Consultas saturadas, listas de espera que se eternizan, vacaciones que no se cubren, personal de baja por depresión, fuga de cerebros a otros países, médicos que piden la jubilación anticipada porque ya no aguantan más la carga de trabajo… La Sanidad pública española –la mejor del mundo, decían algunos–, se cae a trozos sin que nadie haga nada. Es cierto que cada comunidad autónoma es un mundo y que allá donde gobierna el PP y su obsesión privatizadora el destrozo llegar a ser todavía mayor. Madrid es el mejor ejemplo. La señora Ayuso, fiel a su ideología política ultraliberal (cualquier mínimo intervencionismo para sostener el Estado de bienestar le parece peligroso comunismo), va camino de privatizar hasta las tiritas de los centros de salud. Y todo ello sin que le importe lo más mínimo que cada semana le monten un par de manifestaciones de médicos y enfermeros cabreados frente a su despacho de Sol.
Todos sabemos que las competencias en materia sanitaria están transferidas desde hace tiempo y que cuando llega el dinero de la Administración central cada barón o baronesa regional se lo gasta en lo que cree más conveniente (a veces hay más dinero para fiestas y tradiciones que para mejorar las goteras de un hospital). Pero esa atribución constitucional no puede ser excusa para que Pedro Sánchez se lave las manos, se desentienda y mire para otro lado. La Sanidad es uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar y Moncloa no puede dejarlo todo al arbitrio del presidente autonómico de turno, del cacique provincial con amigos en los fondos buitre o del empresariado local siempre dispuesto a sacar tajada de la salud de los ciudadanos. Sánchez tiene una responsabilidad directa en el estado lamentable de nuestra maltrecha Seguridad Social. Primero porque cualquier inversión para reflotar la Sanidad pública debe partir del Gobierno de España, que es quien administra los presupuestos anuales, las ayudas europeas y los fondos a repartir entre las diferentes autonomías; y después porque tiene la obligación de vigilar, mediante los inspectores y auditores que sean necesarios, que cada céntimo transferido vaya a parar al departamento regional de Salud Pública correspondiente y no a corridas de toros, verbenas o chiringuitos de toda índole.
El pasado mes de julio, Sánchez anunciaba la formalización de 67.300 contratos fijos para profesionales sanitarios con el supuesto objetivo de acabar con la precariedad en el sector. A día de hoy todavía no sabemos nada. La Sanidad de todos no puede esperar ni un minuto más porque mientras se cumplen los farragosos plazos, los laberínticos trámites burocráticos y el tedioso papeleo legal, la gente se desespera para una operación de cataratas que no llega nunca, los análisis y pruebas se alargan durante meses y los enfermos crónicos no reciben la atención necesaria. La desidia de la Administración, de todas las administraciones, cuesta vidas cuando hablamos de atención médica. “El compromiso del Gobierno de España con la estabilización, con el fin de la precarización laboral de nuestros servidores públicos, es total. El esfuerzo que vamos a hacer es algo que no se había visto en la historia del Sistema Nacional de Salud a lo largo de la democracia”, dijo Sánchez, muy grandilocuentemente, en aquella ocasión. Muy bien, pues hágase, pero hágase por el procedimiento de urgencia, lo antes posible, ya mismo, porque nuestros médicos y enfermeras no pueden esperar más y los pacientes van camino de convertirse en impacientes que acaban sintiéndose abandonados por su sistema público sanitario. Y ya no vale solo con renovar los contratos de los interinos que vienen soportando años de precariedad, hay que invertir en mejorar los sueldos, en ampliar las plantillas (sobre todo en Atención Primaria), en reformar los centros de salud que se han quedado anticuados, en adquirir material puntero de la máxima calidad (en medicina la tecnología sana y nuestro instrumental se ha quedado obsoleto) y en dar un nuevo impulso a la investigación científica para mejorar tratamientos y luchar contra enfermedades que a día de hoy no tienen cura. En definitiva, tenemos que colocar nuestra Sanidad en el lugar que le corresponde entre los países más avanzados de Europa.
La pandemia de coronavirus causó un daño irreparable al sistema. Si hoy por hoy la Sanidad pública sigue en pie todavía es gracias al esfuerzo y a la abnegación de nuestros profesionales. Todos ellos, desde el primero de los médicos hasta el último de los celadores, dieron lo mejor de sí mismos en circunstancias extraordinarias. Muchos se dejaron la vida tratando de salvar a los demás. Se comportaron como auténticos héroes anónimos. Nuestra sociedad sigue estando en deuda con ellos porque de nada sirven los homenajes a título póstumo y los monumentos en su recuerdo si el Estado no acomete un ambicioso plan integral para reformar la Sanidad pública de arriba abajo. Y aquí hablamos de dinero, de dinero de los presupuestos generales del Estado que deben priorizarse al gasto militar, de dinero de los fondos europeos Next Generation, que para algo han sido adjudicados por Bruselas. España necesita elevar su esfuerzo inversor sanitario varios puntos de PIB hasta compensar los brutales recortes que sufrió durante los gobiernos de Mariano Rajoy y a causa de la pandemia. Al ciudadano ya no le valen palabras bienintencionadas, ni planes a futuro que acaban convirtiéndose en puro humo propagandístico. Póngase manos a la obra, señor Sánchez. Sea generoso en este asunto en el que nos va la vida a todos y resucite ya una Sanidad pública que a día de hoy está en la UCI como un enfermo terminal.