El caso Eulen ha destapado una situación sangrante en la Xunta de Galicia que se viene repitiendo durante años: decenas de adjudicaciones a dedo al margen de los procedimientos legales establecidos en la ley de contratos del Estado. Eulen, la empresa en la que trabaja la hermana de Feijóo, es una de las firmas que más se ha beneficiado de estas prácticas, pero hay más compañías, tanto grandes como pequeñas.
Según publicaba el Diario.es en 2019, numerosas sentencias judiciales vienen atribuyendo al Gobierno gallego “tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, soborno, vulneración de los derechos laborales, abuso de derecho, desviación de poder, comportamiento malicioso. Todas esas ilegalidades, varias de ellas delitos, vienen siendo constatadas en numerosas sentencias judiciales emitidas contra la Xunta o cargos del Gobierno gallego desde que hace ahora diez años, el 1 de marzo de 2009, Alberto Núñez Feijóo ganó sus primeras elecciones autonómicas”. El citado medio aseguraba ya entonces que “él [el dirigente popular] que durante su larga campaña para derribar al gobierno bipartito de PSdeG y BNG precedente le atribuyó desde prevaricación hasta muertes por incendios forestales, lleva una década minimizando las ilegalidades cometidas bajo su presidencia o justificando que la propia Xunta no las persiga. Su estrategia en este tiempo es la de tratar las sentencias como si fuesen críticas partidistas de la oposición e incluso lamentar que los medios de comunicación publiquen las condenas contra la Xunta, pero no las veces en que los tribunales dicen que cumple con su deber y actúa como debe”.
Trocear contratos públicos para poder adjudicar a dedo es una práctica habitual en algunas administraciones, pero en las últimas semanas se ha sabido que la Xunta no tiene reparos en hacerlo incluso favoreciendo a familiares directos de primeros espadas del PP como es Alberto Núñez Feijóo. Los hermanísimos, primísimos y cuñadísimos de tiempos del franquismo se perpetúan en esta especie de caciquismo decimonónico a la gallega.
Según publicó el diario El Salto hace unos años, los contratos a dedo suponen “el 77% del presupuesto anual de la Xunta para sanidad, más de tres veces lo que se gasta al año en políticas sociales o algo más del 30% del dinero del que dispone en cada ejercicio. Desde 2018 hasta 2023, el Gobierno gallego, dirigido por el Partido Popular ha gastado 4.000 millones de euros en contratos sin concurso público, en licitaciones menores. Es decir, en contratos a dedo de hasta 15.000 euros para servicios y de hasta 40.000 euros para obras, que son los máximos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público para que un encargo a medios privados no tenga que ser conseguido a con mecanismos de competencia”.
Las adjudicaciones primero fueron ratificadas por los conselleiros de Alberto Núñez Feijóo y, más tarde, por los de Alfonso Rueda. Han sido, exactamente, 3.999.599.473,92 euros de dinero público repartidos en 1.034.964 contratos a los que ha tenido acceso este diario a través de un rastreo exhaustivo de la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. De hecho, 35.362 de esos contratos tienen un importe entre 14.000 y 14.999, el límite legal. “Muchos de ellos con el mismo concepto y facturado a la misma consellería”, añade El Salto.
Eulen, la empresa de la hermana de Alberto Núñez Feijóo adjudicataria de decenas de contrataciones a dedo, es una especie de dios al que todos rinden pleitesía en la Administración gallega. “El modus operandi, a nivel estructural, es el siguiente. El Gobierno gallego, a través de todos los organismos que dependen de sus decisiones políticas, como consellerías, agencias públicas, consorcios, organismos autónomos, fundaciones del sector público, sociedades mercantiles públicas y otros entes como institutos sectoriales o centros de innovación, elige contratar de manera unilateral con el entramado empresarial de Eulen (Eulen Centro Especial de Empleo, Eulen Seguridad y Eulen Servicios Sociosanitarios). Gracias a su diversificación, esta empresa cuenta con servicios de todo tipo que puede vender a toda la infraestructura de la Xunta, aunque lo más conocido popularmente, es su servicio de seguridad”, informa El Salto.