La asociación Patio Campus fue inscrita el 1 de marzo de 2023. Apenas seis días después, ya tenía en su poder una carta de la Comunidad de Madrid ofreciéndole colaborar como “socio patrocinador”. En menos de seis semanas, el Gobierno regional firmaba un convenio con esa organización que incluía una subvención directa de dos millones de euros. Lo que ha llamado la atención de Más Madrid no es solo la velocidad del procedimiento, sino quién estaba detrás: Javier López Zafra, presidente de la asociación, es hermano del entonces director general de Economía, Juan Manuel López Zafra.
Una asociación recién nacida, una ayuda millonaria
La denuncia, que ya está en manos de la Fiscalía, considera que se trata de una operación planeada con antelación. Como prueba, Más Madrid aporta un encargo fechado en enero de 2023 —casi un mes antes de que existiera Patio Campus— en el que se pide a un bufete de abogados que diseñe la estructura de la entidad “teniendo en cuenta que participará directamente la Comunidad de Madrid mediante la suscripción de un convenio”.
La formación liderada por Manuela Bergerot habla sin rodeos: “Es una subvención a dedo”, resume. Y añade que la concatenación de hechos puede suponer delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude en subvenciones públicas.
Más allá del parentesco y la rapidez del proceso, hay más elementos que hacen saltar las alarmas. Según la diputada de Más Madrid Marta Lorenzo, la asociación beneficiaria no contaba con experiencia previa, personal contratado ni sede física en el momento de recibir el dinero. De hecho, añade que Patio Campus ni siquiera había redactado un plan de prevención de riesgos laborales, requisito obligatorio para acceder a subvenciones públicas en la Comunidad de Madrid.
Ese plan, según la documentación a la que ha accedido Más Madrid, no fue encargado hasta cuatro meses después del ingreso de los primeros fondos públicos. Esta irregularidad podría suponer un incumplimiento directo de la ley de subvenciones.
La consejera de Economía, Rocío Albert, defendió la operación durante el último pleno de la Asamblea. Aseguró que “todo se ha hecho conforme a la ley” y se escudó en que la subvención busca “atraer el talento y fomentar la innovación”. En respuesta a la interpelación de Lorenzo, Albert se limitó a decir: “Si tienen pruebas, vayan a los tribunales”.
Una “colaboración público-privada entre hermanos”
Más Madrid considera que no estamos ante una coincidencia. En palabras de su portavoz Manuela Bergerot: “La gente de Ayuso da lecciones de liberalismo por la mañana y se reparte subvenciones entre hermanos por la tarde”. Su formación sostiene que los implicados sabían con antelación que la Comunidad de Madrid participaría en el proyecto, lo que invalidaría cualquier apariencia de neutralidad o imparcialidad en la concesión de fondos públicos.
Desde Patio Campus se defienden asegurando que no tienen ánimo de lucro, que su presidente no recibe remuneración y que el proyecto fue impulsado por “ocho grandes corporaciones”. Alegan también que han captado 2,5 millones de euros de inversión privada en sus dos primeros años. No obstante, a preguntas de la prensa, la asociación no aclara si supo desde el inicio que iba a recibir financiación pública, ni si la ayuda fue ingresada antes de cumplir los requisitos legales.
En la denuncia, Más Madrid también destaca que el proyecto fue presentado por la propia Ayuso como “único en España e Hispanoamérica” y como un “referente mundial de innovación”, justo antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2023. El grupo parlamentario subraya el uso político de la subvención y denuncia la opacidad con la que se tramitó el convenio.
El precedente que retrata un modelo
Para Más Madrid, este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo del modelo de gestión del Ejecutivo autonómico. Un modelo que, según sus críticas, favorece a círculos cercanos al poder y prioriza intereses privados por encima del interés público.
La propia diputada Marta Lorenzo ironizó en el pleno de la Asamblea: “En Madrid es imposible encontrarte con tu ex, pero puedes encontrarte con dos hermanos repartiéndose fondos públicos gracias a una colaboración público-privada perfectamente sincronizada”. Más allá de la frase llamativa, la denuncia pide al Ministerio Fiscal que determine si los hechos son constitutivos de delito.
El Gobierno de Ayuso insiste en que el proceso fue legal y beneficioso para los ciudadanos, mientras que la oposición exige responsabilidades políticas y judiciales. El caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá decidir si abre una investigación formal.
Por ahora, lo único seguro es que una ayuda pública millonaria, concedida en tiempo récord a una asociación sin trayectoria previa y vinculada a la familia de un alto cargo, ha encendido todas las alarmas. Y ha dejado un reguero de dudas que, más allá de lo judicial, también plantea preguntas éticas y políticas de calado. ¿Puede una administración favorecer de forma tan evidente a los suyos sin consecuencias? ¿Qué controles reales existen sobre el uso del dinero público? ¿Quién vigila a quienes manejan los fondos de todos?
La respuesta, como siempre, está en las instituciones. Pero también, en una ciudadanía cada vez más atenta al modo en que se gestionan sus recursos.