ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG han registrado seis enmiendas parciales a la Ley de Memoria Democrática que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, una ley que nació del compromiso con las víctimas de la dictadura franquista de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo.
Entre otras propuestas, las formaciones independentistas abogan por la supresión del título de Rey y de todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo se derivan. Aunque pueda parecer, a priori, una enmienda gratuita, los partidos la justifican citando un artículo de la propia Ley de Memoria Democrática.
Estas formaciones señalan que su petición está plenamente justificada puesto que la norma plantea la revisión o directamente la retirada de reconocimientos, honores y distinciones «que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de las sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista».
Exaltación del franquismo
Según la enmienda, la actual Monarquía tiene su origen en la dictadura franquista y Juan Carlos I, además, exaltó la Guerra Civil y la dictadura al jurar lealtad al Caudillo y a los Principios del Movimiento Nacional cuando fue nombrado Príncipe de España y su sucesor en la Jefatura del Estado en 1969.
Por otro lado, las formaciones independentistas aducen que nunca se ha permitido que la ciudadanía votase de forma efectiva por la forma de Estado preferida, puesto que en el referéndum sobre la Constitución de 1978 se votó a la vez sobre «la forma del Estado, su jefatura y el sistema constitucional […] Cabe decir, pues, que este hecho histórico es más bien poco compatible con los principios de un sistema democrático como el que se decía querer implantar. En este sentido, debería revisarse su fundamento». Evidentemente, el frente PSOE-PP-Vox vetará estas enmiendas en la Mesa del Congreso por proponer una revisión constitucional a través de una enmienda parcial a una ley.
Ley de Amnistía
Los partidos independentistas también utilizan sus enmiendas para derogar parcialmente la Ley de Amnistía de 1977, modificarla y añadir un nuevo párrafo en el Código Penal con el objetivo de que se pueda juzgar a los responsables de «genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos de guerra u otras graves violaciones de los Derechos Humanos» durante la contienda civil o el franquismo.