El Castillo Nuevo de los Mendoza, un símbolo histórico y cultural en Manzanares el Real, ha cerrado sus puertas tras seis décadas de gestión pública. Este monumento, que era el corazón del turismo local y un motor económico para el municipio, vuelve ahora a manos de la Casa Ducal del Infantado tras la finalización del contrato de arrendamiento con la Comunidad de Madrid. La duquesa Almudena de Arteaga, legítima propietaria del castillo, ha recuperado su posesión, pero su reapertura está en entredicho debido a problemas legales y administrativos que han desatado una fuerte polémica en la región.
Un golpe a la economía y al turismo local
El cierre del castillo ha dejado un vacío no solo cultural, sino también económico. Durante los últimos años, la fortaleza atrajo a más de 400.000 visitantes, con tarifas de entrada que variaban entre cinco y ocho euros, dependiendo de la modalidad de la visita. Esta afluencia de público alimentaba los ingresos de pequeños negocios locales como restaurantes, tiendas y alojamientos rurales. Sin embargo, con las puertas cerradas, el flujo de turistas ha disminuido drásticamente, afectando a una comunidad que dependía en gran medida del atractivo del castillo.
"Para nosotros, el castillo no era solo un lugar histórico, sino el alma del pueblo", afirma Sonia García, propietaria de un restaurante en el centro del municipio. "Sin visitantes, nuestras ventas han caído más del 40% en solo unas semanas. No sabemos cómo vamos a aguantar si esto se alarga". Como Sonia, muchos vecinos ven con preocupación un futuro incierto en el que Manzanares el Real podría perder su identidad como destino turístico.
La gestión pública: una historia de éxito truncada
Desde 1965, el castillo estuvo gestionado por la Comunidad de Madrid, que invirtió más de un millón de euros anuales en su restauración, conservación y apertura al público. Durante este periodo, el castillo no solo se convirtió en uno de los mejores conservados de España, sino también en un espacio emblemático para eventos culturales y educativos. Incluso albergó la firma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en 1983, un momento histórico que lo consolidó como un símbolo del patrimonio colectivo.
Sin embargo, la recuperación de la propiedad por parte de la duquesa del Infantado ha marcado un punto de inflexión. Aunque la aristócrata asegura que su intención es mantener el castillo abierto, las complicaciones legales derivadas de la calificación del terreno como rústico impiden que se concedan licencias de actividad. Según fuentes municipales, estas restricciones debieron resolverse durante las seis décadas de gestión pública, lo que evidencia una falta de previsión administrativa que ahora paga el pueblo.
Las acciones polémicas de la duquesa
El cierre del castillo no es el único conflicto que ha enfrentado la duquesa Almudena de Arteaga con el municipio. En 2024, la Casa Ducal recuperó una parcela cedida por su abuelo al Ayuntamiento en 1975, donde se encontraba un parque infantil utilizado por las familias locales. La retirada de esa cesión derivó en un juicio que favoreció a la duquesa, obligando al consistorio a desmantelar el parque, pese a las protestas de los vecinos.
"Primero nos quitaron el parque y ahora el castillo. Parece que todo lo que hace esta familia es contra el pueblo", lamenta Javier Martínez, residente de Manzanares el Real. Este historial de desencuentros ha generado una creciente desconfianza hacia la Casa Ducal, que algunos perciben como insensible a las necesidades de la comunidad.
Soluciones que no llegan
A pesar de los esfuerzos por encontrar una solución, el conflicto sigue sin resolverse. Tanto el Ayuntamiento de Manzanares el Real como la Comunidad de Madrid han manifestado su disposición a colaborar con la duquesa para agilizar la modificación de las normas urbanísticas que permitirían reabrir el castillo. No obstante, este proceso requiere tiempo y voluntad política, y hasta ahora no se han alcanzado acuerdos concretos.
El abogado de la familia Arteaga, Miguel Temboury, ha insistido en que existen vías legales para solucionar el problema de forma inmediata, pero que esto depende de la voluntad de las administraciones implicadas. "El castillo es un bien cultural que debería estar al alcance de todos los madrileños. Es inadmisible que siga cerrado por cuestiones burocráticas", declaró recientemente.
¿Un retroceso histórico?
El cierre del Castillo de los Mendoza ha reavivado el debate sobre el papel de la aristocracia en la gestión del patrimonio histórico. Lo que antes era un espacio accesible y compartido por todos, corre el riesgo de convertirse en un enclave reservado para unos pocos, rememorando tiempos en los que la nobleza controlaba los recursos y la vida de las comunidades.
En este contexto, muchos vecinos se sienten traicionados por un sistema que no ha sabido proteger un bien que consideran suyo. "Este castillo era más que un edificio; era parte de nuestra historia y nuestra identidad como pueblo", afirma María López, profesora de historia en la localidad. "Es triste pensar que algo tan valioso pueda volver a quedar en manos privadas, sin beneficio para la mayoría".
Por ahora, el castillo permanece cerrado, como un símbolo de la desconexión entre las élites y la vida cotidiana de los ciudadanos. En un momento en el que la conservación del patrimonio debería estar orientada al beneficio colectivo, este caso recuerda que los intereses particulares aún pueden prevalecer, dejando a comunidades enteras en el olvido.