La pobreza energética afecta a entre 2 y 3 millones de hogares, según los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, y su incidencia aumenta cada vez más.
Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, referidos a la imposibilidad de mantener una temperatura adecuada en la vivienda en invierno, muestran que el número de hogares en esta situación se ha duplicado entre 2019 y 2021. Las sucesivas crisis (covid-19, aumento del precio de la energía, incremento de la inflación, olas de calor) implican un aumento en el volumen de hogares que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas de suministros de energía.
Para el sindicato CCOO, en este contexto, "es necesario seguir mejorando la protección de los consumidores energéticos vulnerables y, en concreto, del bono social eléctrico para que cumpla con la función para la que fue creado": garantizar el suministro eléctrico a los hogares con menores recursos. Sin electricidad es imposible el ejercicio de otros derechos como la alimentación, la educación o la salud.
CCOO considera que debe actuarse sobre los dos elementos de protección del bono social eléctrico: los límites máximos de energía bonificada y los descuentos que se aplican sobre esos límites. Los topes máximos de energía bonificada no tienen en cuenta los consumos reales ni los diferentes factores que influyen en su aumento (tipo de vivienda, sistema de calefacción o zona geográfica) y tampoco están adaptados a los actuales precios de la energía.
Estimaciones realizadas por el Gabinete Económico de CCOO muestran que en el mes más caro de la electricidad, marzo de 2022, los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico han ofrecido poca protección a los hogares con calefacción eléctrica y con el resto de consumos electrificados. Con el fin de abordar estos problemas, la energía bonificada debería estar en consonancia con los consumos medios de los principales tipos de hogares y los porcentajes de descuento tendrían que adaptarse periódicamente a las variaciones que se produzcan en el precio mayorista.
En relación a la cobertura, en febrero de 2022 el bono social eléctrico llegó a 1,19 millones de hogares, muy por debajo de la incidencia estimada por los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
Medidas para incrementar la cobertura del bono social eléctrico
Entre las medidas que permiten incrementar la cobertura está mejorar el procedimiento de solicitud, ya que se estima que el 50% de los potenciales beneficiarios no lo solicita por la dificultad del mismo. No obstante, la medida más efectiva para abordar este problema sería automatizar la solicitud de forma que la comprobación del cumplimiento de los requisitos se realice sin necesidad de que medie petición de la ciudadanía. Esto se ha aprobado en marzo de 2022 para las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital y se aplica en países como Portugal. Por otro lado, los criterios de renta deberían tener en cuenta la situación económica de los hogares en el mes anterior a la solicitud, en especial en un contexto de crisis como el actual, y no solamente la que tenía el hogar en el momento que presentó su última declaración de la renta.
Hace falta una mayor implicación de las administraciones públicas en la gestión de esta ayuda. No existe un organismo público que garantice que el bono social constituye una prestación de nuestra política social.
El reconocimiento de este derecho no debería estar en manos de las empresas eléctricas sino de las administraciones públicas. No hay datos oficiales sobre el impacto de medidas aprobadas en los últimos dos años como la prohibición del corte de suministro, el aumento de los límites de renta que dan acceso al bono social, la creación de nuevos colectivos beneficiarios o el incremento temporal de los descuentos hasta el 60-70% de los límites de energía bonificados. Por tanto, para CCOO es urgente buscar soluciones al sobreendeudamiento que los precios desorbitados de la energía han generado en hogares con pocos recursos.