Íñigo Errejón quiere que la policía entre en el Borkum, el barco atracado frente al puerto de Cartagena con un supuesto cargamento de armas para Israel, para revisar la documentación sobre origen y destino de la embarcación, mientras que el ministro Óscar Puente insiste en que ese buque tiene como destino Eslovenia, desde donde la mercancía irá por tierra hasta la República Checa.
El caso ha provocado una nueva fricción entre Moncloa y sus socios de gobierno e incluso otros que ya no lo son como Podemos han presentado una denuncia en la Audiencia Nacional admitida a trámite.
“O se han equivocado de barco o no sé de qué se han equivocado, pero montar una polémica sobre unas bases tan irreales, en un tema tan serio como es el del conflicto palestino-israelí, en el que hay tantas vidas inocentes en juego y jugar con esos sentimientos me parece una profunda irresponsabilidad”, ha asegurado Puente en las últimas horas. El ministro recuerda que el Gobierno “inequívocamente está con la causa palestina” y añade: “Si hubiera un barco que portase armas y nosotros tuviésemos alguna prueba, no sospechas o infundios, de que esa carga va a terminar en Israel, que nadie tenga ninguna duda de que el Gobierno de España lo impediría, pero no es el caso”.
De momento, el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia presentada por Podemos para paralizar la salida del Borkum de las costas españolas y comprobar si las armas que transporta tienen como destino final Israel. “Comprobar, por tanto, si van a contribuir al genocidio que está llevando a cabo el Estado genocida de Israel contra el pueblo palestino”, asegura Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones europeas. El juez considera que los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.
“Actuamos para que la justicia actúe, para que paralice el barco y para que inspeccione el material militar que transporta ante la inacción del Gobierno. Recordamos que el Gobierno de España tiene la obligación de cumplir la ley de comercio exterior de armas y también los tratados internacionales”, añade Montero.
La acción judicial se une a la presentada por el grupo parlamentario de Sumar ante la Fiscalía General del Estado para evitar graves infracciones contra el derecho humanitario, informa Efe. Aunque el Gobierno ha negado que el buque cargado supuestamente con diverso armamento tenga como destino Israel y ha asegurado que dispone de toda la documentación en regla y tiene la autorización de la Autoridad Portuaria para atracar en el puerto de Escombreras, existen dudas razonables de que el cargamento bélico puede ir a la República Checa. En efecto, es es el destino oficial, pero que de allí podría salir después con destino a Israel. De hecho, el país checo es el segundo exportador europeo de armas a Israel. En 2022, este país centroeuropeo cerró acuerdos con Tel Aviv para venderle 41,6 millones de euros en armas, según información de la Unión Europea.
El barco podría llevar 20 toneladas de motores de cohetes, 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva, 1.500 kilos de sustancias explosivas y 740 kilos de cargas y propulsores para cañón.
Según la formación que lidera Yolanda Díaz, el destino final del buque es el puerto de Ashdod en Israel, una ciudad a tan solo 25 kilómetros de Gaza, y el escrito presentado ante la Fiscalía incide en que la comunidad internacional “es conocedora de actividades por parte del Estado de Israel calificables como genocidio contra el pueblo palestino, estando documentados la perpetración de los crímenes de guerra más graves durante los últimos 7 meses de campaña militar en Gaza”.
La denuncia de Sumar se produce después de que Podemos interpusiera este miércoles otra denuncia ante la Audiencia Nacional para retener la embarcación con el fin de que sea inspeccionada, al asegurar que porta armamento destinado a Israel.
Recuerda que ante la campaña militar por parte de Israel contra la población de Gaza, la Corte Internacional de Justicia emitió una resolución de medidas cautelares -fechada el pasado 26 de enero- que ordena detener cualquier actuación que pudiera ser constitutiva de delito de genocidio en Gaza, por lo que pide la actuación de la Fiscalía General del Estado.
A todo ello añade que el Tratado sobre el Comercio de Armas faculta a España para detener los dispositivos bélicos que se encuentran en el carguero y cuyo destino es Israel, “obligación de bloqueo de la carga que vendría además refrendada por lo dispuesto en las resoluciones de Corte Internacional de Justicia de fecha 26 de enero y 28 de marzo de 2024”.