Las protestas ponen en el foco a gobiernos como el de Alfonso Rueda y Mañueco, a quienes acusan de haber desmantelado el operativo de prevención mientras el fuego devasta montes, pueblos y patrimonio natural. Cientos de personas se manifiestan en Galicia, Castilla y León y otras regiones para denunciar la ausencia de prevención, la falta de personal y el desmantelamiento de los servicios públicos mientras el fuego devora territorio y patrimonio.
La rabia ha prendido más rápido que las llamas. Vigo, Ponferrada, Salamanca y decenas de localidades han salido a la calle para denunciar lo que ya no puede taparse con ruedas de prensa ni propaganda: una gestión forestal fallida, basada en el abandono rural y en la precarización de los servicios públicos, con efectos devastadores para los montes, las aldeas y la biodiversidad. Galicia, uno de los epicentros del desastre, ha sumado su voz a una oleada de protestas que exige no solo responsabilidades políticas, sino también un cambio radical de modelo.
Una ciudadanía harta de excusas: "Si no saben gobernar, que se larguen"
En Vigo, el grito unánime exigía la dimisión de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, por su nefasta gestión del operativo de incendios. Las movilizaciones, impulsadas por la plataforma Por un monte gallego con futuro, se extendieron a 16 municipios gallegos, donde vecinos, brigadistas y activistas alzaron la voz contra años de abandono, de recortes y de mentiras institucionales.
"No quiero que quemen nuestra tierra", decía un joven manifestante. Otros señalaban directamente a la falta de prevención, a la desprotección de las comunidades rurales y a la descoordinación de medios como claves de un desastre que no es solo ambiental, sino político y estructural. Porque cuando un territorio arde año tras año, la culpa no es del clima, sino de quienes tenían en sus manos evitarlo y no lo hicieron.
La Xunta presume de "dispositivo histórico", pero sus motobombas se quedan en el garaje por falta de personal. Pide refuerzos al Estado mientras mantiene plazas vacías y desoye las advertencias de los propios brigadistas. ¿Dónde estaban los refuerzos en enero, cuando ya se sabía que sería un verano seco y extremo?
El fuego revela un modelo fallido: recortes, privatización y propaganda
En Ponferrada, Salamanca y Valladolid, las concentraciones coincidieron en un diagnóstico: los gobiernos autonómicos no solo no han estado a la altura, sino que han dinamitado durante años las estructuras públicas de prevención y extinción. El caso de Castilla y León, con Mañueco y Suárez-Quiñones en el punto de mira, es calcado al gallego: recortes sistemáticos, vacantes sin cubrir, externalizaciones opacas y una respuesta tardía cuando ya es demasiado tarde.
“Esto es una tragedia y la respuesta institucional ha sido insuficiente”, denunció Adriana González, portavoz de la plataforma Stop Incendios. Y advirtió: “Las responsabilidades deben depurarse, incluso en los tribunales. Nada puede quedar impune”.
Las Médulas, patrimonio mundial, ha ardido sin que la Junta reaccionase con rapidez. Candelario ha visto cómo se reactivaban focos ante la impotencia de los servicios de extinción. Y en Ourense, la tierra arrasada ya supera las 80.000 hectáreas. La historia se repite, pero no por fatalidad, sino por decisiones políticas.