El Ministerio de Sanidad continúa en su negativa de explicar cuál es el precio real y las condiciones de financiación fijadas por tratamientos y medicamentos que son desarrollados por las empresas farmacéuticas pero que paga la administración pública para su posterior aplicación en los pacientes.
El departamento dirigido por Carolina Darias ha recurrido ante los tribunales una reciente resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobiernoque le obligaba a dar información sobre estos medicamentos, aliándose con el argumentario de la industria farmacéutica que se ampara en una supuesta obligación legal de confidencialidad y en la necesidad de proteger los intereses económicos y comerciales.
Según Civio, el coste cada vez mayor de estos medicamentos podría comprometer en el futuro el acceso a este tipo de terapias dentro de la sanidad pública. Por ejemplo, el precio máximo de cada tratamiento de Luxturna se sitúa en 345.000 euros (por ojo), un coste que se suma al de otras terapias autorizadas recientemente, como las CAR-T contra diversos tipos de cáncer, que ascienden a más de 300.000 euros, o Zolgensma, en torno a los dos millones de euros. Estas cantidades son el límite máximo que fija Sanidad, pero no corresponden con el precio efectivo que abonan los poderes públicos a las farmacéuticas.
A día de hoy, existe una enorme opacidad acerca del precio real que pagan las administraciones por los medicamentos. Además, tampoco se conoce cuáles son las condiciones de financiación acordadas con los laboratorios.
El Gobierno se niega a explicar cuál es el precio real y las condiciones de financiación fijadas para este tipo de tratamientos, e incluso llevará a juicio a Civio para evitar que estos datos sean públicos.