Las administraciones competentes en el tema de la vivienda, las autonomías, han reactivado como una de sus principales prioridades las políticas de acceso a un lugar de residencia digno, después de comprobar que es actualmente una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía andaluza, sólo por detrás del desempleo o la sanidad. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha anunciado este lunes, apenas unas horas después de que los barones del Partido Popular anunciaran sus planes para este sector en la Declaración de Asturias, que abre un segundo plazo para beneficiar a un total de 5.700 jóvenes con ayudas a través del Bono Alquiler Joven.
El primer reparto de ayudas de 250 euros al alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años se inició en Andalucía en noviembre de 2022. A finales del pasado 2024, más de dos años después de iniciarse este proceso de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, aún quedaban por tramitarse en Andalucía casi un 10%, unas 4.000 solicitudes del total. Los afectados se han organizado incluso en una Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler Joven.
El segundo plazo de ayudas al alquiler joven que abre la Consejería de Fomento se inicia este martes 14 de enero a las 16 horas, según ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). También se tramitará, como el primero, de forma exclusivamente telemática, pese al caos que provocó este sistema en la primera convocatoria y la tardanza de la Administración andaluza en resolverlo, que incluso llegó a originar movilizaciones de afectados. Hasta el propio presidente Moreno Bonilla llegó a pedir perdón a los miles de jóvenes afectados, aunque culpó de los retrasos al sistema impuesto por el ejecutivo central.
Las solicitudes volverán a realizarse exclusivamente de forma telemática pese al caos que originó la primera convocatoria por un sistema informático deficiente, por el que el propio presidente andaluz pidió perdón
Para poder acceder a las solicitudes es necesario disponer del certificado digital y tener instalado el programa para firma electrónica. La Consejería de Fomento publicó en su web un manual para rellenar la solicitud, así como un documento de preguntas frecuentes. De nuevo, vuelve a cargar en el Gobierno central la responsabilidad del caos originado en la primera tanda de solicitantes del Bono Alquiler Joven. Poniendo la tirita antes de que salga la herida, la Consejería asegura que ha tenido que vérselas de nuevo “con la compleja tramitación impuesta desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ya dificultó la concesión de las ayudas a las comunidades autónomas durante la primera convocatoria”.
Los requisitos para acceder a estas ayudas son idénticos a la primera convocatoria: jóvenes mayores de edad hasta los 35 años, que viven en alquiler y tienen ingresos menores a tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) si es una persona y de cuatro veces el Iprem si es una unidad familiar. La vivienda o habitación alquilada constituirá la residencia habitual y permanente del solicitante durante el periodo subvencionable y debe ser acreditado mediante el alta en el padrón municipal. Las solicitudes se resolverán por estricto orden de llegada, precisamente el mismo sistema que colapsó la primera convocatoria y que la Junta mantuvo sin resolver durante meses aduciendo problemas técnicos. La Cámara de Cuentas llegó a intervenir en el análisis del colapso provocado en la primera convocatoria, que debería haberse resuelto en mayo de 2023.
El Real Decreto 106/2018 especifica que las administraciones autónomas tienen un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud para resolver y notificar la resolución, una circunstancia que en Andalucía no ha llegado a cumplirse ni de lejos, con miles de jóvenes sufriendo un limbo administrativo que a día de hoy aún no ha resuelto la Junta.
Pese a que esta segunda convocatoria de la Junta pretende beneficiar a un total de 5.700 jóvenes, la Consejería de Fomento ha anunciado que mantendrá abierto el plazo hasta alcanzar las 8.500 solicitudes, ya que estima previsibles duplicidades de solicitudes o incumplimientos de los requisitos.
Aproximadamente el 85% de la población joven de Andalucía sigue sin poder emanciparse, según un estudio del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, con datos cerrados a finales de 2023.