Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá este viernes en calidad de testigo en la investigación judicial abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos. La causa, que se tramita en el Tribunal Supremo, está siendo instruida por el magistrado Ángel Hurtado, quien inicialmente se había negado a escuchar a González Amador.
Una comparecencia impuesta por la Sala
La declaración del empresario llega tras un pronunciamiento de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, que estimó un recurso presentado por el propio fiscal general. El órgano judicial considera que, al haber sido solicitada por la defensa, la testifical es pertinente para esclarecer los hechos relacionados con la supuesta filtración de información confidencial que afectaría directamente a González Amador.
En una resolución reciente, la Sala subraya que tanto el querellante como el querellado deben estar igualmente disponibles para colaborar con la instrucción, y recuerda que la finalidad de esta diligencia es "averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos".
Cambio de criterio del juez instructor
El juez Ángel Hurtado había rechazado en enero la petición de que González Amador testificara, alegando que su citación podría suponer "una dilación para la declaración de los investigados". Además, argumentó que la posición del testigo ya se encontraba suficientemente reflejada en la querella y en las actuaciones de su representación legal.
Sin embargo, el criterio del magistrado ha sido corregido por sus superiores, que instan a la práctica de una prueba que consideran esencial para la instrucción. La declaración de González Amador podría arrojar luz sobre los hechos que motivaron la denuncia por revelación de secretos.
La causa mantiene en el foco al máximo responsable del Ministerio Fiscal, un hecho de enorme trascendencia institucional, al implicar una posible vulneración de derechos fundamentales cometida desde el más alto nivel del sistema judicial. La comparecencia de este viernes será clave para determinar si hubo una filtración de información sensible y quiénes serían sus responsables.