La mañana del 10 de julio, seis sindicalistas —cinco mujeres y un hombre— se presentaron voluntariamente en el Centro Penitenciario de Villabona (Asturias). Son conocidas como Las seis de La Suiza, por haber participado en una serie de protestas laborales frente a la pastelería “La Suiza” de Gijón en 2016, donde defendían los derechos de una trabajadora embarazada que había denunciado acoso laboral.
El caso ha desatado una oleada de indignación, tanto en el ámbito sindical como en amplios sectores de la sociedad civil. Se les ha condenado a tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la administración de justicia. Un castigo que muchos consideran desproporcionado por tratarse de una acción sindical. El juzgado ha ordenado su ingreso inmediato, a pesar de que aún está pendiente la tramitación de un indulto y de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Un conflicto laboral convertido en causa judicial
Todo comenzó en junio de 2015, cuando una empleada de la pastelería “La Suiza” sintió un malestar físico estando embarazada. Según el sindicato CNT, el propietario del local le impidió marcharse, lo que derivó en una discusión con su pareja, que acabó dañando uno de los electrodomésticos del local. El empresario presentó denuncia, y más tarde, la mujer, tras su baja por maternidad, acudió a la CNT para solicitar apoyo en su despido.
A partir de ahí, comenzaron una serie de protestas sindicales: concentraciones, pasquines, vídeos y presión pública para lograr una indemnización y la retirada de la denuncia. En total, 15 actos de protesta entre mayo y septiembre de 2016, algunos sin comunicación previa a la Delegación del Gobierno, aunque la mayoría fueron pacíficos y con escasa participación. Aun así, la sentencia judicial afirma que el propietario y su familia sufrieron una presión excesiva, que le obligó a cerrar el negocio y marcharse de Gijón.
“Hacer sindicalismo no es delito”
La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), junto a otros 21 sindicatos, ha solicitado el indulto inmediato para Las seis de La Suiza. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado públicamente su apoyo: “En democracia, nadie debería entrar en prisión por defender los derechos laborales”. Díaz se ha comprometido a impulsar el indulto desde el Ejecutivo, calificando la condena de “escandalosa” e “inédita en una sociedad democrática”.
Además del respaldo institucional, las calles han sido testigo de una amplia movilización social. El pasado 30 de junio, miles de personas se manifestaron en Gijón en una convocatoria unitaria de nueve sindicatos asturianos. “¡Las seis de La Suiza, libertad!”, fue el grito que recorrió la ciudad. La periodista asturiana Aitana Castaño leyó un manifiesto que denunciaba “una alianza retrógrada de poderes judiciales, policiales, empresariales y mediáticos para silenciar al movimiento obrero”.
La justicia cierra el paso al diálogo
El ingreso en prisión ha pillado por sorpresa al entorno de las sindicalistas, que esperaban una resolución más pausada. Las condenadas se han despedido entre lágrimas, nervios y bromas para aliviar la tensión. Algunas dejarán atrás hijos, trabajos y rutinas. El abogado del grupo ya ha solicitado que se les aplique el tercer grado cuanto antes, lo que les permitiría dormir fuera de prisión, aunque no hay certeza de que se conceda en breve.
El hecho de que el tribunal no esperara a resolver la petición de indulto ni el recurso en Estrasburgo ha sido recibido como una nueva muestra de rigidez judicial ante un caso que muchos ven como una protesta legítima. Incluso el propio fiscal no se oponía a retrasar el ingreso. A pesar de todo, el juzgado penal número 1 de Gijón ordenó el cumplimiento inmediato de la sentencia.
¿Dónde empieza la protesta y dónde el delito?
Uno de los debates centrales del caso es el límite entre la protesta sindical y la coacción. El Tribunal Supremo ha avalado la condena asegurando que las acciones fueron “constantes, reiteradas y desproporcionadas”. Sin embargo, quienes defienden a Las seis de La Suiza señalan que todas las movilizaciones se enmarcaron dentro de la acción sindical, que la mayoría fueron comunicadas y que el objetivo era legítimo: defender a una trabajadora acosada y presionada para no ejercer sus derechos.
El movimiento sindical ha advertido del riesgo de este precedente: si por protestar frente a un negocio con pancartas y gritos se puede ir a la cárcel, el derecho a la huelga y la movilización podría estar en peligro.
La entrada en prisión no ha detenido la protesta. Está convocada una nueva concentración esta tarde en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón. Además, el grupo de apoyo Sofitu ha confirmado que seguirán organizando acciones hasta que se logre la libertad de las seis sindicalistas. “No las vamos a abandonar”, han dicho en un comunicado. “Esto no nos va a callar”.
Cada vez más voces, dentro y fuera del movimiento sindical, denuncian que esta condena es una forma de amedrentar al conjunto de trabajadores que se organizan para defender sus derechos. Si la protesta se criminaliza, afirman, se debilita el corazón mismo de la democracia.
A los sindicatos no se les amedrentan
El encarcelamiento de Las seis de La Suiza ha reabierto un debate clave en España: ¿se están usando los tribunales para limitar la protesta laboral? Mientras se decide el indulto, el caso ya ha provocado un terremoto político y social. El mensaje que deja la condena es claro: ejercer el sindicalismo puede salir caro. Pero también lo es la respuesta: miles de personas están dispuestas a defender que luchar por los derechos laborales no puede ser nunca un delito.