Esta semana, España se ha sacudido por conocer de primera mano en la voz de sus protagonistas, algo que todo el mundo sabía: la relación entre Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey. Los audios publicados por OkDiario muestran la complicidad de la pareja y, posteriormente, las reclamaciones de contrapartidas económicas a cambio de silencio.
Distintas fuentes afirman que el número de amantes o de «rolletes» de Juan Carlos I podría situarse en varios miles. El problema está cuando esos amoríos han sido tapados con dinero público, porque ahí ya se convierte la vida privada en un asunto de Estado, sobre todo cuando éste pone a disposición del rey recursos públicos para silenciar a las «amigas entrañables». Que el monarca utilice su dinero, conseguido de tal o cual manera, para pagar ese silencio, podría ser lógico, mucha gente lo hace. Pero el dinero público es de todos los ciudadanos de este país y debería estar destinado para lo que de verdad es una cuestión de Estado: el bienestar del pueblo.
Este es el caso de una de las aventuras más largas del rey Juan Carlos, que se inició en el verano de 1979 y se alargó hasta la década de los 90 del siglo pasado.
Distintas fuentes afirman que, hasta el año 1985, la entonces «amiga entrañable» del rey recibió una asignación mensual que no bajó de 1 millón de pesetas (6.000 euros), dinero que fue pagado con los fondos reservados adjudicados a Presidencia de Gobierno.
Así lo denunció y publicó el coronel Amadeo Martínez Inglés. A partir del año 1985, esa asignación o «salario» procedentes de esos fondos reservados mensual subió a 2 millones de pesetas (12.000 euros). «Era un incremento espectacular, pero perfectamente asumible por el pozo sin fondo de los dineros sin justificar que los Gobiernos de turno de la democracia española han venido dedicando, desde 1975, a fruslerías tales como los GAL, los confidentes, la compra de dossiers, la corrupción de tránsfugas políticos, las querindongas de altos cargos, la compra de voluntades exteriores útiles al Estado», afirma el coronel.
En 1994 la «amiga entrañable» del rey Juan Carlos recibió el mensaje de que la relación se había terminado y, evidentemente, la asignación mensual se acababa. La reacción de la ya ex amante del monarca fue fulgurante y amagó con hacer públicos unos vídeos que grabó durante sus encuentros íntimos si no se le pagaba una elevada cantidad de dinero.
«Ante esta nítida amenaza a los cimientos mismos de la estructura de la monarquía juancarlista, el CESID, de acuerdo con el hombre de confianza de La Zarzuela y testaferro real, Manuel Prado y Colón de Carvajal, decide intervenir. Varios agentes especiales adscritos a su Grupo Operativo allanan en su ausencia el domicilio de la despechada mujer con dos objetivos precisos y bien diferenciados: hacerse con las peligrosas cintas de vídeo en cuestión y dejar a propósito abundantes huellas del asalto como claro mensaje intimidatorio. Pero la operación, al menos aparentemente, fracasará en ambos frentes. Las cintas oficialmente no aparecen por ningún lado (según algunas fuentes muy reservadas del propio CESID y de la Inteligencia del Estado Mayor del Ejército sí fueron encontradas y convenientemente «procesadas» por el comando, lo que supondría, caso de ser cierta la información, una nueva fuente de incertidumbre para la Casa Real española) y la antigua amiga del monarca no se arredra en absoluto con la aparatosa invasión de su intimidad. Todo lo contrario. Aunque la presión del aparato del Estado empieza ya a hacer mella en sus emolumentos y también en sus contratos artísticos, que desaparecen como por ensalmo, y en sus amigos, que huyen de ella como de la peste, lanza un ultimátum al rey utilizando uno de los canales reservados de relación que todavía mantiene abiertos. O se pacta con ella una muy sustancial contraprestación económica por su silencio o los ya famosos vídeos (en esos momentos ya en boca de tertulias y mentideros de la prensa rosa del país) serán distribuidos a los medios de comunicación en la forma que ella estime conveniente», afirma Martínez Inglés.
El amago de publicar esa documentación gráfica se tomó muy en serio en la Zarzuela y fue nuevamente Manuel Prado y Colón de Carvajal quien sacó las castañas del fuego al rey Juan Carlos ultimando con la ex amante un pacto de no agresión por el que «a cambio de guardar los acusadores vídeos en una caja fuerte controlada por ambos (doble llave y doble combinación) que le montarán en su domicilio y a la que Prado podrá acceder cuando le parezca oportuno, en presencia de la dama, recibirá mensualmente la astronómica cantidad de dinero antes citada. Además, ella se compromete a no hablar jamás en el futuro de cualquier pasaje de su vida privada que pueda involucrar a su majestad el rey».
Todo esto funciona hasta que se produce el cambio de gobierno en 1996. El nuevo presidente, José María Aznar, al enterarse que se está gastando dinero de los fondos reservados de Presidencia ordenó la paralización inmediata de los pagos. La reacción de la ex amante del rey Juan Carlos fue la que se esperaba en Zarzuela: nuevas amenazas de hacer públicos los vídeos y reclama mucho dinero a cambio de entregar todo el material.
«Aunque las garantías para el Estado son mínimas y no hay constancia del número exacto de cintas existentes, de las posibles copias que han podido fabricarse a partir de ellas, así como de su posible exportación a otros países, la explosión mediática a nivel mundial que puede provocar la bomba que representan las cintas de vídeo es de tal magnitud que fuerza, una vez más, la rendición del Gobierno español. A su presidente, furioso, no le queda otra opción que mirar para otro lado, transigir con un asunto que si se le va de las manos puede arruinar su primera legislatura en el poder y acceder a que sea ahora el Ministerio del Interior (ya que él, desde Presidencia, no quiere saber nada del asunto), y en varios plazos, el que le entregue a la avariciosa ex amiga del monarca, como finiquito». La cantidad reclamada: 100 millones de pesetas (600.000 euros).
Si realizamos las cuentas de cuánto dinero público recibió sólo esta ex amante del rey Juan Carlos por su silencio desde el año 1979 estaríamos en una cantidad cercana a los 500 millones de pesetas (3 millones de euros). Además, el problema no quedó del todo solucionado porque, según indica el coronel Martínez Inglés, los servicios de inteligencia creen que aún existen núcleos de material sensible relacionado con esa relación del rey Juan Carlos, tal y como se ha demostrado con los audios publicados esta semana.
La pregunta que surge es evidente. Con el enorme número de amantes y amigas entrañables que ha tenido el rey Juan Carlos, ¿cuántos millones de euros se ha destinado para que éstas guarden silencio? ¿Cuántas prebendas profesionales se habrán pactado? ¿Una democracia está para tapar los escándalos de los borbones? Cada respuesta que se dé a estas cuestiones son perjudiciales para la imagen de España que, al fin y al cabo, el rey está obligado a defender.