La tarde del 29 de octubre, fatídica jornada de la riada de Valencia, Carlos Mazón la pasó en el restaurante El Ventorro en compañía de la periodista valenciana Maribel Vilaplana, a la que pretendía ofrecerle la dirección de la cadena de televisión À Punt. Mientras tanto, el Cecopi era un desastre, la señal de alerta se lanzó a la población cuando ya era tarde (se registraron 228 fallecidos) y la sensación que se transmitió es que nadie estaba al mando. Mazón nunca ha explicado cuánto tiempo pasó en el local ni lo hará, ya que ese dato podría ser letal para él.
Solo Vilaplana podría aclarar qué pasó, por qué el barón valenciano no dio señales de vida pese a que su consellera de Interior, Salomé Pradas, lo buscaba desesperadamente para que le impartiera instrucciones sobre cómo actuar. El testimonio de Vilaplana se antojaba crucial para reconstruir esos momentos decisivos de la historia de la Comunidad Valenciana y también de España, pero por lo visto la jueza de Catarroja no lo estima oportuno. Como tampoco ve necesario que comparezcan como testigos los camareros de El Ventorro, que tuvieron contacto con el jefe del Consell en aquellas horas trágicas. También ellos barajan información de primera mano para reconstruir la secuencia de los hechos del día 29.
¿Por qué esta extraña decisión? ¿A qué se debe que una jueza de instrucción que hasta la fecha se había mostrado valiente y con coraje suficiente para instruir el sumario haya decidido no seguir tirando la manta? Y aquí, una vez más, solo cabe una explicación: las presiones políticas de la cúpula conservadora de la judicatura han podido surtir efecto. Alguien ha debido dar el toque a la magistrada para que no le ponga tanto celo profesional al expediente de la dana. Para que deje respirar a Mazón. Catarroja es un partido judicial pequeño y este caso debería haber pasado, hace ya mucho tiempo, a un juzgado o tribunal de mayor rango, donde un juez con recursos y poder de influencia lo hubiese tenido mucho más fácil para ejercer su labor con imparcialidad e independencia.
Pocos son los jueces que deciden empeñar sus vidas para aclarar la verdad, aunque ello suponga enfrentarse a los poderes fácticos. El juez José Castro fue uno de ellos. El magistrado tuvo el valor de sacar adelante la instrucción del caso Nóos, por el que fue condenado a varios años de prisión Iñaki Urdangarin, exyerno del rey de España y exduque de Palma. Aquel caso le costó al jurista quebraderos de cabeza y alguna que otra amenaza, pero él cumplió con su labor de forma íntegra y profesional. Tal es así que en 2013 se convirtió en el primer juez en la historia de España que imputaba a un miembro de la Casa Real, la infanta Cristina de Borbón. Cuesta trabajo creer que la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz, sea capaz de alcanzar ese nivel de independencia judicial. Las declaraciones de Vilaplana y los camareros de El Ventorro se antojaban cruciales, no solo para el esclarecimiento de los hechos, sino para tranquilizar a los familiares de las víctimas, que esperan que se llegue hasta el final en la búsqueda de la verdad. La noticia de que se echa tierra encima, para no hundir aún más a Mazón, debe haber caído como un jarro de agua fría, nunca mejor dicho, sobre todos ellos, también sobre miles de valencianos que empiezan a pensar, y con razón, que en este país no existe una justicia auténticamente justa.
Por un momento, dio la sensación de que Nuria Ruiz era de esas juezas que no sueltan a su presa hasta sentarla en el banquillo. Su auto demoledor, en el que apunta a la responsabilidad directa de la Generalitat en las 228 muertes, nos lo hizo pensar. No va a ser así. Sin estas declaraciones de testigos de cargo fundamentales, Mazón se irá de rositas. Nadie podrá desmontar sus coartadas. Y aquí cabe preguntarse qué influencia ha podido tener la prensa de la derecha en las últimas extrañas decisiones de la instructora de Catarroja. Noticias como la aparecida hoy en El Confidencial, donde se lanzan insinuaciones bajo el titular de Lío con el marido de la jueza de la dana. Y acto seguido el periódico habla de que los investigados se mueven para tumbar la instrucción. Así es, las defensas de la consellera Pradas y del secretario autonómico Emilio Argüeso sopesan elevar una queja al CGPJ por una posible influencia del también magistrado en la causa, con el fin de buscar la nulidad, mientras la Fiscalía defiende a la instructora. Es evidente que están tratando de asfixiar a Ruiz para salvar al soldado Ryan Mazón. La caverna judical se ha puesto a pleno rendimiento, colocando la diana sobre la jueza y su familia. Y a la magistrada le pueden haber temblado las pienas. Otra mala noticia para el Estado de derecho.
Más decisiones
Mientras tanto, la jueza de Catarroja ha vuelto a rechazar la imputación en la causa de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, dado que la protección civil es competencia autonómica y “la patente inactividad” se produjo en el ámbito autonómico.
En un auto dictado este lunes, y al que ha tenido acceso Efe, la titular de Instrucción 3 de Catarroja reitera que la declaración de emergencia nacional “ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la Administración autonómica valenciana, de la que formaban parte” los dos únicos investigados hasta ahora en esta causa: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
Además, la jueza ha rechazado por ahora elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia valenciano para la posible imputación como investigado del president de la Generalitat, Carlos Mazón. En el auto de este lunes, la magistrada rechaza “en el presente momento”, al no estar agotada la fase de instrucción, la petición realizada por una acusación particular sobre dar traslado de las actuaciones al TSJCV, que sería el órgano competente para investigar y juzgar a Mazón por su condición de aforado.
Además, recuerda que se le ha dado a Mazón la posibilidad de declarar de forma voluntaria como investigado, a la vista de las denuncias y querellas formuladas contra él.