Los más de 6.000 centros escolares de Primaria y Secundaria existentes en Andalucía son los únicos edificios públicos de la comunidad autónoma que jamás han contado con un sistema adecuado de bioclimatización, una situación que se viene paliando a duras penas y muy lentamente en los últimos años por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla tras la aprobación por unanimidad del Parlamento de Andalucía de una ley de bioclimatización de centros de enseñanza públicos hace ahora cuatro años. Las asociaciones de madres y padres denuncian que esta ley se incumple sistemáticamente y son cada vez más los alumnos de colegios e institutos andaluces que se rebelan estos días contra esta situación y se niegan a entrar en las aulas con temperaturas por encima de los 27 grados centígrados de máximo que establece la ley vigente. A este respecto, el ejecutivo de Moreno Bonilla ha permitido a los juzgados de la comunidad que suspendan su actividad presencial si estos días de altas temperaturas se supera esta barrera límite legal en estos edificios públicos, mientras permite que decenas de miles de alumnos soporten temperaturas extremas en aulas atestadas y, en muchos casos, con ratios por encima de la media legal establecida.
La ley de prevención de riesgos laborales establece que la temperatura máxima permitida para trabajar en condiciones adecuadas es de 27 grados centígrados, una situación que estos días de canícula en buena parte de la comunidad andaluza se supera con creces en los centros escolares, que en su inmensa mayoría no están adaptados para dar clases en condiciones óptimas para profesores y alumnos. El silencio de la Consejería de Desarrollo Educativo ante esta rebelión de la comunidad educativa es una evidencia más de que los planes del ejecutivo de Moreno Bonilla para aplicar la ley de bioclimatización en vigor son del todo insuficientes después de cuatro años de la norma autonómica en vigor, pionera a nivel estatal.
En cambio, la Consejería de Justicia ha elaborado un protocolo sobre altas temperaturas que permite suspender el trabajo presencial cuando se superen los 27 grados en sus dependencias. El titular autonómico de Justicia, José Antonio Nieto, ha anunciado este miércoles en el Parlamento de Andalucía que el trabajo presencial en los juzgados andaluces se suspenderá en caso de altas temperaturas cuando no funcionen los aires acondicionados. El protocolo puesto en marcha por el departamento de Justicia pretende evitar situaciones de ‘estrés térmico’ entre los trabajadores de la Administración de Justicia.
Estudiantes de numerosos colegios e institutos andaluces se rebelan en cascada contra la inacción de la Junta por temperaturas en las aulas muy por encima del tope legal de 27 grados
Por el momento, y pese a las protestas del alumnado andaluz, la Consejería de Desarrollo Educativo que dirige Patricia del Pozo no ha activado ninguna actuación en este sentido como sí lo ha hecho su colega de Justicia, aunque la comunidad educativa suma en Andalucía muchos más funcionarios y alumnos que toda la plantilla de Justicia.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se vanagloria estos días de que ya ha ejecutado el 95% del Plan de Bioclimatización 2021 que se está llevando a cabo en centros docentes andaluces “con el fin de mejorar sus condiciones térmicas y ambientales mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables”. Educación asegura que, del total de las 430 actuaciones que contempla este programa, 407 obras ya están finalizadas y en funcionamiento en los colegios e institutos, y el resto en ejecución. En las provincias de Almería, Córdoba, Jaén y Huelva se han dado por finalizadas ya el 100% de las actuaciones programadas.
El ejecutivo de Moreno Bonilla asegura que este plan, que según la comunidad educativa se incumple sistemáticamente, es el primero de la historia que aborda “de una forma global” la bioclimatización en el sistema educativo público de Andalucía. La consejera explicó recientemente en una comparecencia parlamentaria que el plan de Bioclimatización 2021 cuenta con una inversión global de unos 140 millones de euros y ha señalado que los centros educativos han sido seleccionados atendiendo a criterios objetivos, priorizando aquellos centros situados en las zonas con mayor severidad climática en verano y tras una valoración técnica que tiene en cuenta aspectos como la posible existencia previa de equipos de climatización o el estado general de la edificación, entre otros.
El Plan de la Junta prevé garantizar “las condiciones de habitabilidad y el confort térmico de manera respetuosa y sostenible, además de reducir la huella de carbono a lo largo de la vida útil de los edificios, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático”. Por ello, desde la Administración autonómica se ha apostado por instalaciones de refrigeración adiabática para el acondicionamiento de los colegios con técnicas bioclimáticas, un sistema claramente desaconsejados por los expertos en climatización de edificios.
Como explica en El Correo de Andalucía el profesor de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla Juan Francisco Coronel, este sistema elegido por el ejecutivo andaluz se usa en industrias o granjas de animales, o a lo sumo como sistema de apoyo en un sistema más completo de climatización. Ningún hospital, teatro, las propias oficinas de la Junta de Andalucía o centros de salud cuentan solo y exclusivamente con un sistema de refrigeración adiabática como el que la Consejería de Desarrollo Sostenible está implantando en un porcentaje testimonial de colegios de la comunidad, apenas el 10% del total de centros educativos públicos existentes en Andalucía.
Estas cuestionadas instalaciones van acompañadas, además, de la implantación de placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, con el objetivo de cubrir tanto las necesidades de climatización en los centros como las de ahorro, sostenibilidad y eficiencia energética. Las placas solares instaladas a través de este plan sumarán una superficie de 86.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos (equivalente a más de ocho campos de fútbol) y su potencia global instalada será de 6,45 megavatios, lo que permitirá una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 6.264 toneladas al año.