El Tribunal Supremo ha dado el paso crucial de investigar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en el marco de la investigación contra Tsunami Democràtic, el movimiento ciudadano catalán surgido en los días del 1-O para protestar contra las decisiones del Estado español. Sin duda, el tribunal ha decidido atravesar un peligroso Rubicón al aceptar las tesis del juez García-Castellón, un magistrado que se ha mostrado abiertamente en contra de la amnistía a los encausados por el procés. Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional (órgano judicial en el que aterrizó en 1993 para sustituir a Baltasar Garzón) se encuentra en el ojo del huracán por defender los intereses del PP en ciertos momentos de su trayectoria profesional.
La prensa ya ha aireado cuando, en un paréntesis de su carrera, fue patrocinado por el Gobierno de Aznar para ejercer como juez de enlace, primero en Francia y luego en Italia. Su regreso se produjo 17 años después, cumpliendo el sueño de Ignacio González de apartar de su caso a Eloy Velasco. Heredaba de su antecesor las dos causas que, tras la Gürtel, volvían a cuestionar las cuentas del PP. Decenas de cargos acabaron exculpados, al entender que sus delitos habían prescrito o no había indicios. Entre ellos, Ruiz-Gallardón, Aguirre o Cifuentes. Ha sentado en el banquillo al exministro Jorge Fernández Díaz por la Kitchen, pero eximió a la exministra María Dolores de Cospedal, en contra de lo que solicitaba la Fiscalía. Por estas sombras, la Generalitat ha acusado a García-Castellón de prevaricar por influir en la negociación de Gobierno.
Este es el magistrado que ha puesto al Supremo ante la difícil tesitura de sentar en el banquillo de los acusados a Puigdemont, el anticristo de la derecha política y judicial de este país. El alto tribunal podría haber desestimado la instrucción, pero nos encontramos en un momento culminante de la historia de España, cuando Pedro Sánchez trata de cerrar heridas con Cataluña, pasando página, con la amnistía. Es evidente que la decisión tomada por el Supremo trasciende lo judicial para meterse de lleno en el terreno de la política. De modo que hay motivos paras sospechar que estamos ante un nuevo caso de lawfare o guerra sucia jurídica. Y no solo eso, sino que todo el mundo sabe que la Justicia europea no va a comprar la tesis de que Puigdemont es un terrorista. El expresident puede ser un sedicioso, alguien que conspira para destruir el Estado español en pos de la independencia de Cataluña, pero nadie lo ve como el nuevo sanguinario Txapote. Si los autos de extradición y euroórdenes del juez Llarena se disolvieron más allá de los Pirineos, caben muchas posibilidades de que la más que forzada y retorcida con calzador instrucción de García-Castellón podría seguir el mismo camino. Países como Suiza, Bélgica, Alemania e Italia ya han dicho no a tratar a Puigdemont como si se tratase de un miembro de ETA o del IRA, y nada hace pensar que la jurisprudencia vaya a cambiar. Pese al auge de la extrema derecha en todas partes, Europa sigue siendo garantista con los derechos humanos y hay que llevar una resolución judicial muy bien fundamentada para convencer a un magistrado de la UE.
Todo apunta a que la Justicia española sigue sin tomar nota de cómo funcionan las cosas en el espacio Schengen. Tratando de empapelar por organización terrorista al expresident impulsor del procés los jueces pueden volver a cometer el mismo error por segunda vez, porque cuando el Supremo envíe el requerimiento a la Justicia belga, ese novelón negro con más imaginación patriótica que fundamentos jurídicos, ningún jurista de aquellas tierras va a entender nada. ¿Dónde están las bombas lapa, los asesinatos, los secuestros y la estructura criminal que se supone rodean a todo grupo armado? No se ven por ninguna parte. El juez García-Castellón ha levantado un extraño constructo donde una manifestación popular más o menos violenta se convierte en terrorismo, donde la única víctima mortal es un ciudadano extranjero que lamentablemente y por desgracia murió de un infarto en un aeropuerto tomado por los manifestantes y donde un líder o cabecilla que siempre ha apelado a la vía pacífica para alcanzar sus objetivos políticos, con los que se podrá estar más o menos de acuerdo, pero siempre encauzados por procedimientos democráticos como el derecho a votar.
Un juez belga, cuando reciba este dosier, quedará estupefacto al comprobar cómo un colega español pretende que vea terrorismo donde él solo ve una protesta cívica. Los primeros varapalos ya han llegado después de que la Oficina Federal de Justicia suiza (OFJ) haya suspendido la tramitación de la comisión rogatoria cursada el pasado mes de noviembre por el juez en la que se solicitaba información sobre el paradero de Marta Rovira, huida de la Justicia española. Ante la decisión, a García-Castellón solo le ha quedado la pataleta y alegar que los tratados internacionales impiden a Suiza rechazar la asistencia judicial solicitada, al tratarse de un procedimiento en el que se investigan delitos de terrorismo. De nada va a servir el enfado del magistrado. El país de las vacas, el chocolate y el reloj de cuco sigue sin atender su demanda de extradición. No hay antecedentes, no hay jurisprudencia, nunca antes ningún juez enfocó una explosión de ira popular como un delito de terrorismo.
Mucho nos tememos que abocan a este país a sufrir un nuevo y espantoso ridículo internacional que solo servirá para incrementar la imagen de república bananera del Estado español y para reforzar la posición del fugado y refugiado en Waterloo. Puigdemont estaba más débil que nunca, máxime después de que el Parlamento Europeo haya acordado investigar a fondo la trama rusa del procésy los posibles contactos de los líderes soberanistas con la Rusia de Putin. Son ellos, los jueces españoles, los que con sus posiciones maximalistas y ultras (también con su intolerable politización) están alimentando el independentismo que, nadie puede negarlo, estaba hoy más languideciente que nunca.