en otra crisis seguimos pagando los de siempre: los trabajadores”, asegura Junyent.