Por primera vez desde que se paralizó el proyecto de mina de uranio en Salamanca, varios dirigentes del Partido Popular han mostrado públicamente su respaldo a la explotación promovida por la multinacional australiana Berkeley. Las declaraciones, aparentemente espontáneas pero coincidentes en el tiempo, surgen mientras la empresa inicia un millonario litigio internacional contra España y se apoya en figuras del propio PP para desatascar la tramitación del proyecto.
Primeras voces públicas de apoyo desde el Partido Popular
La mina de uranio de El Retortillo, situada en la provincia de Salamanca y objeto de intensos debates desde hace más de una década, ha vuelto al centro del escenario político con un nuevo protagonista: el Partido Popular. Hasta ahora, los principales dirigentes del partido habían mantenido un silencio prudente sobre el asunto. Pero eso cambió el pasado 8 de mayo, cuando Borja Sémper, portavoz del PP, manifestó en el programa Espejo Público de Antena 3 que una de las formas en que el Gobierno actual está “ahogando al sector nuclear” es “imposibilitando la extracción de uranio, singularmente en Salamanca”. Lo hizo sin que se le preguntara directamente por el proyecto de Berkeley.
Cinco días más tarde, Susana Solís, eurodiputada del PP, subrayó en el Parlamento Europeo que el Ejecutivo español “ha denegado la autorización del segundo yacimiento de uranio más grande de Europa”, refiriéndose al de El Retortillo. Y el pasado martes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, celebró que “Feijóo está dando la batalla de las nucleares”, en una alusión que inevitablemente conecta con el proyecto salmantino.
Estas primeras manifestaciones públicas y coincidentes no son triviales. Revelan un posible cambio de postura dentro del partido conservador, que ahora parecería dispuesto a reivindicar públicamente un proyecto paralizado por razones medioambientales y de seguridad nuclear desde 2021.
El pleito millonario y las conexiones políticas
Al mismo tiempo que estas declaraciones salían a la luz, la empresa promotora del proyecto, Berkeley Energia, daba un paso decisivo en su estrategia legal. La multinacional australiana ha iniciado un arbitraje internacional contra el Reino de España ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), un tribunal dependiente del Banco Mundial. La compañía reclama 921 millones de euros al Estado español, alegando que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) le impidió en 2021 poner en marcha una explotación con la que aspiraba a extraer cerca de 40.000 toneladas de uranio.
Pero la disputa no es solo jurídica. También es política y corporativa. En 2022, Berkeley incorporó a su consejo asesor al exsecretario de Estado de Comercio y alto cargo en los gobiernos de Mariano Rajoy, Jaime García Legaz. La empresa justificó su fichaje apelando a sus “extensas redes empresariales y gubernamentales”, que —según un documento interno— serían clave para impulsar la producción del proyecto en Salamanca.
García Legaz ha admitido a la Cadena SER que colabora con la compañía, aunque niega haber utilizado sus contactos con el equipo de Alberto Núñez Feijóo para influir en el posicionamiento del partido.
Más vínculos en la sombra
El nombre de García Legaz no es el único vinculado al Partido Popular y a la empresa australiana. Manuel Lamela, exsubsecretario del Ministerio de Agricultura y exconsejero del Gobierno madrileño, también trabajó para Berkeley hace más de una década como lobista ante la Unión Europea. Sus gestiones se dirigieron, entre otros, al entonces comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, con quien Lamela había trabajado previamente en el Ministerio.
Estas relaciones alimentan las sospechas sobre un entramado de influencias cruzadas entre el poder político y los intereses de la minera australiana. En un momento de creciente debate sobre el papel de la energía nuclear y la independencia energética de España, la reaparición del proyecto de El Retortillo se inscribe en una disputa que trasciende el medio ambiente: es una cuestión de soberanía energética, seguridad jurídica y transparencia institucional.
La evolución del caso Berkeley pondrá a prueba no solo la política energética del Gobierno, sino también la coherencia del discurso del PP respecto a su renovado respaldo a la energía nuclear. El respaldo público de varios de sus dirigentes a la mina de uranio no puede entenderse como un mero gesto aislado: se produce en un contexto en el que la política energética, las presiones empresariales y la geopolítica se entrecruzan peligrosamente.
Lo que está en juego no es solo el futuro de una mina en Salamanca, sino el modelo energético de España, su relación con los inversores internacionales y la permeabilidad de sus instituciones ante los intereses privados. El tiempo y los tribunales dirán si estas piezas encajan en una estrategia concertada o si responden a coincidencias circunstanciales. Lo cierto es que el proyecto de El Retortillo ha regresado al debate público y lo ha hecho envuelto en una nueva y controvertida narrativa política.