Tras presentar un informe ante la Fiscalía General del Estado, que demuestra que los monjes benedictinos que residen y gestionan las instalaciones del Valle de los Caídos lo hacen ilegalmente desde el pasado 2 de octubre, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se ha dirigido a través del registro oficial del Ministerio de la Presidencia, a su titular Carmen Calvo. El colectivo reclama a la vicepresidenta el estricto cumplimiento de la ley y por tanto el desalojo de Cuelgamuros, porque los monjes benedictinos llevan residiendo y gestionando parte de sus instalaciones de manera ilegal desde hace tres meses.
El convenio firmado por las autoridades franquistas en el año 1958, unos meses antes de la inauguración del Valle de los Caídos que llevó a cabo el dictador Francisco Franco el 1 de abril de 1959, quedó extinguido el pasado 2 de octubre, como dicta la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
“Entendemos que si se ha extinguido la herramienta legal que llevó a la comunidad benedictina a residir en el Valle el fin del convenio tiene que significar la salida de los monjes benedictinos y la toma de los mandos por parte del Gobierno que ha consentido a los monjes comportamientos que extralimitaban sus competencias como la obstaculización del traslado de los restos del dictador”, explica Emilio silva, presidente de la ARMH.
El convenio fue firmado el 29 de mayo de 1958, entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos. En el mismo se establecía que un grupo de benedictinos procedentes del Monasterio de Silos se instalara en Cuelgamuros, por un tiempo indefinido que se mantendría mientras los monjes cumplieran los compromisos que figuraban en el mismo. Los benedictinos estaban obligados a que la congregación agrupase como mínimo a veinte monjes, con sus respectivos novicios, a celebrar el 20 de noviembre de cada año una misa solemne de difuntos, por todos los caídos de nuestra cruzada, y a hacerse cargo de la dirección del Centro de Estudios Sociales, gestionar su biblioteca y desarrollar planes de estudios.
Ese acuerdo se mantuvo inalterable durante décadas de recuperada democracia. Pero el 2 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece una nueva regulación de los convenios. Según su Disposición Adicional Octava se prorrogan de forma automática los convenios indefinidos y se da un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley para que sean renovados o quedarán extinguidos el 2 de octubre de 2020. En esta última fecha se extinguió automáticamente el acuerdo del Estado con la comunidad benedictina de Silos y por tanto los monjes se encuentran de manera ilegal en el Valle de los Caídos desde ese mismo día.
“El Gobierno tiene el deber de velar escrupulosamente por el cumplimiento de la Ley y este caso no puede ser una excepción. Urge tomar las riendas de ese lugar e iniciar con urgencia una intervención democrática en él y en ese sentido la prioridad debería ser exhumar los cuerpos reclamados por familiares y debe hacerse con urgencia porque algunos familiares son muy mayores y tienen derecho a enterrar a sus seres queridos en el lugar que consideren más digno y a que el Estado no sea un obstáculo, como ha sido hasta ahora, para que puedan hacerlo”, concluye Silva.