En un momento en que la energía nuclear está en el centro del debate en España, la Comisión Europea ha respondido con contundencia a la carta enviada por las presidentas de Madrid y Extremadura, Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola, en la que solicitaban un cambio en la política energética del Gobierno español y una mayor presión a Bruselas para evitar el cierre programado de las centrales nucleares en el país.
La respuesta llegó el 25 de abril, firmada por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el comisario de Energía, Dan Jorgensen. En ella, se deja claro que, según la legislación europea, son las propias compañías nucleares las responsables de asumir los costes derivados del alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares. Este mensaje es directo y no deja lugar a dudas: las empresas propietarias de las plantas deben hacerse cargo de los gastos de almacenamiento y gestión de los residuos radiactivos generados.
La polémica se enciende porque, en su misiva, las líderes autonómicas del Partido Popular no solo mostraron su oposición al cierre progresivo de las centrales nucleares en España, sino que propusieron que el Estado asumiera el coste de la prolongación de las plantas. Este sería un coste considerable, dado que las inversiones para alargar la vida útil de las centrales y gestionar los residuos radiactivos son elevadas, y las comunidades autónomas como Madrid y Extremadura verían ventajas fiscales si el Gobierno central también aportara recursos. Sin embargo, para Bruselas, cualquier acción que implique financiar estos costes con dinero público constituiría una ayuda de Estado, lo que podría distorsionar la competencia en el mercado energético y violar las reglas europeas.
La respuesta de la Unión Europea resalta que, aunque los gobiernos pueden establecer marcos fiscales que favorezcan ciertos sectores, el apoyo financiero directo o indirecto a las nucleares para que sigan operando es incompatible con la normativa comunitaria, ya que no se puede ofrecer ventajas fiscales o subvenciones que favorezcan a las nucleares sobre otras fuentes de energía, como las renovables o los combustibles fósiles. Especifican que, si el gobierno español quiere proceder con este tipo de apoyo, sería necesario un visto bueno de los servicios de Competencia de la Comisión Europea, lo que podría ser un proceso largo y complicado.
Este punto es crucial, ya que muestra cómo la competencia y las normativas de la UE impiden que un gobierno intervenga demasiado en el mercado energético para beneficiar a un sector en particular. En este contexto, los esfuerzos de Ayuso y Guardiola para evitar el cierre de las plantas nucleares podrían verse frenados si no cumplen con los estrictos requisitos establecidos por la legislación europea.
Ladillo: Ayuso y Guardiola buscan respaldo para las nucleares, pero la UE lo pone en duda
El debate sobre la energía nuclear no es nuevo en España, y las posturas enfrentadas sobre el futuro de las plantas atómicas continúan generando tensiones políticas. Mientras Ayuso y Guardiola defienden la necesidad de mantener las nucleares operativas para garantizar la seguridad energética, muchos sectores, incluidos los ecologistas, argumentan que es el momento de invertir en energías más limpias y sostenibles.
En el caso de la central de Almaraz, ubicada en Extremadura, Guardiola ha sido clara al sostener que su cierre no debe ser una opción, basándose en criterios técnicos y medioambientales. Sin embargo, la ministra Ribera y el comisario Jorgensen señalan que las empresas deben asumir las inversiones necesarias para alargar la vida de las plantas, no el erario público. Además, la legislación actual también establece que la gestión de los residuos radiactivos debe ser cubierta por las propias compañías propietarias de las plantas nucleares.
En medio de esta discusión, la pregunta clave sigue siendo: ¿quién debe asumir los altos costes de mantener operativas las plantas nucleares mientras gestionan los peligrosos residuos radiactivos? La UE ha dejado claro que este es un tema de responsabilidad para las empresas del sector, y cualquier intento de involucrar al Estado podría ser considerado ilegal si no se ajusta a las normativas de competencia.
Las presidentas de Madrid y Extremadura tienen ahora que reconsiderar sus propuestas para conseguir que el gobierno central asuma parte de los costes del alargamiento de las nucleares. El mensaje de Bruselas es claro: cualquier ayuda pública a las nucleares debe ser cuidadosamente evaluada y aprobada para evitar vulnerar las reglas europeas.