El PSOE de Madrid denuncia ante la Fiscalía los "protocolos de la vergüenza" que impidieron derivaciones hospitalarias a mayores en residencias durante la crisis del COVID, señalando directamente a Isabel Díaz Ayuso por tratar de enterrar la verdad.
Cinco años después del estallido de la pandemia, el PSOE de Madrid exige justicia. El partido ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue a fondo la gestión de las residencias de mayores durante el COVID-19 en la Comunidad de Madrid. En el centro de la diana, los protocolos que impidieron derivaciones a hospitales y que podrían constituir delitos de prevaricación y denegación de auxilio. El objetivo: que las víctimas no queden sepultadas por el olvido.
El secretario general del PSOE-M y actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha sido tajante: “Hay que llegar hasta el final”. Así lo expresó durante un acto en memoria de los fallecidos por la pandemia en el Ateneo de Madrid, donde familiares de las víctimas reclamaron verdad y justicia.
López denunció la actitud del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, acusándolo de tratar de tapar lo sucedido en las residencias. “Quieren pasar página, silenciar el horror vivido, justificar lo injustificable. Han puesto excusas de todo tipo para esquivar sus responsabilidades”, criticó con dureza.
La denuncia que se elevará a la Fiscalía se apoya en las conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad, un colectivo que ha documentado lo que los socialistas califican como una de las mayores injusticias cometidas durante la pandemia: los protocolos que impidieron derivaciones hospitalarias de personas mayores residentes, incluso en situaciones críticas.
Desde el PSOE-M insisten en que estos documentos no solo fueron diseñados y aprobados por altos cargos de la Comunidad de Madrid, sino que algunos de ellos reconocieron públicamente su improcedencia. A juicio del partido, esta conducta podría ser constitutiva de delitos graves como prevaricación o denegación de prestaciones públicas, recogidos en los artículos 404 y 511 del Código Penal.
“Protocolos de la vergüenza”, así los han llamado. Porque discriminaban por edad y situación médica a miles de mayores durante los momentos más duros de la pandemia. Porque, según relatan las familias, muchos murieron sin atención médica adecuada, sin oxígeno, sin ser trasladados al hospital, y sin posibilidad de que sus seres queridos les dieran el último adiós.
Pese a que diversos juzgados han analizado el caso, el PSOE denuncia que hasta ahora no se ha determinado ninguna responsabilidad penal concreta. Por ello, consideran imprescindible que la Fiscalía escuche a quienes participaron en la redacción y aplicación de los protocolos. No solo por justicia, sino para que, como insistió López, “no se repitan jamás los mismos errores”.
Mientras tanto, la presidenta Díaz Ayuso guarda silencio. Pero las familias no olvidan. Y ahora, cinco años después, puede que por fin se empiece a escuchar su clamor. Porque el dolor no prescribe. Y la verdad, por incómoda que sea, merece salir a la luz.