Un juez de Barcelona se ha sumado a la investigación contra los líderes del procés que en las últimas semanas ha reactivado García-Castellón (el sumario estaba en vía muerta, pero ha resucitado tras los acuerdos de investidura Gobierno/Junts). Al parecer, el magistrado Joaquín Aguirre ha encontrado supuestos indicios sobre la trama rusa (caso Voloh), que según El Periódico de España implicaría a exaltos cargos de la Generalitat catalana y estrechos colaboradores de Carles Puigdemont. Una vez más, el núcleo duro de Waterloo se encuentra en el punto de mira de la Justicia española, que está mirando con lupa la estructura financiera organizada por el exhonorable en Bélgica “a través de una cuenta en Alemania”, según las fuentes del citado diario.
En principio, podría parecer que estamos ante una de esas tramas inventadas o forzadas para reventar la ley de amnistía del Gobierno de coalición, empapelar a Puigdemont y terminar de derribar a Sánchez. Sin embargo, basta con rascar un poco en el expediente para concluir que esto no es un cómic de Mortadelo y Filemón, como ha denunciado el president Pere Argonès a la hora de interpretar los últimos autos de García-Castellón (empeñado en encontrar delitos de terrorismo en Tsunami Democràtic, la plataforma ciudadana indepe), sino algo bastante más serio, más grave, y con ciertos visos de realidad.
Es conocido que durante los peores días del procés, cuando las barricadas de Barcelona ardían en llamas, los iluminados líderes separatistas buscaron en todas partes el apoyo exterior que le hacía falta al movimiento soberanista para lograr el reconocimiento internacional de la República catalana. Y siempre se especuló con la posibilidad de que funcionarios de la Generalitat hubiesen contactado con la Rusia de Putin. En concreto, el juez busca pruebas de que la cúpula independentista pudo incurrir en un delito de malversación al sufragar con dinero público conversaciones con Moscú a cambio del apoyo ruso al procés. El magistrado cree que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos” y concluye que Rusia, a su vez, también tenía interés en la revolución catalana por su propósito de “desestabilizar la Unión Europea”. Además, el instructor afirma que las conversaciones intervenidas vendrían a demostrar que, gracias a esos contactos, algunos ayudantes de Puigdemont conocían, ya en aquel momento, el riesgo de una invasión inminente de Rusia sobre Ucrania, una hipótesis que trágicamente se hizo realidad en febrero de 2022, cinco años después del referéndum del 1-O, cuando el Kremlin dio orden a sus ejércitos de tomar el Dombás y lanzar una gigantesca columna de blindados sobre Kiev. Esa maldita guerra que va ya para dos años y que ha causado más de 13.000 soldados ucranianos muertos, 140.000 bajas entre los militares rusos, siete civiles asesinados, 14 millones de desplazados y una catástrofe ecológica y alimentaria mundial, según cifras de la ONU, pudo haber ocurrido aquí, en nuestro país, si es cierto que el delirio de un genocida sanguinario como Putin y de un megalómano como Puigdemont unieron sus fuerzas para acabar para siempre con España. Por tanto, esto no es ninguna broma y la Justicia tiene que llegar hasta el final en un asunto tan escabroso.
En aquellos días oscuros del procés corrió por Barcelona el rumor de que diez mil soldados rusos estaban preparados para desembarcar en la Ciudad Condal y organizar una revuelta popular que ríete tú de la Guerra Civil Española. La historia puede parecer surrealista y truculenta, y quizá lo sea, pero de algunos fanáticos del movimiento indepe se puede esperar eso y mucho más. Ya dijo en su día Quim Torra que lo daba todo por bueno con tal de conseguir la libertad de Cataluña, incluso un baño de sangre, admitiendo la vía violenta que permitió la independencia de Eslovenia de Yugoslavia tras 70 muertos y un referéndum de autodeterminación. Por tanto, si hubo algo en la “conexión rusa”, por poco que fuese, hay que llegar hasta el final con todas las consecuencias y caiga quien caiga.
Según el juez instructor, tras revisar la “abundante documentación”, que obra en la causa, se han hallado datos que confirmarían las “estrechas relaciones” de algunos de los investigados con “individuos de nacionalidad rusa”, con los servicios secretos del Kremlin e incluso con miembros de partidos de extrema derecha de Italia y Alemania. Y ahí precisamente hemos llegado al quid de todo el embrollo del procés, que no es otra cosa que el intento de provocar un Brexit a la catalana y por la fuerza patrocinado y sufragado por gobiernos de países iliberales autoritarios liderados por Putin y algunos partidos fascistas del viejo continente.
Por tanto, aquí no estamos hablando de la interpretación subjetiva, y algo novelesca, por qué no decirlo, de un juez que como García-Castellón cree ver terrorismo en una protesta ciudadana más o menos violenta. Aquí hay supuestos datos inquietantes, empíricos, que aconsejan investigar hasta el fondo de la trama si hubo alta traición, un delito no amnistiable que, recordemos, debe ser juzgado en la Audiencia Nacional, no en el Tribunal Supremo. Datos como que Nikolay Sadovnikov, un enigmático personaje, exdiplomático y supuesto empresario, pudo reunirse con Puigdemont en la Casa dels Canonges (vivienda oficial de los presidentes de la Generalitat) días antes de la fracasada declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Datos como la misteriosa reunión que se celebró esos días en el céntrico hotel Colón de Barcelona, a la que presuntamente asistieron la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi; el responsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Víctor Terradellas; el intermediario Jordi Sardà, y un ruso desconocido recién llegado de Moscú. La propia Artadi ha reconocido en sede judicial que participó en aquellos contactos con los rusos porque el expresident “les pidió que continuaran las conversaciones con ellos”, aunque “todo tuvo poco rigor”.
Varios miles de soldados de Putin dispuestos a tomar Barcelona. Espías, criptomonedas suizas. Un camino delirante hacia la República. ¿Ocurrió realmente o solo es un delirio de jueces obsesionados con la amnistía? De momento, el PSOE no se pronuncia hasta conocer el contenido del sumario judicial, mientras Junts habla de manipulación. Todo ello a pocas horas de que la polémica ley de amnistía pase un trámite parlamentario que se prevé más que agitado y turbulento.