Este martes se retomaron oficialmente en Ginebra las negociaciones sobre la exención de los derechos de propiedad intelectual de la tecnología COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Coincidiendo con esta cita, Médicos Sin Fronteras (MSF) pide a la Unión Europea, a Reino Unido y a Suiza que apoyen con celeridad una histórica suspensión que eliminaría los monopolios de propiedad intelectual sobre los instrumentos médicos COVID-19 y que ya cuenta con el apoyo de más de 100 países. MSF también insta a Estados Unidos a mostrar un liderazgo concreto para acelerar las negociaciones y ampliar el alcance de su apoyo más allá de las vacunas para incluir medicamentos y diagnósticos.
"Con casi seis millones de vidas perdidas en casi dos años de pandemia, resulta desgarrador seguir siendo testigos de la escandalosa desigualdad en el acceso a las herramientas médicas de COVID-19 en muchos de los países de ingresos bajos y medios en los que trabajamos, mientras que los países ricos que han acaparado las vacunas están ahora comprando gran parte del suministro de nuevos tratamientos", alerta Yuanqiong Hu, coordinadora de Políticas de la Campaña de Acceso de MSF. "La UE, Reino Unido y Suiza deberían atender el llamamiento de los países de ingresos bajos y medios para respaldar esta pionera exención que podría promover el acceso, la producción local y la autosuficiencia".
Además de la continua desigualdad en el acceso a las vacunas, el acceso a los tratamientos contra la COVID-19 sigue siendo un enorme desafío. El reciente tratamiento oral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el baricitinib, está ampliamente patentado en más de 50 países, y su precio está fuera del alcance de la mayoría de los estados de ingresos bajos y medios. Estas patentes no empezarán a expirar hasta 2029, y es probable que sigan bloqueando la producción y el suministro de genéricos en los países donde se han concedido. Las versiones genéricas de baricitinib están disponibles por 6 euros por tratamiento de 14 días en India y Bangladesh, 160 veces menos que el prohibitivo precio de Eli Lilly, titular de la patente, de 980 euros por tratamiento de 14 días en los Estados Unidos. La restrictiva licencia de Eli Lilly a las empresas de genéricos indias impide el suministro de versiones genéricas del medicamento a cualquier otro país fuera de India. El caso del bariticinib demuestra la necesidad urgente de adoptar la suspensión para que los países no dependan de los precios y los programas de suministro de Eli Lilly.
"El impacto de la pandemia en muchos países de América Latina, como Brasil, Bolivia, Colombia y Perú, ha sido devastador, con un número muy elevado de muertes y con los sistemas de salud y el personal luchando por asistir a los pacientes con COVID-19 en estado grave y crítico, con oxígeno y unidades de cuidados intensivos limitados", recuerda Felipe Carvalho, coordinador de la Campaña de Acceso de MSF en América Latina. "Mientras los países de América Latina siguen viviendo con el temor de la aparición de nuevas variantes que puedan amenazar la eficacia de las herramientas preventivas existentes, el acceso a medicamentos genéricos asequibles como el baricitinib y el nirmatrelvir/ritonavir será clave para tratar a las personas más vulnerables y a las que contraigan formas graves de la enfermedad. Ya es hora de que los estados contrarios respalden la exención de los derechos de propiedad intelectual para facilitar la producción de genéricos asequibles y el suministro de estas herramientas médicas en el mayor número de países posible".
Cada vez hay más pruebas que demuestran que la propiedad intelectual es uno de los obstáculos potenciales para garantizar la producción y el suministro local de vacunas y tratamientos contra la COVID19. Por ejemplo, Moderna ha obtenido amplias patentes en Sudáfrica sobre la tecnología ARNm de las vacunas, lo que suscita un riesgo legal para los productores alternativos que pretendan llevar sus vacunas al mercado.
Dadas las evidentes desigualdades existentes en el acceso a las vacunas, los medicamentos y las pruebas de COVID-19, MSF recalca que la exención final acordada en el marco del Acuerdo sobre los sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) debe ir más allá de las vacunas e incluir todas las tecnologías médicas esenciales, tratamientos y pruebas entre ellos, y que la duración de la exención sea de al menos cinco años para permitir que la fabricación y el suministro de las herramientas médicas COVID-19, incluidos los materiales y componentes necesarios, se preparen, amplíen, diversifiquen y mantengan.
"Nuestra experiencia en emergencias de salud pública y en algunas de las situaciones más difíciles del mundo, nos ha mostrado que el diagnóstico y el tratamiento son esenciales para la prevención y la mitigación de las enfermedades infecciosas y, fundamentalmente, para salvar vidas", recalca Hu. "Una exención centrada únicamente en las vacunas, mientras se ignoran otras herramientas médicas COVID-19, será un fracaso", concluye.