Aunque Puigdemont ha dejado claro que las situaciones personales de los dirigentes de Junts no influirán en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, lo cierto es que, desgraciadamente para el candidato socialista, dicha negociación coincidirá con acontecimientos judiciales que afectan a los líderes independentistas. Comparecencia ante el Tribunal de Cuentas, recursos contra los indultos, los juicios al “segundo nivel” de los cargos que participaron en el 1-O y militantes que estuvieron presentes en las acciones callejeras, el recurso contra la supresión de la inmunidad parlamentaria en la eurocámara que debe resolver el TJUE y algunas sentencias sobre causas ya juzgadas, son los episodios que pueden interferir en la marcha del diálogo para conseguir el apoyo parlamentario necesario en la investidura de Sánchez si Núñez Feijóo, como todo parece indicar, no lo logra el 27 de septiembre.
Si el dirigente del PP no logra la investidura, Felipe VI deberá llevar a cabo una nueva ronda de consultas de la que, casi con toda seguridad, saldrá un nuevo encargo, esta vez para el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, quien tendrá dos meses para logar los apoyos parlamentarios suficientes. Sin menospreciar al PNV, con cuyos dirigentes habrá que negociar, los apoyos más difíciles de obtener serán los de los 7 parlamentarios de ERC y los otros 7 de Junts Per Catalunya. Y las reuniones con sus dirigentes coinciden con la celebración de juicios que pueden influenciar en los acuerdos que se puedan alcanzar.
La más importante de las acciones judiciales, aunque no tiene efectos penales, es la comparecencia en el Tribunal de Cuentas, el 17 de noviembre, de Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y una treintena de altos cargos de la Generalitat por el desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del “procès”. El fiscal les pide el pago de 3,1 millones de euros una cantidad notablemente inferior a la exigida inicialmente, 9 millones, y la que solicita la acusación particular de Sociedad Civil Catalana, 5 millones.
Los independentistas tienen asumido que tendrán que hacer frente a este juicio cuyos efectos el gobierno progresista intenta rebajar lo más posible. La abogacía del estado no va a pedir cantidad alguna y la fiscalía podría llegar a hacer lo mismo si aplica la “carencia sobrevenida de objeto” una figura jurídica que anularía la petición de responsabilidad económica, aunque no la de los hechos imputados, es decir, el desvío de fondos, un asunto que ya se está tratando en el ámbito penal a través de la acusación de malversación.
Precisamente la malversación es la figura delictiva en torno a la cual la Audiencia de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tienen señalados varios juicios contra altos cargos de la Generalitat, que se celebrarán entre finales de septiembre y principios de octubre. Estos se enfrentan a la imputación de delitos de desobediencia, prevaricación, y revelación de secretos además del ya citado de malversación. Además de los altos cargos de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y sus empresas, Catalunya Ràdio y TV3, figuran entre los líderes independentistas que se sentarán en el banquillo, personalidades tan relevantes como Lluìs Salvadó, actual presidente del Port de Barcelona, Natalia Garriga, exconsellera de Cultura, Josep María Jové, número dos de Junqueras en la consellería de Economía, y otros 44 exaltos cargos para los que se piden penas que oscilan entre los 7 y los 15 años de prisión además de las inhabilitaciones y multas correspondientes. La celebración de todos estos juicios, paralela a la negociación para la investidura de Sánchez, influirá negativamente. Lo que pasa es que, aunque haya sentencias condenatorias, que las habrá, no serán firmes ya que caben recurso ante el Supremo y los líderes independentistas se lo toman con mucha calma. Dicen que ya conocen “el aparato judicial del Estado” que lo que no quiere es juzgarles con arreglo a las elementales normas del derecho, sino que actúan “con ánimo de venganza”. Incluso creen que la negociación puede servir para acabar con este estado de cosas si se logra desjudicializar “el conflicto”, el objetivo al que apuntan tanto en el PSOE como en Sumar, y que tendría como punto final una ley de amnistía cuyo encaje legal estudian los expertos.
Los roces pueden generarse a raíz de la resolución que adoptará la sección quinta de la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en torno a los recursos contra los indultos a 9 de los condenados por la sala de lo Penal del Supremo. Considerada el reducto más reaccionario del Supremo, la composición de la sección quinta de la sala de Lo contencioso Administrativo varió su composición sospechosamente hace un año, de tal manera que los nuevos magistrados decidieron revocar la decisión de sus antecesores y admitir a trámite el recurso presentado por el PP, Vox y Ciudadanos. Nadie se explica cómo se pudo revocar la primera decisión, la no admisión a trámite. Pero lo cierto es que se hizo y ahora se está pendiente de la resolución que debe de adoptar una instancia que no se caracteriza por sus resoluciones en favor de las decisiones del gobierno progresista. Este asunto es el que mas preocupa en Ferraz donde se espera que, una vez más, la habitual lentitud de la justicia permita que este asunto se resuelva cuando ya se haya aprobado la ley de amnistía y, por lo tanto, se anulen los efectos de una sentencia contraria a los indultos.
En Ferraz también confían en que el TJUE no resuelva hasta el año que viene el recurso sobre la supresión de la inmunidad a Carles Puigdemont. Tiene de plazo hasta seis meses desde la presentación de dicho recurso que tendrá lugar dentro de unos días. Y eso legalmente, ya que el tribunal europeo nunca suele cumplir los vencimientos y termina resolviendo en un periodo nunca inferior al año.
Más cerca está una condena que se hará pública en los próximos días y que también influirá en ese diálogo de los socialistas con los independentistas catalanes. Se trata de la sentencia contra Miguel Buch, exconseller de Interior, y Lluìs Escolá, sargento de los Mossos, acusados de malversación por haber asignado a Carles Puigdemont escoltas policiales cuando fijó su residencia en Bruselas. Y, por último, la sentencia sobre el recurso presentado por la actual consellera de Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, condenada 1 año de inhabilitación por su participación en el referéndum del 1-O
Como ya se sabe cómo actúa la justicia en España, nadie duda de que algunos de estos casos pueden deparar alguna sorpresa que podría influir en las negociaciones de investidura. Es lo que se llama el “lawfare” la interferencia judicial en la política. Con la excusa de que actúan con entera libertad y autonomía, la mayoría de los jueces de este país no se dan cuenta, - o no quieren darse cuenta-, de que interfieren en la acción política. Y eso suena a ruptura del principio de separación de poderes.