Mientras toda la atención se centraba en la DANA y sus devastadoras consecuencias, el Gobierno español también estaba negociando en secreto un paquete fiscal clave. El acuerdo, alcanzado entre María Jesús Montero (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar), apunta a una fiscalidad más progresista, con medidas que abarcan desde un aumento del IVA para las viviendas turísticas hasta un impuesto a bienes de lujo. Sin embargo, la dificultad no reside solo en el pacto dentro del Gobierno, sino en convencer a una heterogénea mayoría parlamentaria, con socios como Junts o el PNV que tienen posturas fiscales distantes de la izquierda.
Sumar ha logrado introducir cambios significativos en la política fiscal, orientados a aumentar la recaudación y acercar la presión fiscal española a la media europea. Entre las medidas acordadas destacan un IVA del 21% para apartamentos turísticos y una subida de dos puntos en las rentas de capital que superen los 300.000 euros, así como la eliminación de beneficios fiscales para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMIs). Esta serie de ajustes está pensada para asegurar el flujo de fondos europeos, con Bruselas presionando para que España incremente sus ingresos fiscales.
No obstante, el avance de este paquete fiscal ha topado con resistencias inesperadas. A pocos minutos de iniciar la Comisión de Hacienda donde se iba a votar el paquete, ERC y Bildu amenazaron con tumbarlo, forzando al Gobierno a cancelar la sesión. La oposición de estos partidos no es el único escollo: Junts, por su parte, ha sido explícito en su rechazo a la prórroga del impuesto a las grandes energéticas, una medida a la que se opone férreamente.
El pulso de ERC, en plena contienda interna precongresual, y la negativa de Junts, son solo la punta del iceberg en un panorama donde el PNV también presiona en defensa de los intereses de las grandes empresas vascas. El Gobierno ha reabierto las conversaciones con la esperanza de asegurar el apoyo de ERC y Bildu, vitales para aprobar el paquete antes de fin de año y asegurar el nuevo tramo de 10.000 millones de fondos europeos.
Un equilibrio complejo en la coalición de Gobierno
Mientras tanto, Moncloa insiste en que no se anticiparán elecciones si los Presupuestos no logran salir adelante, pero reconoce que la negociación será ardua. En juego está no solo el paquete fiscal, sino también otras cuestiones como la reducción de la jornada laboral, defendida por Sumar pero rechazada por Junts y la patronal. Este paquete, diseñado para asegurar una fiscalidad más justa y sostenible, enfrenta al Gobierno a un desafío de equilibrios constantes para mantener su mayoría parlamentaria.
El paquete fiscal no solo busca la recaudación adicional que España necesita para cumplir con Bruselas, sino que responde a una visión de justicia social defendida por Sumar y el ala más progresista del Gobierno. No obstante, el PSOE sabe que sin concesiones será imposible lograr un acuerdo con sus socios parlamentarios, quienes buscan proteger intereses diversos.
La próxima semana será decisiva. Los negociadores intentarán sumar apoyos y superar las reticencias de sus socios en un contexto político cargado. Moncloa mantiene el optimismo, pero la falta de consenso podría resultar en un bloqueo prolongado, con serias consecuencias para el curso de la legislatura.