El gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado un borrador con propuestas para la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, sin embargo, estas medidas han generado polémica y críticas. Isabel Galvín, Secretaria General de CCOO, ha manifestado que el proyecto no aborda adecuadamente los problemas de financiación de las universidades públicas y fomenta la enseñanza privada.
Un proyecto sin detalles claros
Hace poco más de un mes, el gobierno de la Comunidad de Madrid comenzó a difundir un avance de propuestas de la futura ley, un documento de ideas que busca establecer un nuevo marco para la educación superior en la región. A pesar de los anuncios iniciales que prometían un texto articulado para finales de julio, este no se ha cumplido y la presentación del proyecto se ha retrasado al próximo otoño.
En una reunión mantenida el pasado 3 de julio, el Director General de Universidades explicó verbalmente a los representantes de CCOO las propuestas en las que está trabajando el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sin proporcionar ningún documento escrito al sindicato, mayoritario en las universidades públicas madrileñas. En estas circunstancias, es difícil para CCOO valorar un proyecto de ley a partir de un documento de ocho páginas con apenas unas pinceladas de la futura norma.
Críticas a la falta de apoyo a la universidad pública
Tras un primer análisis del borrador, CCOOconcluye que el gobierno autonómico está más enfocado en fomentar la enseñanza universitaria privada y en limitar la autonomía de las universidades públicas, en lugar de defender y financiar adecuadamente el sistema universitario público. Según Galvín, el borrador indica una intención de restringir incluso el derecho a la protesta dentro de las universidades públicas.
Isabel Galvín señala que una Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid debería respetar el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de la comunidad universitaria, en particular, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Además, debe definir claramente en qué consiste la "prestación del servicio público universitario", contemplando la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad, garantizado por las universidades públicas y con cumplimiento riguroso por parte de las privadas.
Aspectos fundamentales para una Ley de Universidades
Para CCOO, una ley adecuada debe garantizar una financiación que cubra el 100% de las necesidades básicas de las universidades públicas, en lugar del menos del 70% propuesto en el borrador. También es esencial incluir una política de becas y ayudas al estudio para que todos los ciudadanos madrileños puedan ejercer su derecho a la educación superior. Además, debe comprometerse a mantener los precios públicos a niveles asequibles, al menos como se aplicaban en 2011, y destinar al menos el 1% del PIB autonómico a la financiación de las universidades públicas madrileñas, en línea con la normativa nacional.
Otro punto esencial es no regular aspectos del personal de las universidades (PDI y PTGAS) de manera que interfieran en la negociación colectiva y no sean acordes a la legislación vigente. La Comunidad de Madrid, siendo uno de los principales polos universitarios del estado español, debe desarrollar una Ley de Universidades que impulse el sistema universitario público, principalmente en cuanto a la financiación.
Isabel Galvín concluye que es esencial contar con toda la comunidad universitaria, incluidos los sindicatos que representan a las plantillas universitarias, para desarrollar una ley que realmente impulse el sistema público y no continúe favoreciendo a la enseñanza privada.
La necesidad de un enfoque inclusivo y justo
El proyecto de ley presentado por el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido recibido con críticas por su falta de claridad y por no abordar de manera efectiva los problemas de financiación de las universidades públicas. CCOO insiste en que cualquier reforma debe centrarse en fortalecer la educación pública, asegurando una financiación adecuada, políticas de becas justas y el respeto a los derechos y la autonomía de las universidades.