El sindicato CSIF ha estimado que unos 50.000 funcionarios procedentes de toda España se han manifestado este sábado en Madrid frente la Dirección General de Muface en defensa del mantenimiento del modelo sanitario del mutualismo administrativo, actualmente en serio peligro por la falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras y la cercanía del fin de la vigencia del actual concierto.
Esta concentración forma parte del calendario de movilizaciones en defensa del mutualismo administrativo, que comenzaron el pasado 11 de noviembre con una manifestación en Madrid frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de toda España para exigir también al Gobierno el desbloqueo de la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales del conjunto de los empleados públicos.
Las protestas, según anuncia CSIF, se prolongarán en el tiempo en el caso de que el Gobierno siga sin reaccionar y sin garantizar la continuidad del modelo de Muface con una asistencia sanitaria de calidad. Óscar López, ministro de Función Pública, sigue sin responder a la reclamación de una reunión urgente para dar explicaciones, por lo que el sindicato ha anunciado que incrementará la presión al gobierno de Pedro Sánchez hasta que reaccione con la convocatoria de paros parciales y totales en la Administración.
Además, la situación en la que el gobierno Sánchez ha dejado a Muface ha sido internacionalizada. En concreto, CSIF ha trasladado a Bruselas las quejas de centenares de funcionarios en activo y jubilados en las que se denuncian que las clínicas están anulando, retrasando y suspendiendo citas médicas e intervenciones quirúrgicas ante la incertidumbre sobre el concierto sanitario. Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión ya saben de la situación crítica en la que se encuentran 1,5 millones de personas. Otro golpe más a Sánchez en Europa.
CSIF también registró en el Congreso de los Diputados estas mismas quejas para que los grupos parlamentarios conozcan los casos reales y las situaciones que están viviendo cerca de 1,5 millones de personas entre mutualistas y beneficiarios -con su asistencia sanitaria amenazada- para que presenten iniciativas en defensa del mantenimiento del modelo de Muface.