Pedro Sánchez acude este miércoles al Congreso para rendir cuentas sobre dos temas especialmente sensibles: el reciente apagón eléctrico que afectó a toda la península Ibérica y el aumento del gasto en defensa aprobado por el Ejecutivo. La intervención del presidente del Gobierno, solicitada tanto por él mismo como por los grupos ERC y BNG, se celebra en un ambiente de alta tensión política.
La comparecencia, convocada a las 9 de la mañana, se produce apenas días después del apagón del 28 de abril, que dejó sin suministro eléctrico a millones de ciudadanos en distintos puntos del país. Sánchez ha informado a los diputados sobre el origen del fallo, atribuido a una avería en la interconexión con Francia combinada con una sobrecarga en la red peninsular. Según el presidente, “no se trató de un fallo estructural, sino de una disrupción puntual que fue contenida con rapidez”, y ha defendido la actuación de Red Eléctrica Española y del Ministerio para la Transición Ecológica.
En cuanto al gasto en defensa, Sánchez justifica el incremento presupuestario por el contexto internacional derivado de la guerra en Ucrania y los compromisos adquiridos en la OTAN. Ha subrayado que “España necesita unas Fuerzas Armadas modernas y preparadas para proteger su soberanía y cumplir con sus alianzas internacionales”.
La respuesta de los grupos parlamentarios, hasta la fecha, ha sido desigual. ERC y BNG, impulsores de la comparecencia, han cuestionado tanto la opacidad inicial sobre el apagón como la oportunidad del aumento del gasto militar. Gabriel Rufián (ERC) ha señalado que “se prioriza la inversión en defensa mientras se aplazan mejoras sociales y energéticas”, mientras que Néstor Rego (BNG) ha pedido una “auditoría independiente sobre la seguridad de la red eléctrica”.
Por su parte, el PP y Vox han centrado sus críticas en lo que consideran una gestión deficiente y reactiva por parte del Ejecutivo, acusando a Sánchez de “minimizar” el impacto del corte eléctrico y de no ofrecer garantías claras de que no volverá a repetirse. En lo referente a la defensa, ambos partidos han respaldado el aumento presupuestario, aunque han exigido mayor transparencia sobre los contratos y los proveedores.
Especial atención ha recibido también la rescisión del contrato de compra de balas con Israel, medida que el Gobierno ha vinculado a una revisión general de acuerdos armamentísticos con países en conflicto. Unidas Podemos ha aplaudido esta decisión, considerándola un “acto de coherencia ética”, mientras que los partidos de la derecha la han tachado de “gesto ideológico que pone en riesgo la seguridad”.
Además, durante la sesión de control se abordarán cuestiones como los nombramientos recientes de altos cargos, las últimas incidencias en Renfe, y los retrasos en la ejecución de medidas relacionadas con la transición energética. El presidente ha respondido, durante estos días, asegurando que “el Gobierno trabaja para garantizar un modelo energético seguro, sostenible y autónomo”.
La jornada parlamentaria mostrará una vez más, y con toda seguridad, la polarización creciente en torno a la acción del Ejecutivo, y la dificultad del Gobierno para sostener sus políticas sin enfrentarse a cuestionamientos cruzados, tanto desde la oposición como desde sus propios aliados parlamentarios.