La extrema derecha europea está alcanzando cotas de poder inimaginables con un bulo tan básico como elemental: los inmigrantes no lo están quitando todo. Esta idea, que no es más que racismo del bueno, fascismo del bueno, como suele decir el gran Ignatius Farray, no es más que otra patraña. No hay tal usurpación o atribución de privilegios, ni teorías del reemplazo, ni invasión alguna. Lo que hay es un embuste monumental, y a las pruebas y datos nos remitimos.
La desinformación sobre las personas extranjeras que viven en España ha crecido en los últimos años, con afirmaciones sin contexto o evidencias como las que señalan que este sector de la población acapara la sanidad pública o reciben más ayudas sociales, informa EFE. Estos “bulos” han sido recogidos y desmentidos en el último informe del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano formado por instituciones públicas, asociaciones de migrantes y entidades sociales que trabajan por su integración.
Uno de los bulos a los que se refiere el informe es la tendencia de algunas personas a sobredimensionar la población migrante que hay en España, apuntando este índice en una tasa superior al 25 por ciento. Tal y como refleja la publicación, las cifras sobre población más reciente del Instituto Nacional de Estadística indica que, a 1 de enero de 2024, solo el 13,3 por ciento de la población en España tenía nacionalidad extranjera.
El informe hace referencia a la falsa creencia de que la población extranjera viene a España a beneficiarse de la Sanidad pública, lo que produce un “colapso” de la misma. Para desmentir este extremo, basta con irse a la Encuesta Nacional de Salud de 2017, que revela que, de las 16 millones de consultas médicas realizadas en el Sistema Nacional de Salud, solo el 11 por ciento fueron de personas nacidas en otros países, lo que, además, no necesariamente significa que sean de nacionalidad extranjera.
Otro de los bulos que circulan por las redes sociales y que recoge la publicación presentada este martes es que los inmigrantes “suponen una carga para España y tienen más ventajas sociales”, lo que no es cierto, según se puede observar en los datos del informe de rentas mínimas de inserción 2021-2023, ayudas que se otorgan a personas en riesgo de exclusión social: de los 305.340 titulares, solo el 26,1 por ciento tenía nacionalidad extranjera.
Estas prestaciones autonómicas exigen a los inmigrantes, entre otros requisitos, que se estén en situación de residencia regular, a excepción del País Vasco. “Si fuera cierto que la población migrante quiere vivir de paguitas”, afirma el informe, el País Vasco “debería ser una de las comunidades que más población extranjera atrajera” y es, sin embargo, una de las siete que menor porcentaje presenta.
Por tanto, los migrantes no “quitan el trabajo” a la población autóctona, concentran los trabajos peor pagados frente a lo que muchos piensan, la inserción laboral de las personas migrantes, “lejos de suponer una competencia” para la población autóctona, es complementaria a ella y está concentrada en ciertas ocupaciones menos remuneradas, reza el informe. Esto se puede observar en el grupo de ocupaciones elementales, que recoge profesiones como empleadas del hogar o peones de construcción, con un salario un 39 por ciento menor a la media.
La publicación anima a “hacer frente” a este tipo de desinformación con “datos verificados de fuentes oficiales” o poniéndola en relación con otras circunstancias que hacen que este tipo de afirmaciones pierdan su sentido. Durante la presentación del informe, el vicepresidente del Foro, Vladimir Paspuel, alertó del aumento de los discursos racistas y xenófobos y puso como ejemplo cuando, en la última campaña para las elecciones europeas, él afirmaba que iba a votar y le increpaban: “¿Tú, europeo? ¿con esa cara?”.
En la misma línea, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, invitó a hacer una reflexión sobre la diferencia en la respuesta que dan algunos sectores de la población española hacia los migrantes que huyen de conflictos que ponen en peligro su vida en función de su país de origen o su color de piel.
El informe llama la atención sobre el término “inmigrante”, que es “cambiante en el imaginario de la sociedad y tiende a incluir o excluir nacionalidades y personas en función de diferentes criterios”. Es difícil que se considere inmigrantes a los ciudadanos del Reino Unido, pese a que son nacionales de terceros países, mientras que las 627.478 personas de nacionalidad rumana que viven en España, ciudadanas de la Unión Europea y titulares del derecho a la libre circulación, sí son percibidas como tal. Y recalca que, según datos del INE de 2022, el porcentaje de población que está en edad de trabajar y cotizar a la seguridad social (entre 16 y 64 años) es mucho mayor en la población migrante (78%) que en la española (63%).