El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado este jueves al Reino de España por no haber transpuesto a tiempo la Directiva comunitaria sobre conciliación de la vida familiar y laboral. La sentencia establece que el Estado español ha incumplido sus obligaciones como Estado miembro y le impone una multa a tanto alzado de 6,8 millones de euros, además de una sanción coercitiva diaria de 19.700 euros hasta que se complete la transposición.
La directiva en cuestión tiene como objetivo garantizar mínimos comunes en todos los países de la Unión para facilitar la conciliación laboral de padres, madres y cuidadores, reforzar la igualdad de género y ampliar los derechos sociales en el ámbito profesional.
Cinco años de retrasos y advertencias ignoradas
El gobierno de Pedro Sánchez debía haber incorporado esta normativa comunitaria a su legislación interna antes del 2 de agosto de 2022, pero el proceso ha estado plagado de retrasos, vacíos legislativos y reformas frustradas por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.
La Comisión Europea activó el procedimiento de infracción en septiembre de 2022, y tras una respuesta insuficiente del Gobierno Sánchez, emitió un dictamen motivado en abril de 2023, otorgando un plazo adicional de dos meses para cumplir. La respuesta llegó con informes, cuadros de correspondencia y promesas, pero sin una legislación efectiva aprobada.
La principal herramienta legislativa para implementar la directiva, el proyecto de Ley de Familias, quedó paralizada tras la disolución del Parlamento. Más tarde, un intento por completar la transposición mediante el Real Decreto-ley 7/2023, aprobado en diciembre, también fracasó al ser rechazado por el Congreso de los Diputados en enero de 2024. Son las cosas que tiene el gobernar con mayorías débiles basadas en el chantaje.
Ante la falta de avances concretos, la Comisión Europea interpuso finalmente un recurso ante el TJUE el 30 de enero de este año.
Sentencia clara y dura
En su fallo, el Tribunal de Justicia de la UE declara que España omitió la adopción y notificación de todas las medidas necesarias para cumplir con la Directiva 2019/1158, infringiendo así el artículo 20 de la misma. Además, el Tribunal constata que el incumplimiento persistía en la fecha de examen de los hechos, por lo que impone sanciones financieras. Asimismo, el fallo obliga al Reino de España a asumir las costas del proceso, incluyendo las de la Comisión Europea.
Un problema que afecta tanto a trabajadores del sector privado como público
Una de las principales deficiencias señaladas por la Comisión fue la falta de transposición efectiva en los dos grandes ámbitos del empleo en España: el sector privado, regulado por el Derecho laboral, y el sector público, regido por el Derecho administrativo.
En particular, el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) no fue notificado como parte del proceso de transposición, y no incluía la referencia expresa exigida por la directiva europea. Esto ha dejado fuera de la protección completa a millones de trabajadores y trabajadoras del ámbito público.
El Gobierno intentó introducir la transposición en los Presupuestos
Tras el rechazo del decreto ley, el Ejecutivo español informó a Bruselas en enero de su intención de incluir las medidas necesarias en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, aún pendiente de aprobación. Esta fórmula ha sido cuestionada por expertos y juristas, que consideran que una norma presupuestaria no es el vehículo adecuado para garantizar derechos fundamentales como la conciliación laboral y familiar.
Un revés político y económico con implicaciones sociales
La condena del TJUE no solo tiene consecuencias financieras, sino también repercusiones políticas y sociales. España queda en entredicho en materia de derechos sociales dentro del marco comunitario, en un momento en que la conciliación y la corresponsabilidad de género son prioridades tanto del Pacto Verde Europeo como del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Desde organizaciones sindicales y colectivos por la igualdad ya se ha advertido que este fallo evidencia una falta de compromiso efectivo por parte del Gobierno español en la implementación de políticas públicas de conciliación y cuidado.
Los derechos sociales no pueden esperar
El fallo del Tribunal de Justicia de la UE actúa como un severo recordatorio de que las directivas comunitarias en materia social no son meras recomendaciones, sino compromisos legales con plazos vinculantes. La inacción legislativa, aunque tenga razones de coyuntura política, no exime de responsabilidad internacional.
Mientras el reloj de las sanciones diarias comienza a correr, el Gobierno se enfrenta a una doble tarea: aprobar urgentemente una norma que garantice plenamente los derechos de conciliación exigidos por Europa, y reconstruir su credibilidad ante las instituciones comunitarias y la ciudadanía.