En el tablero de la sanidad europea, España ha obtenido un pobre quinto lugar por la cola en número de camas hospitalarias en proporción a su población, con apenas 288 plazas por cada 100.000 habitantes, según los datos recopilados por Eurostat. Lejos quedan los tiempos en que la ratio superaba ampliamente la media comunitaria. Desde 2020, España perdió siete camas por cada 100.000 ciudadanos, una tendencia que refleja el descenso gradual que ha experimentado toda la Unión Europea en la última década.
Mientras que en 2013 la media de la UE se situaba en 552 camas por cada 100.000 habitantes, en 2023 ese indicador se ha reducido hasta 511, y comparado con el año anterior ha caído en seis unidades. En el extremo opuesto del ránking comunitario, países como Bulgaria y Alemania mantienen cifras muy superiores a las españolas, superando las 700 camas por cada 100.000 habitantes, pero incluso naciones como Chipre (298 plazas), Irlanda (289) o Finlandia (260), aparecen por delante de España en el reparto de recursos de hospitalización.
La estadística podría inducir a pensar en una merma de la capacidad asistencial, pero varios expertos subrayan que la disminución de camas no siempre es sinónimo de menor calidad o cobertura sanitaria. Los avances en tecnología médica y en alternativas ambulatorias han permitido que muchos procedimientos, desde cirugías menores hasta tratamientos de diagnóstico, no requieran ya estancias largas en hospitales. En este sentido, la reducción de la estancia media, que ha pasado de superar los diez días a rondar los seis en muchos países desarrollados, amortigua el impacto de la menor densidad de plazas.
No obstante, el contraste se hace más patente al comparar España con los países nórdicos y del centro de Europa: mientras aquí apenas alcanza las 288 camas, Suecia se sitúa en 187, Dinamarca en 233 y Países Bajos en 231, es cierto, pero estas mismas naciones lideran otro tipo de ratio: la de camas de larga duración. En residencias de ancianos y centros sociosanitarios, la plaza por plaza, los neerlandeses ofrecen hasta 1.400 camas por cada 100.000 personas, superando incluso a Bélgica y Suecia, que cuentan con 1.250 y 1.315 camas respectivamente. En este listado, España aparece en la posición 14, con 842 plazas, lo que prueba que la atención española a la dependencia y al envejecimiento poblacional goza de una mayor cobertura que la hospitalaria de corto plazo.
Pese a ello, la opinión pública y los profesionales sanitarios siguen preocupados por la escasez de infraestructura en momentos de crisis. Durante la pandemia, quedó patente que el margen de maniobra para ampliar plazas de cuidados críticos o habilitar hospitales de campaña es más limitado en países con menos camas base. Los datos de Eurostat confirman que, aunque la media europea ha menguado, el número de camas de cuidados intensivos y polivalentes no ha descendido con la misma rapidez, quedando en 12,6 por cada 100000 habitantes en España, frente a la media de 13,5 de la UE.
Al final, la cuestión no reside solo en contabilizar camas, sino en medir la capacidad real del sistema para adaptarse y mantener la atención sanitaria en situaciones de estrés. Sin un impulso a la inversión pública y sin acuerdos con las comunidades autónomas, el reto será difícil de afrontar.
En un contexto de envejecimiento acelerado y aumento de enfermedades crónicas, el reto de garantizar una sanidad robusta no admite complacencias. La disminución de camas obedeció en parte a una estrategia de eficiencia, pero la experiencia reciente revela que conviene mantener un colchón sanitario que permita absorber picos de demanda sin colapsos. El dato de 288 plazas sigue siendo un aviso: si Europa mengua sus recursos asistenciales, España no puede permitirse arriesgar su margen de respuesta. La salud de todos depende, al fin y al cabo, de contar con la infraestructura suficiente para atenderlas cuando más se necesita.
Las políticas privatizadoras y de recortes del PP
Esta situación crítica que muestra el informe de Eurostat no sale de la nada, sino que es la consecuencia de las políticas que el Partido Popular lleva aplicando en las comunidades autónomas que gobierna, polícitas centradas en un modelo privatizador y de depauparización de los servicios públicos, un modelo que olvida que la sanidad y el cuidado de la salud es un derecho fundamental y no un nicho de negocio para multinacionales y aseguradoras.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se erigen como los principales responsables de la carencia de camas hospitalarias que sitúa a España a la cola de la Unión Europea. Con una media nacional de 288 camas por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media comunitaria (511) y empeorada desde 2020, Madrid, Andalucía, Galicia, Valencia y otras regiones conservadoras han priorizado los recortes presupuestarios y la externalización de servicios frente a la inversión en capacidad sanitaria pública.
En Madrid, por ejemplo, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recortado sistemáticamente el personal de enfermería y ha cerrado plantas enteras en hospitales de referencia, bajo el argumento de “optimizar recursos”. El resultado: hospitales saturados, esperas interminables en urgencias y pacientes desplazados a centros privados.
Mientras tanto, la Comunidad Valenciana, bajo la administración de Carlos Mazón, ha externalizado la gestión de varios hospitales comarcales, reduciendo el número de camas operativas y encareciendo los tratamientos básicos de sus ciudadanos.
En Andalucía, Juanma Moreno Bonilla ha prometido un “modelo sanitario de eficiencia”, que en la práctica ha traducido en cierres temporales de camas en picos de demanda y en el supuesto encubrimiento de listas de espera reales. Los datos oficiales reflejan que la Junta andaluza redujo 10 camas por cada 100.000 habitantes en los últimos tres años en un sistema ya de por sí colapsado. A ello se suma la privatización parcial de la gestión de hospitales en Málaga y Sevilla, donde la atención primaria asume la sobrecarga derivada de las limitaciones de la atención hospitalaria.
Galicia y Murcia, también gobernadas por el PP, siguen un patrón similar: identidades sanitarias vendidas bajo la consigna de “liberar la iniciativa privada” y “descongestionar la sanidad pública”. Sin embargo, la consecuencia más palpable es la disminución de plazas en UCI y la falta de habitaciones para pacientes crónicos o de media estancia. Los profesionales denuncian la precarización de las condiciones laborales, con enfermeros y auxiliares trabajando en turnos abusivos para cubrir los huecos causados por los recortes.
La insistencia de las autonomías del PP en vender la sanidad como un negocio rentable choca de bruces con la realidad de una población envejecida y con creciente cronicidad. Cada cama suprimida o inhabilitada supone un enfermo más desplazado, una familia más estresada y un sistema al borde del colapso. No es un problema de números aislados, sino de decisiones políticas: la ausencia de camas es la consecuencia directa de una estrategia que ha priorizado las cuentas de los gestores sobre el derecho a la salud de los ciudadanos.
Mientras Europa avanza hacia modelos integrales que combinan hospitalaria, atención primaria y cuidados de larga duración, las comunidades del PP retroceden al siglo XIX. La escasez de camas hospitalarias en sus territorios no es mal cálculo técnico, sino opción deliberada: recortar lo público para allanar el camino a lo privado. Y esa decisión equivale a renunciar a la salud de millones de españoles.