La emergencia ambiental que vive España este verano no es un accidente. Es un síntoma. Un síntoma de un modelo territorial roto, de un campo desprotegido y de una clase política —especialmente desde las derechas— incapaz de mirar más allá del ciclo electoral.
Con más de 340.000 hectáreas calcinadas, 2025 ya es el peor año en tres décadas en términos de incendios forestales. Pero la gravedad no se mide solo en superficie: más de 31.000 personas han sido desalojadas, decenas de pueblos han sido evacuados, hay heridos —algunos graves— entre los servicios de emergencia y, mientras tanto, el fuego sigue avanzando en territorios históricamente olvidados.
En Castilla y León la situación es crítica: más de 30 focos activos, algunos tan devastadores como el de Porto, que amenaza el Parque Natural del Lago de Sanabria. En Galicia, solo en Ourense ya se han quemado 60.000 hectáreas, y el incendio de Larouco ha hecho historia: es el mayor jamás registrado en la comunidad. Extremadura y Asturias también sufren con fuegos imposibles de contener en Jarilla o el Valle de Valdeón.
El monte no se cuida con palabras, ni el fuego se apaga con discursos
Es habitual ver a dirigentes del PP acudir en helicóptero a sacarse una foto entre cenizas. Lo hacen cada verano, como si los incendios fueran una anomalía imprevisible, cuando en realidad son la consecuencia directa de su modelo político.
Castilla y León y Galicia, gobernadas históricamente por el Partido Popular, representan el ejemplo más claro de lo que ocurre cuando el medio rural se convierte en un territorio de nadie. Las brigadas forestales se han recortado, los contratos son precarios, las tareas de prevención se han externalizado o abandonado, y la inversión pública se ha centrado en lo urbano, lo inmediato, lo electoralmente rentable.
No es casualidad que los incendios más devastadores se den en provincias despobladas, sin servicios públicos estables y sin una estrategia de gestión forestal integral. El monte abandonado no es solo un problema ecológico: es un riesgo permanente. Y cuando arde, lo hace por el abandono político tanto como por la sequía.
La emergencia climática ya está aquí. Y exige política valiente
Mientras el Gobierno central responde con presencia institucional, coordinación y ayuda internacional, la derecha sigue instalada en su doble juego: exigir medios al Estado mientras desmantela los servicios en sus territorios. Los incendios se apagan con agua, pero se previenen con política. Y ahí es donde fallan, sistemáticamente.
La emergencia climática no es solo una amenaza futura. Está aquí, ahora. Con olas de calor sin precedentes, ecosistemas colapsados y territorios desbordados. Pero si no se afronta con medidas estructurales —más inversión, recuperación del empleo rural, gestión pública del monte, reforestación activa— los incendios seguirán marcando el calendario estival.
Los datos de este año son trágicos: 31 detenidos, 92 investigados y miles de vidas interrumpidas por la amenaza constante del fuego. Pero si algo arde más rápido que el bosque es la paciencia de la ciudadanía que ve cómo la historia se repite año tras año, con la misma precariedad, la misma falta de prevención y el mismo silencio cuando todo se apaga.
El fuego no es solo naturaleza desatada. Es el reflejo de un modelo que ya no da más de sí. Y mientras la derecha juega al negacionismo climático, las llamas siguen escribiendo sobre el terreno lo que los despachos no quieren leer.