Desde la reunión celebrada el pasado mes de agosto entre el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños,y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, se han intensificado los trabajos de la Comisión “ad hoc” constituida entre ambas partes dentro del diálogo entre la Iglesia y el Estado español, sobre el asunto relativo a los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica.
En este sentido, a partir del listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en cumplimiento de la PNL de 17 de febrero de 2017 sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en el periodo 1998-2015, la Conferencia Episcopal, en el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis. Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados.
El análisis realizado por la Iglesia de dicho listado, en el marco de la mencionada Comisión, ha revelado un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo.
Se trata, concretamente, de un millar aproximado de bienes, cuyos datos han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal Española. La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos.