Cuando el dato mata el relato no hay relato que se sostenga sin dato por mucho ruido que se haga con él. Tras 37 años ininterrumpidos de ejecutivos socialistas, el Partido Popular llegó al poder en Andalucía tras obtener el peor resultado de su historia en unas elecciones autonómicas, aliándose con Vox, que aquel 2 de diciembre de 2018 obtuvo 12 diputados, escenificando la entrada por primera vez de un partido de extrema derecha en un parlamento español. Juan Manuel Moreno Bonilla comenzó aquella campaña electoral en las puertas del que fuera el prostíbulo, ya entonces en ruinas, donde un ex alto cargo de la Junta gastó 15.000 euros con la tarjeta de crédito de una agencia pública de Empleo de la Junta de Andalucía. Más de un lustro después y pese a lo dictado estos días por el Tribunal Constitucional, se mantiene en sus trece, sabe que aquel caso fue decisivo en su acceso a la Presidencia de la Junta tras la amarga victoria de la socialista Susana Díaz.
De entonces a las recientes decisiones del TC exculpando en parte a algunos de los altos cargos de los gobiernos socialistas andaluces han pasado cinco años con Moreno Bonilla como presidente andaluz gracias a la holgada mayoría absoluta que obtuvo el 19 de junio de 2022. El dato principal que lo aupó a lo más alto del poder en Andalucía giraba en torno a este mediático caso que inicialmente instruyó la nunca exenta de polémica jueza Mercedes Alaya. Ahora, el giro de los acontecimientos es importante tras las últimas revisiones realizadas por el Tribunal Constitucional, y los dirigentes del PSOE, principal partido en la oposición en Andalucía actualmente, exigen a Moreno Bonilla y a toda la cúpula popular que rectifiquen y pidan perdón. Lejos de ello, y pese al amparo ofrecido por el Constitucional a los ex dirigentes socialistas condenados algunos incluso a pena de cárcel, el presidente andaluz se reafirma: “El caso ERE es y va a seguir siendo el caso de corrupción más grande que ha habido en España”. Moreno Bonilla acusa además de “desinformación” a todos los que intentan restar trascendencia a las condenas dictadas en su momento tanto por la Audiencia de Sevilla en primera instancia como después por el Tribunal Supremo, ahora desautorizados ambos por el Constitucional.
El TC ha decidido anular la condena de nueve años de inhabilitación impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación. Moreno Bonilla y sus consejeros y portavoces parlamentarios han cuestionado desde el primer momento la profesionalidad de la ponente del amparo concedido por el TC a los ex altos cargos socialistas, la magistrada andaluza y vicepresidenta del Constitucional Inmaculada Montalbán. “El caso de los ERE es y va a seguir siendo el caso de corrupción más grande que ha habido en España y el caso de pérdida de fondos públicos más importante que ha tenido cualquier administración pública, en este caso la Junta de Andalucía, en la historia de España, con una cuantía de cerca de 700 millones de euros”, ha insistido el presidente andaluz, con idéntico discurso político que el que lo llevó al poder en Andalucía en 2018 con el peor resultado obtenido por un candidato popular.
Moreno Bonilla y sus consejeros y portavoces parlamentarios han cuestionado desde el primer momento la profesionalidad de la ponente del amparo concedido por el TC a los ex altos cargos socialistas
El líder andaluz del PSOE, Juan Espadas, ha afeado la campaña mediática iniciada contra la magistrada del TC por dirigentes del Ejecutivo andaluz y medios de comunicación afines. “Descalificar a la magistrada y vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, porque recibió la medalla de Andalucía de un Gobierno socialista y no recordar que recibió la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort concedida por un Gobierno del PP (2013) y el Premio Rafael Martinez Emperador, por unanimidad, concedido por el CGPJ, no me parece ni correcto ni justo”, argumenta el líder del principal partido de la oposición en Andalucía. “Igual que respetamos una sentencia del Tribunal Supremo (TS) con dos de los cinco votos exculpatorios, ¿no deberíamos dejar trabajar sin presionar o mejor respetar lo que diga el Tribunal Constitucional?”, se pregunta Espadas.
También Manuel Pezzi, actual presidente del PSOE andaluz y ex consejero socialista durante el mandato de Manuel Chaves, ex presidente andaluz también condenado por el caso ERE, ha aportado un dato curricular de la magistrada puesta en el ojo de la sospecha por el PP. “Fue nombrada, por sorteo, durante el mandato de Pedro García-Trevijano de presidente del TC, y mayoría conservadora, que por supuesto no vieron incompatibilidad alguna”, explica Pezzi, quien acusa a Moreno Bonilla, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso de “patética miserabilidad” por criticar al TC y sus magistrados “con información sesgada y manipulada”. “Dejen de mentir y difamar, señores ‘moderados’ del PP de Moreno Bonilla”, reclama el dirigente socialista andaluz.
El presidente de los socialistas andaluces se reafirma, al igual que el PSOE andaluz en su conjunto, en que todo se debió a una “cacería política” que lleva poniendo en marcha el PP con este y otros casos que han acabado archivados por la justicia, como ha enumerado la portavoz socialista María Márquez. Por ello exigen que el PP “debe pedir disculpas”, unas disculpas que no solo no se producen sino que sus protagonistas persisten en las acusaciones y en dirigir las sospechas sobre el propio Tribunal Constitucional. Pero el dato ya ha matado el relato. Lo demás es ruido.