Pedro Sánchez ha pedido a José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado y este le ha contestado con una declaración de guerra: irse al Grupo Mixto, donde promete seguir dando batalla y despotricando del partido que se lo dio todo. La decisión del presidente del Gobierno español, sin duda, ha sido la más acertada. Y no solo por la rapidez con la que ha actuado: en apenas un par de días tras saltar el escándalo tomaba medidas drásticas para sacar del Grupo Parlamentario Socialista a un diputado que, si bien es cierto no está imputado en nada (de momento), es más que probable que tenga que pasarse por el juzgado para dar alguna que otra explicación.
La Justicia se ha tomado muy en serio el turbio asunto del cobro de comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, el llamado caso Koldo que salpica al asesor y colaborador más estrecho de Ábalos en su etapa de ministro de Transportes. Sin embargo, a menudo esa celeridad de los jueces y magistrados con el fango socialista se convierte en paso de tortuga cuando se trata de indagar en posibles trapacerías cometidas por el principal partido conservador. Como también contrasta la contundencia con la que se ha manejado Sánchez en este lamentable episodio con la inacción que siempre ha demostrado el PP a la hora de limpiar sus cloacas.
En los últimos años se han detectado numerosísimos escándalos políticos y económicos en Génova, asuntejos que ellos creen sin importancia y que Mariano Rajoy, en su momento, calificó de “casos aislados”. Paradigmático fue aquel momento para la historia en el que, en medio de un torbellino de corrupción en la Comnunidad Valenciana, el presidente del Gobierno colgó el cartel de “político ejemplar” a Carlos Fabra, el controvertido presidente de la diputación de Castellón encarcelado por algún que otro desliz. O cuando el propio dirigente gallego le dijo a Luis Bárcenas, el tesorero del PP implicado en el tema de la caja B del partido, aquello de “Luis sé fuerte, hacemos lo que podemos”. A día de hoy, el listado de juicios pendientes de los populares es tan largo como abochornante: 30 causas por corrupciónabiertas desde hace más de una década; treinta sumarios que sería imposible enumerar aquí porque se nos acabaría el espacio para la columna. Casos tristemente célebres como Gürtel, Lezo, Púnica, Erial, Kitchen y otros contra relevantes exdirigentes de la derecha que aún tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Y lo que es peor, a uno de sus últimos presidentes, Pablo Casado, lo echaron poco menos que a patadas por denunciar una supuesta corruptela en la adquisición de material sanitario, la que afectaba al hermanísimo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Qué mejor ejemplo que ese de que el PP convive con el dinero sucio sin ningún tipo de remordimiento ni cargo de conciencia y de que pobre de aquel al que se le ocurra airear la formidable y prodigiosa maquinaria de corrupción sistemática e institucionalizada que ha sido ese partido en los últimos años.
No, no está el PP como para dar lecciones a nadie sobre comportamientos políticos éticos, limpios y ejemplares. Y, sin embargo, Alberto Núñez Feijóo ha sacado pecho sin pudor en la última semana, arremetiendo contra Sánchez y el PSOE a cuenta del affaire que persigue a Ábalos cuando en su partido todavía quedan muchas alfombras por levantar. Precisamente, el mismo día que el líder de la oposición subía a la tribuna de oradores de las Cortes para acusar al presidente del Gobierno de connivencia con el caso Koldo (ese ya famoso “señor Sánchez, sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó”), algunas informaciones periodísticas apuntaban a que no solo los socialistas entraron en contacto con la red de Koldo García, mano derecha de Ábalos,sino que en alguna que otra conversación grabada a los presuntos implicados por la Guardia Civil aparecía también Miguel Tellado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y un tal “Alberto”. ¿Quién es este misterioso personaje? El hecho recuerda bastante a aquel acertijo que ocurrió con la famosa anotación en la caja B del partido (o sea las cuentas opacas, sin declarar), en la que aparecía un tal “M. Rajoy” como beneficiario de sobres, gratificaciones extra y pedreas que no pasaban por Hacienda. La Justicia nunca llegó a averiguar quién era aquel Eme Punto, uno de los casos más enigmáticos de la historia de España. Quizá fue que en la siempre atascada y burocrática oficina judicial no le pusieron demasiado celo profesional ni interés a la hora de indagar en el suceso. Eso sí, si en lugar de ese “M punto...” hubiese constado en la libreta “Pablo punto Iglesias”, hace mucho que el líder podemita estaría comiéndose la perpetua en Guantánamo.
A Sánchez solo le quedaba una salida a todo este embrollo del caso Koldo: aplicar el código deontológico con la mayor dureza e inflexibilidad posible para predicar con el ejemplo. Nadie hubiese entendido que el hombre que llegó a la Moncloa gracias a una moción de censura ante la tibieza del PP en la lucha contra la corrupción aplicara ahora la doble vara de medir y mirara para otro lado, pusiera paños calientes o afirmara cosas como que esto no es un caso del PSOE, sino un caso contra el PSOE ideado por la malvada Fiscalía (esas cosas llegaron a salir por boca de altos dirigentes genoveses).
Es cierto que al premier socialista, con fama de cruel y sañudo, no le tiembla el pulso a la hora de defenestrar a un amigo o estrecho colaborador, tampoco a alguien como Ábalos que llevaba toda su vida en el partido, un histórico, un peso pesado que además le acompañó, codo con codo, en su dura travesía por el destierro de España, como un Cid posmoderno, para recuperar Ferraz. Había razones políticas y personales para mantener al exministro en su acta de diputado pero, una vez más, el jefe decidió deslizar la guillotina, como un Robespierre del socialismo, sin piedad ni miramientos. Una frialdad que en este caso todos deberíamos agradecer, ya que el interés del país y la higiene democrática han de estar por encima de los sentimentalismos y los amiguetes. La prueba del algodón de que Moncloa ha hecho lo correcto está en que la izquierda a la izquierda del PSOE le ha agradecido la contundencia en la ejecución. La propia Yolanda Díaz ha asegurado que “la tolerancia cero con la corrupción es el límite”. Y lo dice la lideresa de un grupo político que cada vez que huele la corrupción cerca de sí se revuelve como un vampiro ante una ristra de ajos.
Sea como fuere, y volviendo al caso que persigue a Ábalos, lo lógico sería indagar hasta sus últimas consecuencia en las posibles corrupciones sanitarias de los dos pilares del bipartidismo. Más cuando ya se sabe que el pasado 2 de diciembre Koldo García comunicó a uno de los empresarios clave de la trama investigada, Juan Carlos Cueto, “que había quedado con Miguel Tellado y Alberto” para tratar, presuntamente, una reclamación del Govern balear a la empresa de la trama corrupta. Tellado ya sabemos quién es, y de Alberto qué podemos decir. La noticia bomba hizo que el líder popular se apresurara a rechazar, en los pasillos de las Cortes, cualquier tipo de insinuación maledicente sobre su persona. “Evidentemente, no”, dijo Feijóo con rotundidad al ser preguntado a su llegada al Senado por estos supuestos contactos con la trama mafiosa. Casi al mismo tiempo, el propio Tellado negaba que haya mantenido conversación alguna o reunión con el tal Koldo García. Todas estas sospechas deberían aclararse en una pertinente comisión parlamentaria de investigación, pero el PP se ha negado en rotundo a poner luz y taquígrafos a la hora de aclarar el infame cambalache en la compra de mascarillas en el que probablemente incurrieron más de una administración pública de uno y otro partido. Está claro que en el PP no quieren que se sepa toda la verdad. Sin embargo, reparten estopa a diestro y siniestro, sin compasión ni piedad, con el tema. Se resisten a que se indague en el affaire por si ellos salen escaldados, mientras no paran de dar lecciones de moralidad a los demás. Ante semejante hipocresía estomagante, solo cabría decir: ¿Lo ves, “Alberto”, ves como no se puede hablar?