A seis meses de la DANA que arrasó municipios de Valencia, Amnistía Internacional llevará a la Fiscalía un informe que acusa a la Generalitat de vulnerar derechos fundamentales de miles de personas. El documento recoge testimonios estremecedores que apuntan a una actuación tardía, desorganizada y carente de transparencia por parte del gobierno autonómico.
El silencio que mató
La DANA que azotó la Comunidad Valenciana dejó un rastro devastador: municipios inundados, vidas truncadas y familias rotas. Pero según Amnistía Internacional, lo más grave no fue solo el fenómeno natural, sino la ausencia de información y reacción por parte de las autoridades. La organización sostiene que esta omisión supuso una violación de derechos humanos, y ha decidido llevar su denuncia ante la Fiscalía.
El informe, titulado “Tengo pesadillas en las que suena esa alarma”, ha sido elaborado por el abogado e investigador Daniel Canales y documenta los hechos a través de testimonios de 17 familias afectadas y decenas de vecinos de los municipios más golpeados: Alfafar, Benetússer, Paiporta, Catarroja y Picanya.
Una alerta que llegó demasiado tarde
Uno de los principales focos del informe es el uso tardío e ineficaz del sistema de alertas a móviles ES-Alert. “La gente ya estaba en peligro cuando recibió la notificación”, denuncia Canales. Para Amnistía, esto representa una infracción del derecho a la información, consagrado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a advertir y proteger a la población ante amenazas mortales.
“Me llegó la alerta cuando estaba subido a un semáforo”, cuenta José Manuel, vecino de Alfafar. Su testimonio simboliza el caos: pasó seis horas sobre un poste, mientras su hermano moría intentando salvar a otra persona. No fue el único caso. Meri, de Catarroja, perdió a su padre. Marta, de Picanya, tuvo que liderar por su cuenta la búsqueda de su progenitor desaparecido, ante la inacción total de las instituciones.
Una cadena de fallos estructurales
El informe subraya que la responsabilidad no se diluye entre competencias autonómicas y estatales. En este caso, apunta directamente a la Generalitat Valenciana, a la que acusa de no actuar ni coordinar adecuadamente durante la emergencia ni en los días posteriores. Las autoridades locales, según recoge el documento, también se vieron desamparadas: “Estábamos a ciegas”, aseguran varios ayuntamientos.
La situación no mejoró tras la catástrofe. Vecinos y voluntarios se organizaron por su cuenta ante la falta de ayuda institucional. “No sabíamos qué hacer. Al sexto día nos mandaron un mensaje recomendando usar guantes, cuando llevábamos una semana removiendo barro con bolsas en los pies”, relata Meri.
Víctimas invisibles
La tragedia afectó especialmente a colectivos vulnerables. El informe revela que casi la mitad de las víctimas mortales eran personas mayores, muchas de ellas viviendo solas y en viviendas precarias. Carlos, una persona con movilidad reducida, sobrevivió por milagro en Picanya, pero perdió a la mayoría de sus vecinos. Después, fue alojado en una residencia sin acceso a servicios básicos.
La desinformación también agravó el pánico. En Picanya, un rumor sobre la rotura de una presa provocó una evacuación masiva basada en información falsa. Amnistía alerta sobre la necesidad de canales oficiales ágiles, veraces y transparentes, capaces de frenar los efectos desestabilizadores de los bulos en plena emergencia.
Reparar el sistema, reparar a las víctimas
Amnistía Internacional cierra su informe con 14 recomendaciones clave, que van desde la revisión urgente del sistema de alertas hasta programas educativos de autoprotección. La organización reclama justicia, reparación y garantías de no repetición.
“El sistema falló. No se puede volver a permitir una tragedia así”, concluye Canales. Y mientras las familias siguen buscando respuestas, el informe que ya está en manos de la Fiscalía podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se gestionan las catástrofes en España.