Junts ha adelantado que votaráen contra del decreto ‘omnibus’ del Gobierno sobre Justicia porque, a su juicio, “pone en peligro” la aplicación de la ley de amnistía, según ha avanzado TVE y han confirmado fuentes del partido a Europa Press este viernes. Las mismas fuentes han argumentado que el decreto también afecta a competencias de la Generalitat y “agrava la infrafinanciación”. Además, lamentan que Moncloa les haya enviado el borrador de dos reales decretos sin margen para poder estudiarlos con detalle y en profundidad.
Junts no está de acuerdo con un punto del decreto que podría afectar a la aplicación de la ley de amnistía. El epígrafe conflictivo radica en la reforma que propone modificar la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim). Se trata del artículo 43 bis del decreto, que recoge que las causas judiciales se tendrían que paralizar cuando un magistrado plantease una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE). Esto afectaría directamente, según los independentistas, a la aplicación de la ley de amnistía una vez sea aprobada.
Puigdemont paraliza las ayudas europeas
El problema es que el decreto ómnibus del Gobierno incluye también otras materias que dependen de la decisión de Puigdemont para validarse o rechazarse conjuntamente. Es decir, si Junts rechaza lo referente a la amnistía, tumba todo el decreto. Entre estas medidas se encuentran la solicitud del cuarto tramo de ayudas de la UE, una dotación de 10.000 millones de euros que correspondería al Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea. Por lo visto a Junts le da lo mismo que un maná europeo tan necesario para la recuperación pueda perderse por anteponer la amnistía a todo lo demás.
Ahora se está viendo lo que es este partido echado al monte antisistema: una fuerza de derechas que privilegia sus intereses al bienestar de los ciudadanos. De momento, el otro gran partido soberanista, Esquerra Republicana, no parece estar por la labor de torpedear medidas que en principio son buenas para las clases más desfavorecidas. Está claro que los dos socios de Sánchez practican políticas muy diferentes.
Aunque el ministro Félix Bolaños cree que todo se debe a un “malentendido” y que finalmente el decreto será convalidado en el Parlamento, Junts exige que se retire la normativa y se elabore una nueva para dejar al margen la amnistía: “No nos fiamos del Gobierno”, aseguran fuentes del partido de Carles Puigdemont.
Medidas anticrisis
Cabe preguntarse ahora si Junts paralizará también otras medidas sociales que el Gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros recientemente dentro de su plan anticrisis. Junto a la revalorización de las pensiones y la prórroga del salario mínimo interprofesional, el Ejecutivo ha optado por mantener la mayor parte de las medidas tomadas en 2022 para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Sin embargo, se recupera paulatinamente el IVA de la electricidad, el impuesto sobre la producción eléctrica y el impuesto especial de la electricidad (el IVA del gas recuperará los valores normales a partir de marzo). Por otro lado, se prorroga el bono social para los más vulnerables.
En general, se mantienen algunas de las medidas de mayor impacto en la renta de los trabajadores, como el IVA sobre alimentos básicos, las ayudas al trasporte público, el bono social para que los hogares vulnerables puedan mantener su consumo de energía, agua o gas, la protección anti-desahucio, las ayudas y beneficios fiscales a los autónomos y la protección a los trabajadores mediante la prohibición de despedir por incremento de costes energéticos o por causas relacionadas con la invasión de Ucrania hasta el 30 de junio de 2024.
Tasa a los bancos
Se revalida también el impuesto a la banca y a las eléctricas, ante sus extraordinarios beneficios derivados de la crisis (y no porque estos sectores se han hecho más eficientes), algo que UGT considera acertado. “Sin embargo, como se apunta por el Ejecutivo, el Gobierno debería convertir esa medida en permanente, y, además, extenderlo a otros sectores (como las grandes superficies distribuidoras de alimentos) que se están aprovechando de su situación de poder dominante de mercado para incrementar precios y beneficios empresariales. El Real Decreto también contiene una limitación de las comisiones que cobran los bancos ya sea en cuanto a disposición de efectivo de colectivos vulnerables, ya sea en cuanto a cancelación de hipotecas”, aseguran fuentes de UGT.
Este sindicato entiende que el Ejecutivo no puede obviar que la supresión paulatina de estas medidas de ayuda a las familias y a los trabajadores y trabajadoras de renta media supone un nuevo shock negativo de renta a los ciudadanos, una vez que implica ampliar la transferencia de renta neta hacia los empresarios, por lo que la eliminación completa de estas medidas “debe venir acompañadas de medidas compensatorias en forma de mayor progresividad en la política fiscal, el fortalecimiento de las políticas de empleo y rentas salariales y el mayor protagonismo a los interlocutores sociales en las decisiones de políticas económicas, ya que las medidas que se publican hoy en el BOE no han sido tratadas en ámbito del dialogo social”.
El sindicato reclama que nuestro país no se sume, de ninguna manera, a la austeridad fiscal, pues la política monetaria de tipos de interés elevados del Banco Central Europeo ha sido ineficiente para controlar la inflación a lo largo de estos dos últimos años, arrojando todo el peso de esta sobre la renta de los trabajadores.