Mientras Europa despliega su mejor versión solidaria con medios aéreos y brigadas de emergencia, la gestión de los gobiernos autonómicos queda al desnudo. Galicia y Castilla y León, epicentros de los incendios, mantienen servicios forestales desbordados, motobombas paradas por falta de personal y dispositivos sin cubrir. La emergencia evidencia el fracaso de un modelo.
Las imágenes de brigadas rumanas y griegas luchando contra el fuego junto a efectivos españoles en Ourense, Zamora o Salamanca no solo representan una valiosa muestra de solidaridad europea: son también el retrato incómodo de una realidad que duele. La Unión Europea responde. Las comunidades autónomas, no siempre.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves a Pedro Sánchez que “Europa está con España” frente a la oleada de incendios forestales que arrasa miles de hectáreas. Grecia y Rumanía se sumaron al operativo internacional, junto a equipos y medios aéreos de otros siete países. Se trata del mayor despliegue europeo este verano bajo el paraguas del Mecanismo de Protección Civil de la UE.
El presidente del Gobierno agradeció el respaldo y puso en valor esta respuesta como ejemplo de la “mejor Europa: la que protege, coopera y no deja a nadie solo”. Pero bajo esa imagen de unión se esconde un contraste cada vez más evidente entre lo que viene de fuera y lo que falla dentro.
Incapacidad autonómica, la cara oculta de la emergencia
Mientras Europa coordina recursos, algunas administraciones autonómicas ni siquiera han cubierto sus propias vacantes en los servicios de extinción. Galicia, epicentro del desastre natural, acumula críticas por tener motobombas paradas por falta de personal, dispositivos incompletos y una estrategia forestal basada en la precariedad y el abandono.
La Junta de Castilla y León, por su parte, ha vuelto a evidenciar su dependencia del Gobierno central en cada gran incendio, a pesar de tener las competencias en prevención. Las plataformas ciudadanas que se han movilizado en El Bierzo, Ponferrada o Vigo han sido claras: “Esto no es una fatalidad, es una consecuencia de años de dejación institucional”.
Los sindicatos han denunciado que cientos de plazas no se cubrieron a tiempo, a pesar de las previsiones meteorológicas y las alertas de expertos. A la ayuda internacional se suma, así, una creciente presión interna para exigir dimisiones y responsabilidades políticas.
Europa acude. ¿Y los gobiernos autonómicos?
El contraste entre la respuesta ágil y coordinada de Bruselas y la improvisación de algunos gobiernos regionales resulta insostenible. La presidenta de la Comisión ha dejado claro que el apoyo no solo será durante la emergencia, sino también “el día después”, con el uso del Fondo Europeo de Solidaridad para la recuperación.
Pero la pregunta que crece en el debate público es otra: ¿de qué sirve reconstruir lo quemado, si no se corrige lo que lo hizo arder?
La tragedia ha encendido también una demanda política: reforzar los mecanismos públicos de gestión forestal, acabar con la privatización encubierta de estos servicios y blindar con recursos estables las plantillas que sostienen cada verano el combate contra el fuego.
Porque Europa puede ayudar. Pero la prevención y la responsabilidad no se subcontratan, ni se improvisan.