La empresa Allworks, especializada en vestuario laboral, ha pasado de ser una desconocida a convertirse en proveedora habitual de la Xunta tras contratar al marido de Paula Prado. En solo cuatro meses de 2025 ha recibido siete contratos menores sin concurso. La operación, basada en adjudicaciones troceadas y ausencia de competencia, evidencia la continuidad de una forma de gobernar donde el interés público queda subordinado a las relaciones personales y partidistas.
Ni la hemeroteca ni los informes de investigación ni siquiera los sumarios judiciales han servido de freno. Una década después de haber sido investigada en la operación Pokémon, Paula Prado vuelve a estar en el centro de un caso que combina poder político y beneficios privados. Esta vez no se trata de escuchas ni de informes policiales, sino de datos públicos: en lo que va de 2025, la empresa Allworks Vestuario Laboral ha recibido 27.627 euros en siete contratos menores concedidos directamente por la Xunta. La particularidad: en esa empresa trabaja Francisco Antonio Otero Illodo, marido de la actual número dos del PP gallego.
El patrón se repite como si nada hubiese cambiado: contratos troceados, adjudicación directa, y una elección deliberada de fórmulas que evitan la concurrencia pública. Lo llamativo no es solo el mecanismo, sobradamente conocido, sino la impunidad con la que se aplica incluso en los niveles más altos del poder autonómico.
La ropa laboral no es un suministro extraordinario, ni urgente, ni imprevisible. Y, sin embargo, se opta sistemáticamente por la vía opaca. El procedimiento elegido no responde a criterios técnicos ni a eficiencia administrativa: responde a relaciones personales. Una forma de hacer política que transforma el presupuesto público en un instrumento para cuidar a los propios.
La figura de Paula Prado no es menor. Como secretaria general del PP de Galicia, es la principal responsable del aparato del partido, la encargada de hablar de regeneración, de transparencia, de limpieza. Pero los hechos desmienten los discursos. Donde debería haber controles, hay indulgencia. Donde debería haber competencia, hay nombres elegidos. Donde debería haber una administración al servicio de todos, hay una herramienta de partido.
No es solo una cuestión de legalidad. Es una cuestión de legitimidad, de ética pública, de respeto institucional. Porque, aunque ninguna sentencia haya dictado condena, los mecanismos de siempre siguen intactos, funcionando a plena marcha, vestidos esta vez con uniformes laborales pagados por todos.