La intervención de Gabriel Rufián, ayer en el Congreso de los Diputados durante la toma en consideración de la ley de amnistía, vino a romper el tedio y la rutina del hemiciclo al sugerir que un referéndum para Cataluña podría estar más cerca de lo que parece. En un momento de su intervención, Rufián no solo volvió a poner el dedo en la llaga al denunciar los pactos del PP con la extrema derecha neofranquista de Vox, sino que transmitió la sensación de que algo serio puede estar moviéndose en la resolución del conflicto territorial catalán y que quizá el Gobierno podría estar dispuesto a aceptar algún tipo de consulta, que podría ser no vinculante y sin valor jurídico alguno, sobre el derecho de autodeterminación.
Pedro Sánchez ha descartado por activa y por pasiva que esa posibilidad esté en la agenda del Gobierno, ni en esta ni en próximas legislaturas. Sin embargo, Rufián parece mostrarse muy seguro y confiado de que así será. ¿Dispone de información privilegiada? Hay indicios que podrían hacer pensar en que una consulta de algún tipo podría celebrarse de aquí a no demasiado tiempo. Las negociaciones que llevan a cabo el PSOE y Junts en Ginebra, todas ellas rodeadas del máximo sigilo y discreción (quizá secretismo), podrían ir en ese sentido. Ello explicaría la participación de un mediador internacional como el salvadoreño Francisco Galindo Vélez, un hombre especializado en la solución de complejos conflictos políticos incluso armados. La participación del intermediario no solo tendría la función de vigilar por el cumplimiento de los acuerdos que vayan saliendo de la mesa de negociación, sino la de levantar acta en el caso de que se acuerde la celebración de un referéndum pactado. Y ahí es donde entraría en juego una especie de “truco” aceptado por ambas partes: una pregunta sin valor jurídico ni vinculante pactada en el marco de la Constitución. Carles Puigdemont, que ya ha abandonado toda posibilidad de un referéndum que conduzca a la independencia de Cataluña de forma unilateral y a corto plazo, podría estar a favor de esa iniciativa como mal menor. Tras siglos de contencioso, sería una forma de que el Estado español empezara a mover ficha.
En ese punto, el referéndum de Quebec de 1995 proporciona algunas pistas de por dónde podrían ir los tiros. Los canadienses unionistas e independentistas pactaron una pregunta ambigua que satisfacía a ambas partes: “¿Acepta usted que Quebec sea soberano después de haber ofrecido formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política en el marco del Proyecto de Ley sobre el futuro de Quebec y del Acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?”. El enunciado evitaba cualquier mención al concepto de independencia y prefería hablar de soberanía, que se entendía más “suave” y de más fácil aceptación por los indecisos. Extrapolado al caso catalán, la pregunta podría ser algo así como: “¿Acepta usted que Cataluña se constituya como una nación integrada en el Estado español bajo mandato de la Constitución de 1978?”. Es decir, se trataría de recuperar la redacción del preámbulo del Estatut de autonomía de 2006 impugnado por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional –que en 2010 declaró inconstitucionales 14 artículos del texto aprobado por el Parlament y votado por la ciudadanía–, y llevarlo a las urnas de forma independiente. Cabe recordar que hace trece años el Alto Tribunal estimó que “carecen de eficacia jurídica” las referencias que se hacen en el preámbulo del Estatuto a Cataluña como “nación” y a la realidad nacional catalana.
La invitación del Gobierno de coalición para que Esquerra Republicana, el partido de Rufián, se sume a la mesa de negociación de Ginebra, es un dato más que apunta a la posibilidad de que ya se haya entrado en el momento más difícil y decisivo del diálogo para tratar de reconducir el conflicto territorial catalán. Ayer, el propio Feijóo mostró su inquietud y volvió a exigir al PSOE que ponga luz y taquígrafos sobre las negociaciones que PSOE y Junts llevan a cabo en la ciudad suiza para que los españoles puedan estar al tanto de lo que se está sustanciando. Además, el líder del PP advirtió de que está dispuesto a promover una comisión de investigación para conocer el contenido real de los contactos bilaterales. “Abriremos la comisión de investigación y no la cerraremos hasta saberlo todo, lo que están negociando, quiénes son los mediadores, cuánto cobran, el contenido de la negociación. No la cerraremos hasta saberlo todo y comparecerán todos”, aseveró Feijóo.
Ayer, Rufián dio un paso más al preguntarle al presidente popular si la derecha española está preparada para ese envite de la historia. Y lo sugirió como si ya tuviese en su poder información privilegiada sobre el desarrollo de las conversaciones y la posible consulta. Un referéndum, que al no poseer carácter jurídico y organizarse como un simple sondeo, encuesta o estudio estadístico, no estaría en principio prohibido por la Constitución ni por las leyes penales actualmente en vigor.
Pactos con los ultras
Rufián afeó a Feijóo su tibieza de los últimos días a la hora de condenar los asaltos contra Ferraz y otras casas del pueblo socialistas. “¿Está de acuerdo con manifestaciones que gritan Cara al sol?”, le preguntó ayer, con toda la intención del mundo, desde la tribuna del Congreso de los Diputados.
“Me parece gravísimo lo que ha dicho de que hay manifestaciones pacíficas alrededor de su causa. ¿Está de acuerdo con manifestaciones de “Felipe, felón”? ¿Con las que dicen “Marlaska, maricón”? ¿Con “Musulmanes, no”? ¿Con las que dicen “Irene Montero es una puta”? Esos son los manifestantes que se han concentrado en Madrid y usted no las ha condenado, y eso me preocupa”, criticó Rufián al líder de los populares.