El Consejo de Ministros aprobará hoy la reforma laboral pactada la semana pasada por sindicatos, Gobierno y patronal. En teoría, debería ser un avance tras la nefasta legislación del mercado de trabajo aprobada por Mariano Rajoy y que supuso el mayor recorte de derechos laborales de la historia de Europa.
En 2012 la patronal defendió con vehemencia un texto aprobado sin contar con los sindicatos y que reflejaba todas y cada una de las reivindicaciones de los empresarios. Lo sorprendente es que, en 2021, la reforma laboral que debería haber servido para devolver esos derechos está siendo defendida por el presidente de la CEOE con tal vehemencia que ya genera sospechas de que lo pactado suponga una revisión que favorecerá más a los intereses empresariales que a los de las clases medias y trabajadoras de este país.
Tal y como publicamos en Diario16, el sindicato CGT denunció que esta nueva reforma laboral es «insuficiente y una tomadora de pelo a la clase trabajadora» y centraba sus críticas en que, por ejemplo, no resuelve los problemas de los contratos a tiempo parcial no voluntarios, ni limita o prohíbe el uso de horas extras.
Por otro lado, la priorización de los convenios de empresa sobre los sectoriales solo desaparece en materia salarial, pero se mantiene en el resto de aspectos, al mismo tiempo que no se modifica la redacción de las causas del despido de la reforma laboral de Rajoy, ni la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la misma.
Estos son algunos de los puntos críticos que no ha abordado la reforma laboral que aprobará hoy el Consejo de Ministros. Por tanto, es normal que la patronal la defienda con tanta vehemencia puesto que quedan muchos puntos lesivos de la norma de Rajoy que no han desaparecido.
Se sigue apostando por una excesiva flexibilidad y, por tanto, es normal que la patronal y Europa están defendiendo esta reforma laboral. Lo que no es tan normal es que un gobierno que se autodenomina «progresista» esté de acuerdo con medidas que tan vehementemente puestas en valor por los principales responsables del neoliberalismo que, precisamente, destrozó la protección y los derechos de las clases medias y trabajadoras de España.
En Francia no se atreven a aplicar este tipo de medidas, como no lo hacen en Alemania porque saben que sus sindicatos no venden la paz social por empates en el último minuto. Todo ello no es más que la consecuencia de la necesidad del gobierno de vender victorias que, en realidad, no son más que derrotas para las clases a las que están obligados a defender. Una parte del Ejecutivo está absolutamente desideologizado, mientras que la otra se convierte en cómplice de la destrucción absoluta de la izquierda en España.
En consecuencia, el nuevo marco laboral no es más que la versión maquillada de lo que fue la de Rajoy porque, entre otras cosas, no se restablecerán las indemnizaciones por despido improcedente ni los salarios de tramitación que provocaron el abuso del despido libre. Con esta situación, ¿cómo no va a estar contento Antonio Garamendi? Y ¿por qué lo está el Gobierno? Pregúnteselo y ustedes mismos obtendrán la respuesta.