Sumar quiere declararle la guerra al piso turístico. El partido de Yolanda Díaz ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados con la que propone una modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que sus tipos se vean incrementados en inmuebles urbanos que superen los 250.000 euros de valor catastral, así como recargos del 50 por ciento en el tributo a las viviendas y los alojamientos en habitaciones de vivienda particular destinadas a uso turístico y alquiler de temporada en zonas tensionadas, según informa Europa Press.
Mediante una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Hacienda, el grupo parlamentario de Díaz recuerda que el IBI es el principal impuesto de la cesta tributaria de los ayuntamientos, representando en 2023 el 61,1% de los ingresos por impuestos locales en los municipios españoles. Sin embargo, la formación entiende que este impuesto "no está completamente explotado" y no se ha configurado de la manera "más acorde con los principios de igualdad tributaria y capacidad económica".
El grupo confederal recuerda que la Ley de vivienda introdujo "modificaciones sustanciales" en el recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, que suelen estar destinados a fines turísticos. De acuerdo con las modificaciones introducidas, se establece una definición de "vivienda vacía" para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del IBI a aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años, y siempre que el propietario tenga un mínimo de cuatro viviendas en esta situación.
"Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de los consistorios, resulta oportuna una modificación del IBI que permita a los ayuntamientos gozar de una mayor autonomía", defiende Sumar en su propuesta.
A juicio del grupo, los principales problemas achacados al IBI están relacionados con su falta de equidad impositiva, y en particular con su carácter regresivo "que perjudica a los ciudadanos con menos ingresos". En la actualidad, el tipo de gravamen mínimo y supletorio es del 0,4% cuando se trata de bienes inmuebles urbanos y del 0,3% cuando son bienes inmuebles rústicos, siendo el máximo del 1,10% para los urbanos y 0,90% para los rústicos.
Medidas restrictivas de este tipo se están implantando en todas las ciudades del país, ya sean gobernadas por el PSOE o por el PP. Así, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha frenado los pisos turísticos en el barrio valenciano de Ciutat Vella al tiempo que defiende ampliar el aeropuerto para recibir más visitantes. Catalá ha anunciado una modificación normativa para impedir nuevos apartamentos en algunos barrios. Y en Barcelona se ha desatado un auténtico movimiento vecinal ante los desmanes cometidos. Alba y Ferrán, dos inquilinos, cuentan a La Sexta la pesadilla que viven con los pisos turísticos. En el caso de él se compró su casa sobre plano en la prometedora Villa Olímpica de Barcelona, pero cuando llegó, se topó con dos de los casi 10.000 pisos turísticos que hay en la ciudad.
"Al lado tengo uno, me tiran huevos al patio y me colocaron un cubo de basura para poder entrar por la ventana a su apartamento del primer piso", denuncia, al tiempo que carga contra el Ayuntamiento por no hacer nada contra la situación de pesadilla que soportan.
Por su parte, Alba, a sus 68 años y tras una década luchando, ha decidido mudarse porque ya no puede más. "Me ha arruinado la vida el piso turístico que tengo encima", se lamenta tras relatar el horror que le toca vivir a diario: "Salen al balcón a vomitar".
Son miles los españoles que están sufriendo los estragos del fenómeno. A la factura emocional se suma otra, la depreciación de las viviendas, ya que el valor puede reducirse entre el 20 y el 25 por ciento. Auténticos dramas sociales soterrados que más tarde o más temprano explotarán como un volcán.