La moratoria no impedirá que en Castilla-La Mancha se sigan construyendo macrogranjas porcinas que ya tienen expediente en trámite, nuevos proyectos que no necesitan Autorización Ambiental Integrada (explotaciones de hasta 2.000 animales), y también proyectos que superen dicho número de cabezas que cumplan con las llamadas “Mejoras Técnicas Disponibles” (MTD) de la Comisión Europea. La normativa para instalar macrogranjas de cualquier otra especie (pollos, gallinas, vacuno…) seguirá como hasta ahora.
"De este modo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page contradice su anuncio de moratoria: ni es por tiempo ilimitado, ni afecta a otros animales como aves o vacuno, ni abre el diálogo con los movimientos vecinales. Además, podría fomentar que los proyectos porcinos se fraccionen en varias solicitudes de 1.999 cerdos para los que no hace falta Autorización Ambiental Integrada, manteniendo así la proliferación de la ganadería industrial en la región y sus efectos contaminantes en el agua y aire de las zonas rurales", critican desde Castilla-La Mancha Stop Macrogranjas.
La medida adoptada dicen que no frena el problema de la ganadería industrial, y acusan al Gobierno de Castilla-La Mancha de haber "aprovechado el texto para modificar la ley de Economía Circular y eliminar la tasa de eliminación de residuos: verter residuos saldrá gratis, también para los procedentes de otras comunidades autónomas".
García-Page, macrogranjas y tribunales
La plataforma lamenta la defensa que García-Page ha realizado de la ganadería industrial en los últimos días, "que no deja de ser coherente con la actitud del presidente en los últimos años". Ponen el énfasis en que "no hay que olvidar que la Junta de Comunidades ha sido condenada dos veces por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por actuaciones relacionadas con el trato de favor a la ganadería industrial. La primera, por apartar y sancionar a los veterinarios que señalaron irregularidades en el matadero de Tarancón de la empresa cárnica Incarlopsa. Y la segunda, por conceder irregularmente la Autorización Ambiental Integrada a la macrogranja de Huerta de la Obispalía (Cuenca) donde, además, quedó demostrada la contaminación del agua del grifo de Torrejoncillo del Rey a consecuencia de la ganadería industrial.
La movilización vecinal
Actualmente numerosos expedientes están siendo recurridos a través de alegaciones y recursos, como ocurre en Priego, Gascueña, Gabaldón, Barchín del Hoyo, Cenizate, Pozuelo, Balsa de Ves, Cardenete, San Clemente, Villar de Domingo García, Zarzuela o Villanueva de la Jara (que afecta a Quintanar del Rey). El trabajo de las plataformas locales ha permitido evitar macrogranjas en varias localidades como Daimiel, Cañete, Campillo de Altobuey o Mota del Cuervo.
Castilla-La Mancha Stop Macrogranjas vuelve a advertir de que, "por falta de verdaderas políticas de apoyo, no dejan de desaparecer pequeñas explotaciones ganaderas, que sí fijan población en el territorio, sustentan la economía local y funcionan en armonía con el medio natural, sin esquilmarlo ni contaminarlo".
Asimismo, la plataforma recuerda que el Gobierno de España "sigue firmando tratados comerciales para exportar carne (en porcino el 55% de la producción se exporta) favoreciendo al lobby cárnico. A la vez se acumulan las denuncias de la Comisión Europea por emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación de aguas, crecen las zonas vulnerables por contaminación de nitratos, y se alejan del cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que tanto publicita".