Con miles de hectáreas calcinadas en Ourense, la Xunta reclama refuerzos al Estado mientras mantiene inoperativas sus propias motobombas. Los sindicatos denuncian que la plantilla está incompleta, las vacantes sin cubrir y que el plan antiincendios se ha improvisado con llamadas de urgencia cuando el desastre ya estaba en marcha.
Un dispositivo inflado y sin plantilla
Galicia no tiene un problema de medios, sino de gestión. Según la Xunta, hay 380 motobombas en activo, pero los sindicatos aseguran que muchas de ellas no salen del garaje por falta de conductores y personal técnico. El gobierno gallego, en lugar de cubrir las vacantes de forma planificada, ha preferido pedir 30 motobombas al Estado… con conductores incluidos.
“Si no hay personal, los turnos se quedan vacíos y los vehículos, parados”, denuncia Óscar Rodríguez, jefe de cuadrilla y delegado de CCOO en Ourense. El distrito XIV (Verín-Viana), uno de los más castigados por las llamas, lleva meses sin cubrir dos plazas clave para operar las motobombas. En el distrito XIII (Valdeorras-Trives), la única plaza existente también está vacante.
Frente al triunfalismo de Rueda —que insiste en que “todo estaba preparado”—, la realidad muestra un operativo incompleto, colapsado y sin refuerzos suficientes. Cuando la presión mediática aumentó, la Xunta lanzó en un solo día 198 convocatorias de contratación de emergencia. No para cubrir nuevas bajas: eran plazas arrastradas desde hace meses. Las que la Consellería de Medio Rural no quiso o no supo cubrir antes de que comenzaran los incendios.
Bomberos urbanos expulsados... y readmitidos
La falta de personal no se limita a los brigadistas del monte. Los parques de bomberos urbanos también sufren la falta de efectivos, lo que lleva a que vehículos preparados —como las bombas nodrizas pesadas— se queden sin utilizar. En Verín, por ejemplo, había tres vehículos listos para salir y solo tres bomberos de servicio. Resultado: dos camiones, parados.
La descoordinación alcanzó su culmen esta semana cuando la Xunta ordenó la retirada de los bomberos urbanos del operativo, alegando que ya no eran necesarios. Horas después, ante la presión social, tuvo que dar marcha atrás. Pero muchos de los que fueron enviados de vuelta aún no habían sido reincorporados cuando las llamas seguían avanzando.
Desde la CIG, Zeltia Burgos alerta de un nuevo riesgo: muchas de las personas que se incorporan a estas convocatorias de urgencia no tienen experiencia previa en incendios. “Van a entrar en un operativo desbordado, agotado y con una presión psicológica enorme”, advierte.
El incendio en Galicia ya no es solo ambiental. Es una crisis de modelo, de gestión y de prioridades políticas. Mientras las hectáreas calcinadas se acumulan, también se quema la credibilidad de una Xunta que ha preferido adornar sus cifras antes que fortalecer su servicio público.