Laura Borràs, presidenta de Junts Per Catalunya, pide beneficiarse de la ley de amnistía que su formación quiere negociar con Pedro Sánchez para apoyarle en una investidura parlamentaria. Pero su condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya es un por delito común por mucho que se empeñe en argumentar que obedece a “una persecución política”. La prevaricación y falsedad documental se debe a que fraccionó pagos para un amigo suyo cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, ILC, con el propósito de adjudicarle a dedo la confección de la página web del organismo dependiente de la Generalitat. Lo ha pedido la portavoz en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras y otros destacados dirigentes del partido donde, no obstante, hay división de pareceres. La integrante de la comisión de garantías del partido, Magda Oranich, jurista de prestigio, histórica militante nacionalista, considera “una barbaridad” amnistiar a Borràs porque se trata de una condena por delito común. Oranich cree que la solución de la situación de la presidenta de Junts pasa por el indulto tal y como recomendó el TSJC en la sentencia. Pero para llegar a esta medida de gracia, primero ha de resolverse el recurso presentado ante el Tribunal Supremo.
La petición de Borràs ha dividido a la izquierda soberanista. ERC, que en su día la obligó, junto al PSC y la CUP, a dejar la presidencia del Parlament, se opone a que esta amnistía alcance a los delitos de corrupción. Para la formación que preside Oriol Junqueras, en este caso no hay persecución política por mucho que se considere una represaliada, argumentando que el juicio contra ella se debe al papel que juega en el independentismo. Tampoco en Junts, como se puede comprobar por las declaraciones de Oranich, no todos están de acuerdo con la propuesta de Nogueras.
Los contratos por los que Borràs fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por falsedad, y a nueve de inhabilitación por prevaricación, llegaron a sumar 260.000 euros fraccionados en adjudicaciones menores para no tener que dar explicaciones ya que el beneficiario es un conocido suyo, extremo que ha quedado demostrado en el juicio. Las irregularidades se detectaron en 2019. Entonces, el Supremo abrió las diligencias ya que, por aquél entonces, Laura Borràs era diputada en Madrid y, por lo tanto, aforada. Cuando Borràs fue elegida diputada del Parlament y presidenta de la cámara, el Supremo se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Casi tres años después, en junio de 2022, el magistrado del alto tribunal catalán, Josep Seguí, dio por finalizadas las últimas diligencias del caso y consideró que los indicios eran suficientes para enviar a juicio a la investigada. Seguí consideró que la presidenta de Junts “abusó” de sus funciones como directora de la ILC, adjudicando hasta 18 contratos menores a través de resoluciones “injustas” y “con plena conciencia de que entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público”.
El juicio comenzó el 10 de febrero pasado y concluyó el 1 de marzo con la sentencia citada. No obstante, los jueces señalaron en la misma que consideraban “excesiva la duración de la pena privativa de libertad en la medida en que no admite ninguna posibilidad de que pueda acogerse a las fórmulas sustitutivas de cumplimiento”. Por ello, la decisión fue la de “elevar al Gobierno una propuesta de indulto parcial de la pena de prisión en aquella parte que vaya a exceder de los dos años”. En el ministerio de Justicia recuerdan que no pueden iniciar el trámite solicitado por la instancia judicial porque la condena no es firme. Así pues, el asunto se encuentra en punto muerto.
Lo primero que están haciendo los expertos juristas partidarios de la ley de amnistía es encontrar su encaje legal. Lo más importante, en estos momentos, es hallar los caminos que permitan un pronunciamiento favorable del Tribunal Constitucional ya que, con toda seguridad, si la propuesta prospera parlamentariamente, el Partido Popular presentará un recurso ante la corte de garantías. También han hablado de inconstitucionalidad Vox y Ciudadanos, pero ambas formaciones no pueden recurrir ya que no cuentan con la representatividad que exige la ley. Vox no tiene suficientes diputados para recurrir y a Ciudadanos sólo le queda la representación en el Parlament.
Una vez se haya delimitado el encaje legal y constitucional de esa amnistía, las formaciones políticas negociarán su alcance. Pero Esquerra Republicana de Catalunya ya ha dejado claro que sólo deberá beneficiar a los perseguidos por su participación en el “procès”. Y nada de delitos de corrupción. Lo que ocurre es que en Junts creen que la condena a Borràs obedece a una persecución política “del Estado contra una de las representantes mas emblemáticas del independentismo catalán”.
El asunto es complicado porque en las sentencias dictadas contra los integrantes del procès hay un delito que entra dentro de los parámetros de la corrupción: el de malversación. Los tribunales han argumentado que los líderes independentistas utilizaron dinero público para fines que no estaban contemplados presupuestariamente, el llamado “desvío de fondos”. Un desvío que los jueces consideran ilegal pero que los condenados creen que es lícito porque obedecían a una causa que consideran justa. Y ahí es donde surgen las discrepancias de tipo jurídico. La amnistía deberá decir, para sortear esa circunstancia, que los delitos juzgados no fueron tales sino producto y consecuencia de la represión del Estado contra el independentismo catalán. Sólo así se podrá incluir en los beneficios de la norma la comisión de malversación.
Y a esto es a lo que se agarra Borràs para exigir su inclusión. Lo que ocurre es que la dirigente independentista no ha sido condenada por su participación en hechos que tengan que ver con los que se pretenden amnistiar sino por un acto delictivo por el que han sido castigados otros integrantes de las administraciones. Desde ayuntamientos hasta empresas públicas. El fraccionamiento de pagos para sortear la legislación vigente es práctica habitual a pesar de que quienes la cometen saben que se pueden enfrentar a los tribunales de justicia. Laura Borràs lo sabía y ahora tiene que apechugar con las consecuencias.