Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al proyecto de Decreto por el que se crea y regula la aceleradora urbanística que pretende la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La organización solicita la ampliación del plazo de información pública y denuncia que "la Comunidad de Madrid haya fijado dicho periodo durante el mes de agosto (del 18 de agosto al 3 de septiembre) que, al coincidir con las vacaciones de gran parte de la población, dificulta gravemente la participación ciudadana y vulnera los derechos sustantivos reconocidos por el Convenio internacional de Aarhus" y la Ley 27/2006, de 18 de julio, sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
El proyecto de Aceleradora Urbanística consiste, de forma resumida, en la creación de un organismo autonómico presidido por la persona titular de la Consejería competente en materia urbanística, compuesto además por las personas titulares de otras 5 viceconsejerías y del Canal de Isabel II. Sus funciones serían la “agilización” de la tramitación de los expedientes de planeamiento urbanístico mediante la coordinación centralizada del proceso de emisión de los informes sectoriales preceptivos, así como la potestad de declaración de aquellos como de ‘especial relevancia’, para su tramitación urgente.
Más allá de los detalles técnicos, para los ecologistas, el proyecto se inscribe en la política del gobierno de la Comunidad de Madrid "de desregulación normativa y facilitación de la especulación inmobiliaria, con los antecedentes más inmediatos en la Ley Ómnibus 2024, con el objetivo declarado de promover grandes operaciones urbanísticas en el territorio para lo que persigue la eliminación o reducción de los controles públicos en materia ambiental y social a los que obliga la legislación del suelo".
Las alegaciones formuladas al proyecto de Decreto giran en torno a varios aspectos. Uno de ellos, "la debilidad de la justificación de la Aceleradora Urbanística por la ausencia de un estudio riguroso del problema que se supone que esta ha de resolver, es decir, la excesiva dilación en los plazos de emisión de informes técnicos preceptivos en la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial en la región madrileña".
La organización ecologistas acusa al gobierno autonómico de no haber proporcionado "información alguna sobre la situación actual de dichos plazos, ni en qué medida exceden los previstos en la ley, ni en qué organismos se producen las dilaciones más significativas, ni mucho menos un estudio de las causas de dichas dilaciones".
Además, aunque la Aceleradora Urbanística es sólo una de las posibles soluciones al problema supuestamente enfrentado, "el proyecto no analiza otras soluciones como la mejora de los servicios técnicos o de la regulación normativa, o de la coordinación del proceso de tramitación, que pudieran ser alternativas o complementarias a ese nuevo organismo".
Tampoco el proyecto plantea que tanto el supuesto problema como las posibles soluciones "deben asegurar que los informes sectoriales se realizan en las adecuadas condiciones de rigor y calidad, no bajo una presión o ‘aceleración’ forzada".
Invasión de competencias municipales
Otras cuestiones alegadas se refieren a "la dejación del gobierno autonómico de sus obligaciones legales en materia de ordenación territorial, 30 años después de haber asumido las competencias, algo que debería ser previo a cualquier mecanismo facilitador de grandes operaciones territoriales, como el de la Aceleradora Urbanística proyectada, para que nuestra región disponga de un marco territorial integral y sostenible. Y también a la invasión de la autonomía municipal que el Decreto en su actual redacción permitiría por parte de la Aceleradora Urbanística invadiendo competencias de los ayuntamientos. Incluso, la presencia de los ayuntamientos en los debates y votaciones sobre los instrumentos urbanísticos y de ordenación del territorio que les afectan, no estaría garantizada, pues se pretende establecer como una prerrogativa del órgano de la Aceleradora Urbanística".
Proyectos de mayor impacto con un procedimiento de menor exigencia
Por otro lado en el proyecto se plantea la declaración de especial relevancia de manera automática a los instrumentos urbanísticos y de ordenación del territorio que pretendan un incremento de al menos el 10% adicional a la población de derecho, en los municipios de más de 5.000 habitantes (artículo 9) "premiando así los proyectos de mayor impacto o dimensión territorial y social con un procedimiento de menor exigencia (o mayor ‘agilidad’, o mayor ‘aceleración’) de revisión técnica y tramitación, cuando por simple lógica parece que les serían exigibles un mayor rigor y tiempo de evaluación, como también a los proyectos que sean aprobados por la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid, normando una puerta de atrás que disminuiría aun más las garantías y los tiempos de evaluación".
Finalmente, las alegaciones entran en distintos "aspectos incoherentes o imprecisos en el proyecto de Decreto, tales como los criterios y procedimientos para la declaración de especial relevancia a determinados proyectos, o para su tramitación urgente y/o preferente, la garantía de la información pública y participación ciudadana en esos procesos".
Desde la organización consideran que "lo que sí sería necesario acelerar en la región son el desahogo de las listas de espera de la sanidad pública, la dotación de plazas en la enseñanza pública en todos los niveles y especialmente en la formación profesional, las ayudas a la dependencia, etc".
Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha reclamado la retirada del proyecto de Decreto.