La última decisión del juez Peinado –que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno–, de solicitar la relación de puestos de trabajo de trabajadores y asesores del Palacio de La Moncloa es de dudosa legalidad. Hablamos de funcionarios y personal laboral dedicados a tareas burocráticas, empleados de mantenimiento y limpieza, agentes de seguridad y hasta asistentes y cocineros. Gente que no tiene nada que ver con el dichoso máster de Begoña Gómez. Con su providencia, Peinado vuelve a atravesar un nuevo Rubicón judicial que solo traspasan aquellos jueces de regímenes policiales totalitarios.
La medida será recurrida por la defensa con total seguridad, aunque no servirá de nada. Pero este enésimo episodio de abuso jurídico, que sobrepasa todos los límites establecidos en la Constitución y las leyes procesales, sin duda podría ser impugnado ante un tribunal de garantías. De momento ninguno de los trabajadores de Moncloa se ha rebelado contra la última providencia del juez favorito de Manos Limpias, sindicato ultra, no lo olvidemos, pero si alguno de ellos decide ponerse en su sitio e interponer el pertinente recurso para que no se le mezcle en un asunto que ni le va ni le viene podría ganárselo al juez sin demasiada dificultad.
El magistrado más duro al oeste del Manzanares quiere hacerse con los datos personales de un grupo de personas que no saben nada del famoso máster de la Complutense que le quita el sueño al instructor desde el mes de abril, y esa intención podría no ajustarse al respeto debido a los derechos jurisdiccionales más elementales de cualquier ciudadano. Es como si en el caso Negreira, que se instruye contra el FC Barcelona por la presunta compra de cargos en el colegio arbitral, se investigara a los porteros y bedeles del estadio. No tiene ningún sentido, más que en la cabeza de un juez que se cree con poderes plenipotenciarios para pasar por encima de cualquiera. Salvando las distancias, hay algo en la forma de impartir justicia de este hombre que recuerda mucho a aquellos inquisidores del franquismo que instruían juicios sumarísimos contra los rojos, donde las garantías de los procesados saltaban por los aires.
Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha acordado esta medida en una providencia a petición de las acusaciones populares personadas en el procedimiento en el que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida, según informa Efe.
Esa medida la adopta tras citar a declarar el próximo 20 de diciembre a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, quien trasladó a principios de 2024 a la empresa de seguros Reale el interés que tenía Gómez en que siguiera financiando la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense. Según las acusaciones (todas ellas de corte pseudofascista), Álvarez, directora de Programas de Presidencia del Gobierno, podría haber incurrido en un delito de malversación.
El juez, a menos de una semana de tomar declaración a Gómez como investigada por el delito de apropiación indebida del software de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha reclamado al Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado que remita copia de los expedientes que hubiera podido tramitar para cualquier tipo de inscripción registral (de Propiedad Intelectual, programa informático, derechos de autor, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, etc.) en relación a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. También pide al exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, que aporte en cinco días la documentación relativa a la cátedra que se investiga y que durante su declaración ante el juez dijo que conservaba.
La polémica providencia llega días después de que se haya sabido que la información bancaria y fiscal sobre las supuestas 11 cuentas corrientes de Begoña Gómez, con saldo de poco más de 40 euros, puede ser errónea. Además, en su escrito, la defensa de Gómez lamenta que el juez haya enviado los datos bancarios de la acusada sin haberlos anonimizado a las acusaciones populares, compuesta en su totalidad por corpúsculos ultraconservadores como Hazte Oír o Manos Limpias. Por ello, sus abogados acusan al juez Peinado de atentar contra la Protección de datos Personales y, por lo tanto, con “normas esenciales en la tramitación de los procedimientos penales”. Argumentan que es “obvio que la numeración de las cuentas bancarias no constituye un dato que sea necesario conocer a las partes y en concreto las acusaciones populares personadas”. Una chapuza detrás de otra, un abuso detrás de otro. Esa es la forma burda de actuar de un juez poco fino y elegante con los investigados. En cualquier democracia seria y avanzada, su instrucción ya habría sido anulada por conculcar los más elementales derechos procesales y civiles de las personas. Pero esto es España, un país en manos ya de la extrema derecha judicial.