A pesar de haber anunciado la suspensión de las compras de armamento a Israel, el Ejecutivo ha adjudicado o formalizado 40 contratos desde octubre de 2023 por más de mil millones de euros. La última adquisición, de más de 15 millones de balas, agrava la tensión en el seno de la coalición.
La compra de munición israelí por parte del Ministerio del Interior ha desatado una tormenta política en el Gobierno de coalición, pero el contrato formalizado la pasada semana no es un hecho aislado. Según el informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz, desde octubre de 2023, España ha adjudicado o cerrado 40 contratos con empresas armamentísticas israelíes por más de 1.041 millones de euros, incluyendo al menos nueve adquisiciones más que aún están pendientes de formalización. La Moncloa intenta ahora revertir una política que contradice abiertamente los compromisos del propio Ejecutivo.
Una compra que rompe promesas
La reciente formalización del contrato por más de 6 millones de euros para adquirir 15,3 millones de balas a una empresa israelí ha marcado un punto de inflexión. El Ministerio del Interior optó por seguir adelante con la operación alegando que, de anularla, tendría que abonar el importe completo sin recibir el material. Esta explicación, basada en un informe de la Abogacía del Estado, no ha convencido ni a los socios del Gobierno ni a buena parte de la opinión pública.
Desde Sumar e Izquierda Unida acusan al ala socialista del Ejecutivo de traicionar los acuerdos de coalición, y reclaman la cancelación inmediata del contrato. La empresa adjudicataria, Guardian Homeland Security, opera como representante de IMI Systems LTD, subsidiaria de Elbit Systems, una de las mayores compañías armamentísticas israelíes, ligada directamente al Ministerio de Defensa de ese país.
Más contratos, más polémica
Sin embargo, el escándalo no se limita a esta operación concreta. Un análisis más amplio revela una realidad mucho más comprometida: el Gobierno ha formalizado 31 contratos con empresas israelíes desde octubre de 2023, de los cuales diez se cerraron después del anuncio de suspensión en octubre de 2024. Además, nueve adjudicaciones más están pendientes de formalización, lo que refleja una continuidad en las relaciones comerciales con la industria armamentística israelí, pese a los compromisos políticos contrarios.
Entre esas adjudicaciones destacan:
El sistema de lanzacohetes SILAM, basado en tecnología israelí PULS, adjudicado por 576 millones de euros, pero aún sin formalizar.
La compra de misiles SPIKE por 237 millones, adjudicada a PAP Tecnos, filial de Rafael Advanced Defense Systems.
El contrato para la adquisición del programador de espoleta M339 SETTER, adjudicado a IMI Systems LTD, por más de dos millones.
Todas estas adquisiciones han sido realizadas, según el informe del Centre Delàs, después del inicio de la ofensiva militar israelí sobre Gaza, y muchas de ellas se refieren a productos "probados en combate" en territorio palestino, según destacan las propias compañías vendedoras.
Desde el Gobierno se insiste en que el compromiso de no comerciar con armamento israelí sigue vigente, como aseguró la ministra portavoz Pilar Alegría, quien afirmó que se intentó rescindir la adjudicación al conocerse la implicación de empresas israelíes. Pero los datos contradicen esa narrativa.
El informe del Centre Delàs detalla que muchas de las adjudicaciones se han realizado con posterioridad a las declaraciones públicas de suspensión, y que en ningún caso se ha procedido a anularlas. Algunas, como la adquisición a Netline Communications Technologies de sistemas de guerra electrónica, o la compra de material de protección personal para la Guardia Civil a Guardian Homeland Security, se han ejecutado con discreción, pese a las reiteradas alertas de colectivos sociales y de juristas.
La presión interna y externa se intensifica
Los movimientos sociales, organizaciones civiles como RESCOP o colectivos como los sindicatos portuarios, han solicitado al Gobierno español la adopción de medidas legales y administrativas que excluyan a empresas militares israelíes de futuras contrataciones públicas. Denuncian que la compra de material bélico a estas compañías contribuye directamente a sostener la ocupación y la represión en Palestina.
Moncloa, atrapada entre el discurso y la realidad
La Presidencia del Gobierno intenta ahora maniobrar para minimizar el impacto político y reputacional de estas operaciones. Desde La Moncloa se asegura que se estudian fórmulas legales para revocar, al menos, la más reciente adjudicación de munición, pese a que Interior da el contrato por irreversible. El Ejecutivo trata de calmar a sus socios de coalición, prometiendo una revisión del marco legal que permita actuar de forma más coherente en el futuro.
Pero la fisura entre el discurso político y las decisiones administrativas es ya inocultable. La presión interna crece, la base social del Gobierno exige coherencia, y la comunidad internacional observa con creciente escepticismo la ambigüedad del Ejecutivo español ante un conflicto tan sensible como el de Palestina.
Una política en contradicción permanente
El caso de las balas, y el de los otros 39 contratos con Israel, evidencian una fractura entre las intenciones declaradas del Gobierno y sus actos reales. Mientras se pronuncia en foros internacionales a favor de la paz y la legalidad internacional, el Estado español sigue siendo cliente habitual de las industrias armamentísticas de un país acusado de violaciones graves de derechos humanos. La exigencia de una política exterior coherente con los principios de derechos humanos se impone como una demanda ineludible en el horizonte político inmediato.